lunes, 29 de junio de 2015

MATA A UNO Y LESIONA A OTRO EN CANANEA


Elementos de la Policía Estatal Investigadora se encuentran indagando para dar con un sujeto, el cual está plenamente identificado, y es señalado como responsable de haber atropellado a una persona, la cual perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió y de haber lesionado de gravedad, con un arma blanca a otra más.

Quien perdió la vida fue identificado como Jesús Flores Durán, de 64 años de edad; mientras que la persona lesionada responde al nombre de Manuel de Jesús Flores Vindiola, hijo del hoy occiso, el cual sufrió varias heridas producidas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, mismas que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en peligro la vida.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 17:05 horas del sábado en el ejido José María Morelos, San Pedro de Naco, donde las víctimas se encontraban en un festejo familiar.

Hasta dicho lugar llegó el presunto a bordo de un vehículo de la marca Ford, tipo pick up, línea Lobo, de color blanco, haciendo desmanes, por lo que el hoy fallecido salió del domicilio con el objetivo de dialogar con dicha persona, pero ésta lo atropelló.

Al ver lo sucedido Manuel Vindiola, hijo del hoy occiso, salió en persecución del presunto y lo ubicó en otro domicilio. Al descender de su vehículo fue agredido por otro sujeto con un bat, por lo que el hoy lesionado se desvaneció y fue en ese momento cuando la persona que atropelló a Jesús Flores lo hirió en varias ocasiones con una navaja, para posteriormente darse a la fuga.

Luego de los hechos las víctimas fueron trasladadas a un hospital de esta población, a donde Flores Durán llegó sin signos vitales.

De los hechos dio fe el Agente del Ministerio Público del Fuero Común quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley.

Asimismo, el representante social giró una orden de investigación a elementos de la PEI para dar con el responsable de estos hechos.


(DIARIO DEL YAQUI/ REDACCIÓN/29 DE JUNIO 2015)

"A MÍ (ADEMÁS) ME EXTORSIONARON"

Víctor Rolando, empresario de Sonora

El empresario Víctor Rolando tuvo que dejar el estado ante la persecución que llevó a cabo la Hacienda estatal; aseguró que logró documentarlo y presentar una denuncia.
  
El empresario Víctor Rolando Valenzuela no sólo fue obligado a pagar moches para recuperar parte del adeudo que el gobierno de Sonora tiene con él, también entregó dos millones de pesos a personas del primer círculo del gobernador Guillermo Padrés, para destrabar otro pago.

“A mí no sólo me pidieron moche, también me extorsionaron”, cuenta el empresario a El Financiero. “Todo esto logré documentarlo y presenté una denuncia penal en la Procuraduría del estado, pero la tienen en el sueño de los justos”.

Explica que la extorsión estuvo al cargo de Luis Erasmo Terán Blaguer, secretario técnico del Ejecutivo Estatal, y John Swanson Moreno, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, a quienes entregó casi dos millones de pesos.

Explicó que dichas personas le dijeron en reiteradas ocasiones que el efectivo era para “apoyo para la elección” de 2012 y que se los estaban pidiendo directamente altos funcionarios del “Palacio de Gobierno”.

Pero el dinero entregado le sirvió sólo para destrabar un pago por 655 mil 761 pesos que el gobierno tenía con su empresa, Avatia SA de CV, pues cuando intentó cobrar otra cuenta por 4 millones 35 mil pesos, no le pagaron.

Ello lo llevó a iniciar una manifestación frente a Palacio de Gobierno y de esta forma llamar la atención del gobernador Padrés para que se sensibilizara y se cubriera el pago por servicios pres-tados al gobierno durante varios años, entonces fue que lo mandaron con Mario Cuen Aranda, tesorero del gobierno.

“Él me informó que la única forma de pagar era por medio de descuento en línea de crédito y/o cadenas productivas en la financiera Cpetres SA de CV, SOFOM ENR ya que no podía pagarme mediante cheque del estado porque no tenía dinero”, detalla el empresario Valenzuela.

Como en muchos otros casos le explicaron que la financiera sólo cobraría un porcentaje del adeudo total por concepto del manejo la cobranza, acuerdo que se vio obligado aceptar. Fue así que luego de meses de estar “mendigando” el pago, el 3 de mayo de 2012, Cpetres le hizo una transferencia por 3 millones 770 mil 268 pesos.

“Eso fue un viernes y el lunes 6 de mayo el gobierno ya había pagado mi adeudo a esta financiera. ¿Cómo es posible, cómo se explica que a mí no me querían pagar y cuando firmo, rapidito le pagan a la financiera? Yo me pude esperar al lunes, pero no, en un fin de semana me robaron 265 mil pesos”, contó.


(DOSSIER POLITICO/ David Saúl Vela / El Financiero/ 2015-06-29)

GOBIERNO DE PADRÉS OBLIGA A EMPRESARIOS A DAR 'MOCHES' DE 30%


Son varias denuncias contra Padrés y su gobierno. Hace días se dio a conocer que en 2013 detectaron irregularidades por 2 mil millones de pesos.
   
Empresarios de Sonora denunciaron la existencia de una red de altos funcionarios del estado —que podría estar encabezada por el gobernador panista Guillermo Padrés— que se dedica al “cobro forzado de moches” de hasta 30 por ciento por cada uno de los contratos que firma el gobierno local con prestadores de servicios.

De acuerdo con la denuncia presentada en la PGR por Manuel Alejandro del Real, a la cabeza de esta red estaría, además de Padrés, el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, así como el tesorero Mario Cuen Aranda.

La denuncia precisa que dichas personas operan desde 2012 a través de Cpetres SA de CV, SOFOM ENR, con lo que ha generado quebrantos económicos a decenas de empresarios.

Según el expediente AP/PGR/SON/HER-VI/370/2015, el gobierno de Sonora comenzó deliberadamente a retrasar el pago a prestadores de servicios con el fin de desesperarlos y obligarlos a buscar a funcionarios estatales para destrabar sus pagos.

DETECTAN IRREGULARIDADES A PADRÉS POR MÁS DE 2 MMDP

En el caso Padrés “no habrá borrón y cuenta nueva”

Beltrones no tiene autoridad para hacerme señalamientos: Padrés

Dichos funcionarios planteaban panoramas oscuros y les sugerían ceder los derechos de la deuda a través del factoraje financiero que brinda Cpetres SA de CV, SOFOM ENR, una empresa que era representada legalmente por Ignacio Ongay Narváez y cuyo consejo de administración está integrado por Mario Alfonso Castillo Gallegos, Romualdo Benito Morales e Ignacio Ongay Narváez Oain.

La intermediación de Cpetres representaba para el empresario ceder hasta 30 por ciento de la deuda que el gobierno tenía con ellos. Según la denuncia, una vez que accedían la empresa financiera les pagaba de inmediato el 70 por ciento al prestador de servicios y el gobierno pagaba de inmediato a Cpetres el 100 por ciento del adeudo inicial.

“La Secretaría de Hacienda omite el pago a sus proveedores incurriendo en mora, orillándolos a realizar un proceso de factoraje con Cpetres SA de CV, SOFOM ENR, encargada de saciar la enorme necesidad económica de los citados proveedores y cobrando finamente las facturas cuando el estado, curiosamente, paga prácticamente de inmediato los citados adeudos, una vez que recaen en las arcas de la citada entidad financiera”, apunta la denuncia.

Detrás de esta financiera podría estar no sólo el gobernador Padrés, sino también su esposa Iveth Dagnino, y los secretarios particulares de ambos, dice la demanda.

Por ello, exigen la investigación de estas personas, así como del secretario de Hacienda local, el director de Finanzas o encargado de los pagos a proveedores del propio estado y demás funcionarios implicados en la gestión y pago de los adeudos con proveedores, de 2012 a la fecha.

La denuncia llegó hasta la PGR, pero a la fecha la dependencia no ha mostrado avances.

Testimonios recabados por El Financiero afirman que dicha empresa ya cerró sus puertas y en las oficinas que tenía, ubicadas en Doctor Paliza, número 73-A, colonia Isssteson Centenario, Hermosillo, Sonora, se instaló otra empresa denominada Profinomex.

En su página de internet ésta se identifica como una empresa creada en 2011 y dedicada a la asesoría y ayuda financiera a través de otorgamiento de créditos tanto personales como de vivienda.

Empresarios consultados dijeron que ésta suplió los trabajos de cobranza que realizaba Cpetres.


(DOSSIER POLITICO/ David Saúl Vela / El Financiero/ 2015-06-29)

BELTRONISMO QUIERE CONTROLAR UNISON: ROUNTREE

Con reforma a Ley 4 que propone Vernon…

El ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), dijo a Dossier Político que el diputado Vernon Pérez Rubio Arteé pretende tomar directamente a la Rectoría para el gobierno que viene, verdadero poder al que sirve, por la vía del control que tiene el sistema político de algunos colegios de profesionistas, a los cuales la propuesta Vernon les otorga 6 representaciones en la Junta Universitaria…
 
Hermosillo, Sonora (DP).- El maestro Jorge Rountree Cons y un grupo de académicos mostraron su rechazo a la propuesta del diputado Vernos Pérez Rubio, sobre la reforma a la Ley 4 en franca intención del beltronismo de controlar el presupuesto y la operatividad de la Universidad de Sonora que se pretende asignar al próximo Gobierno del Estado.

El ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), dijo a Dossier Político que el diputado Vernon Pérez Rubio Arteé pretende tomar directamente a la Rectoría para el gobierno que viene, verdadero poder al que sirve, por la vía del control que tiene el sistema político de algunos colegios de profesionistas, a los cuales la propuesta Vernon les otorga 6 representaciones en la Junta Universitaria.

“La propuesta que estamos promoviendo la hacemos por la profunda desconfianza que nos genera la manera de operar de los políticos profesionales del sistema, especialmente quienes desde el beltronismo aspiran a controlar absolutamente a la Universidad de Sonora, para entregarla a los intereses particulares”, externó.

El quid de la antidemocracia en la Universidad de Sonora, no es la Junta Universitaria, sino la ausencia de elección de Rector y Jefes de Departamento. Es decir, la propuesta Vernon quiere hacer creer que si elegimos en votación a la Junta, para que luego esta nombre rector eso es democratizar a la Unison.

“Democracia es una forma de regir a la Universidad, desde abajo, con el reconocimiento de la pluralidad y universalidad de ideas, y para el servicio público o del pueblo más desprotegido y vulnerable”, expuso Rountree Cons.

Por estas razones, planteamos que se requiere una Junta Universitaria como indica su denominación, de universitarios académicos, estudiantes y trabajadores administrativos. Elección democrática de Rector y Jefes de Departamento.

Pagos de cuotas según las posibilidades familiares. Reservar lugares de inscripción para los menos favorecidos en ingresos familiares.

Y, muy especialmente, control de sueldos al personal de confianza en cargos directivos, para evitar el crecimiento de pequeñas y medianas fortunas patrimoniales a partir de los cargos.

La Ley 4 de la Universidad de Sonora, es obsoleta, tiene que ser reformada para actualizarla, pero en cumplimiento del precepto constitucional que la orienta al interés público.

EL PUNTO DE ACUERDO

Quienes suscribimos, miembros del personal académico de la Universidad de Sonora; ante usted con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que VENIMOS por medio del presente escrito A PROMOVER EL PUNTO DE ACUERDO QUE A CONTINUACION SE DESGLOSA, con respecto de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica Número 4 que norma a la institución, solicitando desde este momento que el presente documento se remita, por su conducto, a la comisión correspondiente, así como a cada Diputado de la LX Legislatura.

JUSTIFICACIÓN

A 24 años de vigencia  la Ley 4, que rige la vida interna de la Universidad de Sonora, como toda Ley, requiere actualizarse y adecuarse a las necesidades de regulación de nuestra Alma mater, evitando así que su verdadero desarrollo sea contenido por su propio marco jurídico.

Resulta lastimoso que sus preceptos estructurales no pueden estos promover su dinámica académica modernizadora y que las excesivas facultades otorgadas a los órganos de gobierno unipersonales y la fácil manipulación de los órganos colegiados choquen frontalmente con su propia esencia de universalidad, fincada en la participación plural de una comunidad científica.

Es igualmente lastimoso el juego perverso que un reducido grupo de personas, mayoritariamente ajenas a nuestra propia universidad sean quienes nombren y reelijan al Rector, y este a su vez los nombre a ellos, lo cual genera a su vez la imposición en el resto de la estructura de gobierno; negación clara de la democracia y hecho evidente de la exclusión y marginación real de maestros, trabajadores y alumnos, quienes desarrollamos cotidianamente las actividades sustantivas de la Universidad.

Es por ello que debemos dejar atrás una ley que representa la antítesis de la democracia y la transparencia.  

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO:

EL H. CONGRESO DEL ESTADO NOMBRARÁ UNA COMISIÓN DE DIPUTADOS, QUE INCLUYA CONSULTAR A LOS ACADÉMICOS, ESTUDIANTES Y TRABAJADORES INTERESADOS, PARA ESTUDIAR Y PROPONER ENMENDAR O REFORMAR DIEZ ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 4 PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA,  VIGENTE:

DEROGAR EL ACTUAL PROCESO PARA NOMBRAR JUNTA UNIVERSITARIA, Y SUSTITUIRLO POR ELECCIÓN EN URNA DE REPRESENTANTES DE LOS SECTORES UNIVERSITARIOS: 5 ACADÉMICOS, 5 ADMINISTRATIVOS, Y 5 ALUMNOS. AL MOMENTO DE LA ELECCIÓN NINGÚN ASPIRANTE PODRÁ ESTAR OCUPANDO UN PUESTO DE CONFIANZA EN LA UNIVERSIDAD O EN EL GOBIERNO.  

DEROGAR LOS NOMBRAMIENTOS DE RECTOR Y JEFES DE DEPARTAMENTO:

QUE EL RECTOR SEA ELECTO EN URNA, PONDERADAMENTE A UN TERCIO POR SECTOR, POR TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA; QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO SEAN ELECTOS, PONDERADAMENTE A UN TERCIO, EN URNA POR LOS RESPECTIVOS ESTUDIANTES, MAESTROS Y TRABAJADORES. REFORMAR “ARRIBA” PARA ABATIR LA FORMACIÓN DE CASTAS ADMINISTRATIVAS; Y REFORMAR “ABAJO” PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN  DEL PENSAMIENTO PLURAL DE LOS UNIVERSITARIOS.  

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LA JUNTA UNIVERSITARIA ORGANIZARÁ Y DIRIGIRÁ LA ELECCIÓN, POR VOTACIÓN EN URNA, DE RECTOR.

CREACIÓN DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES QUE ANALICEN, PROYECTEN Y ACUERDEN SOBRE EL DESARROLLO DE SUS CARRERAS Y SUS PROBLEMAS, INTEGRADOS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO, 3
ACADÉMICOS, 3 ESTUDIANTES, Y 1 TRABAJADOR ADMINISTRATIVO. TODOS SERÁN ELECTOS POR VOTACIÓN EN URNA. ADEMÁS, EL CONSEJO DEPARTAMENTAL  ORGANIZARÁ LA ELECCIÓN EN URNA DE JEFE DE DEPARTAMENTO.

DEROGACIÓN DEL ACTUAL PAGO DE EXAMENES Y CUOTAS, PARA SER SUSTITUIDO POR UN SISTEMA DE APORTACIÓN SOLIDARIA QUE DEPENDERÍA DEL INGRESO FAMILIAR, CON EXCEPCIÓN DE  PAGOS PARA QUIENES TENGAN UN INGRESO IGUAL O MENOR A 4 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES.

PRIORIDAD DE 50% DE LOS LUGARES DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS CON INGRESO IGUAL O MENOR A 4 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES.     

SALARIO A JEFES, DIRECTORES, RECTOR, Y RESPECTIVOS PUESTOS DEPENDIENTES, IGUAL AL ESTABLECIDO EN EL NIVEL SUPERIOR AL DEVENGADO ANTES DE ASUMIR EL CARGO. EN CASO DE ESTAR EN EL NIVEL MÁS ALTO DEL TABULADOR, SE DEVENGARÁ UN ESTÍMULO IGUAL A LA DIFERENCIA ENTRE EL NIVEL PENÚLTIMO DEL TABULADOR Y EL NIVEL MÁS ALTO, Y EN NINGÚN CASO SE PODRÁ PERCIBIR UN SUELDO POR ARRIBA DE ESTE CRITERIO.

REAFIRMACIÓN O REVOCACIÓN DE MANDATO, POR DECISIÓN EN URNA, A MITAD DEL PERÍODO DEL CARGO DE RECTOR, DIRECTOR, Y JEFE.
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFPORMACIÓN UNIVERSITARIA, CONFORMADA POR INSACULACIÓN DE DIEZ MIEMBROS ELECTOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL.   

CADA SINDICATO TENDRÁ UN REPRESENTANTE EN EL COLEGIO ACADÉMICO, EL CONSEJO ACADÉMICO, CONSEJOS DIVISIONALES Y CONSEJO DEPARTAMENTAL.

La Universidad de Sonora requiere, para su desarrollo equilibrado, formas orgánicas y procedimientos de relación que disminuyan el autoritarismo unipersonal, acrecienten el pluralismo y la Democracia institucional, concluyen los académicos de la Universidad de Sonora.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2015-06-28)

DESABASTO DE MEDICINAS Y MAL SERVICIO EN EL IMSS


Las carencias del Seguro Social las padecen sus derechohabientes, a quienes se priva de atención médica oportuna y el surtido completo de recetas. Son los pacientes diabéticos e hipertensos, quienes en conjunto conforman alrededor del 60 por ciento del padrón de asegurados del Instituto en Baja California y regularmente enfrentan el desabasto de medicamentos que las autoridades de la delegación califican como "un pequeño problema”

Victoria Alcántar Franco se fracturó hace cuatro años, afectación que los doctores que la atendieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diagnosticaron como un simple esguince, sin mediar para ello estudios que lo corroboraran.

Fue hasta hace seis meses, al no lograr sostenerse en pie, cuando la canalizaron con especialistas de la Clínica Número 20 y le practicaron los estudios, concluyendo que su padecimiento es osteomielitis en grado avanzado, el cual derivó de la falta de cuidados y tratamiento oportuno.

Victoria ya fue intervenida quirúrgicamente, le programan nuevas cirugías; aun así, no le garantiza que pueda volver a caminar.

Este caso de negligencia médica no es el único, por el contrario, es una constante en el servicio de medicina general que ofrece el Instituto a sus derechohabientes, que en la delegación de Baja California suman poco más de 2.5 millones.

Y aunque el servicio de especialidades que se ofrece en la Clínica 20 asentada en Tijuana es calificado como bueno, las posibilidades que tienen los asegurados de ser canalizados a éste son mínimos.

En un recorrido efectuado por ZETA a las distintas clínicas y hospitales del IMSS, los afiliados reprobaron particularmente el servicio médico y administrativo que ofrece la Clínica 27; quejas que Yamil Valenzuela Velarde, jefe de Servicios Administrativos de la delegación, dijo desconocer.

En contraparte, ponderó el 98.76 por ciento de abasto en medicamentos que se tiene en la región, y calificó el porcentaje de desabasto como “un pequeño problema”, el cual atribuyó al incumplimiento de los laboratorios contratados como proveedores desde las oficinas centrales del Instituto.

Reconoció que ese desabasto afecta a los pacientes con hipertensión, padecimiento que aqueja a cuando menos el 30% de los afiliados, mientras que en el caso de las personas con diabetes, la insulina Glargina, que tradicionalmente se incluye en los tratamientos médicos, no siempre está disponible en el stock de las farmacias de las clínicas y hospitales del IMSS, entidad que no subroga medicamentos, por lo que la medicina faltante, los enfermos deben adquirirla por cuenta propia.

SIN ATENCIÓN, SIN MEDICAMENTO

De acuerdo con las propias estadísticas del IMSS, la diabetes es la primera causa de muerte que registra, padecimiento que, al igual que la hipertensión, genera la principal demanda de consulta en medicina familiar y de especialidades.

Hipertensión y diabetes generan los principales ingresos hospitalarios, de ahí que su control y adecuado tratamiento sea de suma importancia para evitar futuras complicaciones en la población que las padece.

Yamil Valenzuela Velarde anotó que el desabasto de medicamentos que se enfrenta en la región, solo afecta a los pacientes hipertensos, y que en el caso de los diabéticos, si no se cuenta con la insulina tradicional, les es suministrada otra de tipo terapéutica, de la cual no precisó nombre.

Pero no en todos los nosocomios es así, tal es el caso de la Clínica 27, en la cual el fármaco sustituto se almacena en el área administrativa, sin surtir de ningún tipo de insulina a la farmacia, por lo que ésta no llega a manos de los pacientes.

Así lo enfrentó Raúl González, de 42 años, quien luego de cuatro meses de vueltas infructuosas para que le surtieran la receta, logró que el médico familiar la cambiara con medicina que sí se le pudiera surtir, pero en la farmacia le negaron el medicamento “por no llevar un informe del doctor que justiciara el cambio, pero finalmente me dijeron que ni de la nueva presentación de insulina tenían”; acudió al área administrativa del hospital, la cual, tras recibir la queja, le surtió directamente el medicamento.

Desde hace un año Raúl porta un catéter, pues padece insuficiencia renal, por ello sigue un tratamiento a base de Electroproyectina, un recuperador sanguíneo que no siempre tienen en existencia en el Instituto y, al no serle subrogado, debe comprarlo a un costo de mil 500 pesos por unidad.

MALA CALIDAD EN EL SERVICIO

Meses atrás, la salud de David Rogelio Mata, de 21 años, comenzó a menguar. Acudió a consulta familiar en la Clínica 27 del IMSS, donde le diagnosticaron infección en la garganta; le suministraron antibióticos, pero no se recuperó.

Hace un mes tuvo una crisis, por lo que su familia lo llevó a la sala de urgencias de ese nosocomio, donde le continuaron dando el mismo tratamiento para infección, negándose a internarlo, a pesar que el joven llevaba días sin probar alimento y no podía sostenerse en pie.

Don Tomás, un obrero jubilado y padre de Rogelio, optó por internarlo en una clínica particular, donde lo estabilizaron a cambio de un pago de 10 mil pesos. Los estudios que le realizaron en el hospital privado, Rogelio los llevó a su médico familiar del IMSS, por lo que actualmente recibe tratamiento contra la tuberculosis.

EL DESABASTO EN ENSENADA

A la redacción de ZETA llegó la queja de un derechohabiente de la Clínica 8 del IMSS, ubicada en Ensenada.

Se trata de Guillermo Domingo Salazar, de casi 88 años de edad, él tiene un padecimiento cardiaco y, desde el 4 de mayo, hasta la fecha, no le es suministrada la Digoxina, medicamento base de su tratamiento.

Otro caso. Un mes sí y al otro no, Servando Cárdenas enfrenta el desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La presión alta, padecimiento que le fue diagnosticado desde hace siete años, el IMSS se lo controla con tabletas de 5 miligramos de Amlodipino, que al Instituto le es provisto por AMSA Laboratorios, una empresa de medicamentos genéricos.

Pero el remedio para sus males no le es proporcionado con regularidad a Don Servando, quien debe esperar hasta un mes para que la receta le sea surtida, demora que no le es compensada con mayor cantidad de tabletas.

Si se es derechohabiente del IMSS, de una cosa puede estar seguro: o se adquiere parte del tratamiento médico por cuenta propia, o se debe armar de paciencia y esperar hasta que en la farmacia se cubra el déficit, aunque ello sea en menoscabo de la salud. La fórmula no falla.

LOS NÚMEROS DEL IMSS

La delegación del IMSS en Baja California, atiende a poco más de 2.5 millones de derechohabientes, cifra que se ha mantenido en los últimos dos años.

Al mes, el Instituto brinda un promedio de 500 mil consultas, “atendiéndose principalmente enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión y diabetes”, anotó el jefe de Servicios Administrativos, Yamil Valenzuela Velarde.

La delegación regional cuenta en su nómina a 13 mil trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal administrativo.

Por disposición del Gobierno Federal, este año el Instituto no incrementará su presupuesto en la delegación Baja California, la cual tendrá que manejarse con una cantidad similar a la proporcionada en 2014, la cual asciende a mil 113 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Servicios generales en clínicas y hospitales, 814 millones 790 mil pesos; subrogación de servicios integrales, 289 millones 152 mil pesos; medicamentos y material de curación, 9 millones 368 mil pesos.

CENTRALISMO Y DESABASTO EN MEDICAMENTOS

En su presupuesto, el IMSS no prevé la subrogación de las medicinas, con todo y que enfrenta “un porcentaje mínimo de desabasto”, el cual se sitúa oficialmente por
debajo del 2%.

Las oficinas centrales del Instituto son las que manejan las adquisiciones de medicamentos, material de curación, radiológicos y de laboratorios, mediante licitaciones.

Pero el IMSS no está cumpliendo con el importe de pago solicitado por los proveedores, de ahí que sus requerimientos no le sean atendidos en tiempo y forma, generando desabasto en material y medicamento de más de un 80%, en casos como el de Servicios Empresariales de Distribución Médica o Kedan de México, empresas que suministran equipos de curación.

En fármacos, laboratorios como Gamma, Silanes, Maypo, Valdecasas, Ragar y Compharma, entre otros, enfrentan porcentajes de incumplimiento de pago que fluctúa entre un 20 y un 50%.

A la delegación regional solo se le informa que “no hay proveedor nacional”, por ello, sin recurso propio para adquirir medicina, el suministro es limitado a la existencia disponible.

Lo que sí subroga el Instituto son los servicios de alta especialidad, nueve en total, todos relacionados con diálisis, hemodiálisis y cirugía cardiovascular, precisó Valenzuela Velarde.

SIN PROYECTO DE CRECIMIENTO

Para atender a los 2.5 millones de derechohabientes, en la delegación Baja California el Instituto dispone de una infraestructura de 39 unidades médicas, en las que se cuentan ocho hospitales.

Y, al menos en 2015, no prevé crecer en cuanto a infraestructura. Aunque existe un proyecto de edificar una clínica en Ensenada o Rosarito, actualmente no se cuenta con un terreno propio para ello, por lo que ni en el corto o mediano plazo se podrá concretar.

Sin un predio, “no se puede solicitar a nivel central, el recurso para invertir en el proyecto”, indicó Yamil Valenzuela.

Con todo ello, el funcionario aseguró que, en el caso de la delegación Baja California, el IMSS sí brinda la cobertura que demandan los derechohabientes.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ISABEL MERCADO JUAREZ /   29 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 00:00:22)

FUNCIONARIOS COMISIONISTAS


No es nuevo, pero resulta indignante y molesto que ninguna autoridad haga algo por evitarlo. Los panistas corruptos -porque esta forma de transar llegó a este Estado norteño con algunos albiazules de dudosa moralidad- aprendieron rápido en los gobiernos  bajacalifornianos: cuando meten a sus bolsillos recursos del erario, no lo sustraen tan descaradamente, como lo hacían sus predecesores priistas.

Como ejemplos de estas estrategias más elaboradas para abusar del poder, vale recordar aquel fideicomiso que se inventaron integrantes del gabinete del Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Héctor Osuna para auto-liquidarse al final del trienio; o las facturas falsas entregadas por los miembros del también Cabildo tijuanense dirigido por el ex alcalde Jesús González Reyes, para justificar el gasto de recursos etiquetados para gastos social, que generosa y oportunamente se auto-aprobaron al término de su gestión. Y los casos sin investigar adecuadamente de adjudicaciones directas, en el caso de placas y licencias, por parte del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, quien incluso ha establecido convenios con empresas de reciente creación y fuera del Estado.

Sin embargo, el verdadero negocio está en la asignación de contratos, el camino más común de esta subclase de servidor público para embolsarse millones sin trabajar, es la “comisión”.

Para los propietarios de empresas constructoras del Estado, es el pan diario: si quieren ganar convenios y licitaciones, deben acordar que entregarán un porcentaje de lo que pague el gobierno.

Los funcionarios vivales han existido en todas las administraciones y los porcentajes de comisión varían, en el gobierno de Francisco Vega, según informaron proveedores afectados, es del 15 por ciento para el público en general, y del 10% para los amigos.
Lo que significa que si el anuncio de inversión en infraestructura para 2015 en Baja California fue de 6 mil 408 millones de pesos, de los cuales el Estado aplicaría 2 mil 262 millones de pesos, y considerando la comisión más baja del 10%, algún grupo de malos funcionarios podría llegar a embolsarse 226 millones de pesos.

Luego el constructor recupera la pérdida y lo hace castigando la obra, entregando un trabajo de mala calidad o incompleto, o inflando los costos.

Parte del problema es, como comentó el abogado fiscalista, doctor Adolfo  Solís Farías, la corrupción muta más rápido que la Ley, y esta gente, hace de la Ley el vehículo para burlar el acto ilícito.

Preguntando respecto a las alternativas, para que funcionarios corruptos dejen de enriquecerse abusando del  presupuesto, los fiscalistas hablaron de auditorías.

Solís refirió dos puntos: uno, la necesidad que las adjudicaciones de obra tengan debidamente desglosado por partida los conceptos que se van a desarrollar  para que se pueda muestrear;  y segundo, meter un auditor, autónomo, con capacidad técnica y tecnológica que pueda supervisar los procesos y las calidades de la construcción, no solo el análisis contable. “No tenemos que modificar la Ley, debemos aplicarla”.

Jorge Alberto Picket Corona refirió que las autoridades fiscales también podrían aplicarse y realizar auditoria a estos funcionarios sospechosos, y revisar si se da la figura de “discrepancia fiscal”, que sus gastos sean mayores a sus ingresos lícitos declarados, como el mafioso Al Capone, para asegurarse que no estén cometiendo los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Además, vio una posibilidad de esperanza en la reforma constitucional que en mayo de 2015 creó la Comisión Anticorrupción, proyecto  sistémico que en teoría, evitará actos como la mentada “comisión”.

Consultadas fuentes del Senado, recordaron que los plazos indican que en menos de un año se reformarán la Ley de Obra Pública, la de Responsabilidades de los Funcionarios y la de Adquisiciones; también se crearán por lo menos otras dos, la Ley Anti-corrupción y una para coordinar todas las leyes relacionadas.

Pero son de 20 a 25 instrumentos legales que se deben reformar y, después de eso, los Estados tendrán otros 180 días para adecuar las legislaciones locales. Mientras, toca esperar para ver si las legislaciones secundarias de verdad son redactadas para combatir la corrupción mexicana.

Por lo pronto, desde el Congreso de la Unión, aseguraron que también en este tipo de actos existe la denuncia anónima, incluso, dijeron que sí esas situaciones se reportaban en la prensa, las contralorías estatales y  Secretaría de la Función Pública estaban obligadas a investigar de oficio, y de no hacerlo, se les podría acusar de complicidad, por omisión.

¿Cuándo se ha visto que algo así suceda en este país? Nunca, lo que significa que va siendo hora de probar, lo peor que puede pasar es que sigamos igual.


(SEMANARIO ZETA/ COLUMNA PARA EMPEZAR/ Rosario Mosso Castro /   22 de Junio del 2015 a las 12:00:36)

CONTROLADO INCENDIO EN LA SIERRA DE JUÁREZ


El incendio en la Sierra de Juárez está controlado en un 85 por ciento y el saldo es de 25 mil hectáreas quemadas, de las cuales 22 mil 250 corresponden a chaparral, 2 mil 500 a pastizales y 250 de arbolado adulto, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Para evitar que reviva el fuego, 384 elementos de la comisión, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bomberos de Tijuana y Ensenada, así como Protección Civil del Gobierno del Estado trabajan en la zona.

El incendio forestal inició el sábado 20 de junio en el predio conocido como el Mazateco, en las inmediaciones de la comunidad indígena La Huerta y se extendió hasta al área de amortiguamiento del Parque Nacional de 1957.

Durante el operativo, la Gerencia Nacional de Protección Contra Incendios Forestales  de Conafor,  movilizó 60 combatientes de Durango y especialistas en manejo de fuego e incidentes provenientes de  Oficinas Centrales en Hermosillo Sonora, informó Sergio Avitia, gerente regional.
 
Sobre las causas que dificultaron el abatimiento del incendio, el funcionario federal explicó que había presencia de fuertes vientos con rachas de hasta 35 y 40 kilómetros por hora, poca humedad relativa  en el ambiente, altas temperaturas de hasta 36 grados centígrados  y exceso de combustible forestal.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/LORENA LAMAS /   28 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 19:51:40)