lunes, 4 de mayo de 2015

IMPUNIDAD, PRINCIPAL ENEMIGO DEL PERIODISMO

La impunidad que prevalece en casos de periodistas desaparecidos y asesinados en México, es el principal enemigo para ejercer esa profesión en el país, considerada por organizaciones internacionales de “alto riesgo”, dijeron periodistas y defensores de los derechos humanos, durante una reunión previa al Día Mundial de la Libertad de Expresión, a celebrarse el próximo 3 de mayo.

Casos como el de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido el 2 de abril de 2005, en Hermosillo, Sonora, y el de Regina Martínez, asesinada en Veracruz el 28 de abril de 2012, fueron expuestos como casos de impunidad, que continúan lamentando amigos y familiares de los periodistas.

“El caso de Regina sigue abierto, y hemos estado presente para que se haga justicia, pero la realidad es que hemos recibido amenazas y ello nos ha obligado a dejar un poco la investigación en manos de las autoridades”, explicó Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso.

Axel García, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que las amenazas han sido el principal bozal que reciben los periodistas cuando tratan de exigir justicia en torno al asesinato de un colega, y ello los obliga a detenerse un poco en su lucha.

“Es lamentable eso pero es real, pero lo que siento que más lacera la práctica del periodismo es la impunidad. Porque si hubiera castigo para los responsables, otra sería la situación”, sostuvo el activista.

De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la PGR, del año 2000 a la fecha, 103 periodistas han sido asesinados en México, mientras que otros 25 periodistas continúan en calidad de desaparecidos, entre ellos Jiménez Mota.


ALFREDO JIMÉNEZ.

Los estados con más periodistas asesinados son Chihuahua y Veracruz, con 16 reporteros asesinados, mientras que en Sinaloa la cifra es de 7 periodistas muertos, y según reveló el grupo Artículo 19, un organismo que defiende la libertad de expresión en el mundo, ninguno de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en México han sido resueltos ni por las autoridades del estado, ni por las fiscalías designadas por la PGR.

Esta situación, reveló Artículo 19, convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, debido a las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado, y por parte de las autoridades.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN LIMITADA

De acuerdo con Jesús Robles Maloof, ciberactivista y defensor de los derechos humanos en México, la libertad de expresión en el país ha llegado a una etapa en donde ya no sólo se limita a amenazas, o atentados contra periodistas o blogueros, sino que el gobierno mexicano ha contratado a empresas internacionales que controlan buscadores como Google y Yahoo, para que todo lo negativo en contra de Enrique Peña Nieto, sea de las últimas opciones, y lo positivo aparezca primero.


AMENAZAS. Como respuesta a periodistas que tratan de exigir justicia por el asesinato de un colega.
“Cuando Alfonso Cuarón ganó el Oscar por su película Gravity, aprovechó para criticar a Peña Nieto, pero cuando escribías en los buscadores Cuarón-Peña Nieto, las críticas aparecían hasta la opción 700”, observó el ciberactivista.

Agregó: Y para ello México necesita gastar millones y millones de dólares, para que todo comentario negativo en contra de Peña Nieto se hunda entre las últimas opciones en los buscadores, lo cual convierte a este país entre las naciones que más dinero gastan para mantener una imagen positiva, y eliminar comentarios en contra, lo cual atenta contra la libertad de expresión.

Lo festejos por el día de la libertad de expresión continuarán esta semana en la ciudad de México.


(RIODOCE/Miguel Ángel Vega/ 3 mayo, 2015)

ATENTADO CONTRA ALCALDE Y ASESINATO DE ACTIVISTAS, VINCULADOS POR DERECHOS HUMANOS


Organizaciones civiles, de activistas y defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vincularon el atentado contra el alcalde de Choix con amenazas, asesinato y hostigamiento que han sufrido dirigentes de los desplazados en ese municipio y Salvador Alvarado.

El organismo internacional resolvió el lunes 28 de abril pedir al Estado mexicano que proteja a dos mujeres activistas, defensoras de los derechos humanos y líderes de las familias desplazadas en estos municipios sinaloenses, identificadas como Esperanza Hernández Lugo, con domicilio en Guamúchil, y Nayeli González.

Esta es la primera vez que la comisión interamericana interviene en un caso de desplazamiento por violencia en el país, de acuerdo con organismos de derechos humanos mexicanos.

Ambas —Esperanza y Nayeli— fueron protegidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH) y sacadas de esta entidad. Actualmente se encuentran en un lugar seguro, pero la CIDH y organismos de México y Estados Unidos —entre ellos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Refugees International—, piden a los gobiernos federal y estatal garanticen la seguridad de ambas.

Para estos organismos, hay un hilo de violencia que relaciona al menos cuatro hechos entre sí y que coloca a los desplazados y a sus representantes o dirigentes en un ambiente de grave riesgo: la elaboración de un padrón de desplazados en Sinaloa y la decisión de muchas de estas familias de interponer una denuncia por despojo de tierras, el atentado contra el alcalde de Choix, Juan Raúl Acosta Salas, el asesinato de Roberto Rábago —uno de los desplazados que acudió a las reuniones con otras víctimas y activistas nacionales—, y la amenaza de muerte contra Hernández Lugo.

El atentado contra el edil fue el 6 de marzo de 2015 –cuando éste se dirigía con su esposa y miembros de su comitiva a Mochicahui, El Fuerte— y un día después, el 7, Esperanza Hernández recibió un mensaje en su teléfono celular, advirtiéndole que si no se iba de Guamúchil sería asesinada. El asesinato de Felipe Rábago fue el 11 de marzo, en Juan José Ríos, municipio de Guasave, en un atentado donde su esposa, Nayeli, resultó gravemente herida.

El alcalde —quien ha dado recursos para que los desplazados paguen las rentas de sus viviendas, despensas y otros apoyos— fue recientemente dado de alta pero él y seis integrantes de su gabinete fueron heridos y hospitalizados en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha informado que tres hombres y una mujer fueron detenidos por este atentado; los presuntos homicidas señalaron que les pagaron por asesinar al presidente municipal, pero se desconoce el móvil y quién ordenó y pagó por ultimarlo.

Ahora, tanto Esperanza Hernández Lugo como Nayeli González, quien acompañaba a su esposo Roberto Rábago cuando fueron agredidos a balazos—, sufren un doble desplazamiento: cuando fueron obligados a punta de pistola a dejar sus viviendas, en las zonas alteñas de la Sierra Madre Occidental, y ahora que tuvieron que dejar Sinaloa luego de los nuevos actos violentos.

“La CIDH observa que el contexto y antecedentes relatados por los solicitantes tendrían como hilo conductor una serie de recientes hechos de violencia que habrían ocurrido, en general, contra personas que han ejercicio un rol protagónico en defensa de los derechos de las comunidades”, advierte.

Entre estos hechos, agregó, se encuentran la denuncia ante autoridades estatales sobre la violencia y los desplazamientos de la zona serrana a la ciudad, y la falta de respuesta de parte del gobierno, el atentado contra el alcalde de Choix —quien habría sido la única autoridad que ha apoyado las peticiones de los desplazados por la violencia—, las amenazas de muerte y hostigamiento contra dirigentes de las víctimas, el atentado sufrido el 10 de marzo por la familia Rábago —días después de reunirse con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas—, y la publicación en redes sociales de una foto de una de las defensoras con hombres armados que integran un grupo delictivo, vestidos de militares. A esto se agrega un mensaje de texto que llegó a uno de los parientes de Hernández Lugo, en el que le advierten, días después del asesinato del señor Rábago, que debe salirse de Guamúchil o de lo contrario será asesinada.

“La intensidad de los hechos alegados y las llamadas directas a los domicilios de las defensoras sugieren que sus familiares podrían compartir los mismos factores de riesgo”, señala en su documento el organismo.

Sobre las 421 personas desplazadas en Choix, el organismo internacional “toma nota” sobre los hechos ocurridos desde septiembre de 2011 y la supuesta falta de efectividad del gobierno estatal para atender la situación de violencia en la zona serrana.

“La CIDH considera como beneficiarias de las presentes medidas cautelares a las defensoras E y K (así las identifica), así como a sus familiares, quienes se encuentran plenamente identificados en los documentos aportados por los solicitantes y ascenderían a 10 personas”.

Por lo que pide al gobierno de México adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las defensoras y sus familiares, garantice que ambas puedan desarrollar sus actividades como tales, sin ser objeto de violencia y hostigamiento, e informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a esta medida cautelar y evitar que ésta se repita.

Además, pide al gobierno informe en 10 días sobre las medidas aplicadas y actualizar estos reportes periódicamente.

ANTECEDENTES

Igual que Esperanza Hernández Lugo, en 12 de los 18 municipios, alrededor de 30 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades a partir de 2011, debido a los ataques, amenazas y homicidios perpetrados por grupos armados del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. En medio de las pugnas quedaron muchos ciudadanos y sus familias.

Esperanza Hernández tuvo que dejar su casa y todas sus pertenencias en la comunidad de Ocurahui, municipio de Sinaloa. De este poblado y de San José de los Hornos, unas 2 mil 400 personas tuvieron que salirse de sus viviendas y caminar durante días y noches en busca de refugio. Algunas de ellas permanecieron momentáneamente en Surutato, municipio de Badiraguato, y luego migraron a Culiacán, Navolato y Guamúchil, en Salvador Alvarado.

Se emplearon de pepenadores, en el basurón ubicado en el norte de la ciudad capital, o bien como jornaleros agrícolas. Permanecen en el desempleo o contratados temporalmente, en casas prestadas o de renta, pero igualmente en la miseria.

En Guamúchil, donde se ubicaron cientos de familias desplazadas, Esperanza pidió a los gobiernos municipal, federal y estatal apoyos para empleos y viviendas, así como servicios públicos y alimentación. Lo hizo una y otra vez, y hasta acudió con el gobernador Mario López Valdez, quien la recibió en Culiacán, sin obtener respuesta.

“No lo sentí en ningún momento interesado ni sensible a la situación que le expuse, a nuestros padecimientos. Al final, lo único que me dijo es que no me prometía nada, que iba a ver qué podía hacer. Y eso fue todo”, dijo ella, luego de haber salido de ese encuentro con el mandatario, en octubre de 2013.

DE OCURAHUI A WASHINGTON

Información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, uno de los pocos organismos que en el país se ha preocupado por el tema de los desplazados ante hechos violentos, hay a nivel nacional por lo menos 280 mil desplazados.

Entre los estados con mayor incidencia de este fenómeno, provocado por operativos gubernamentales o grupos armados ligados o no al narcotráfico, están Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En total, en 14 de los 32 estados se tiene este problema.

Por eso Esperanza acudió a Guamúchil, ante las amenazas y esos cerca de 30 asesinatos que se tuvieron en la región de Ocurahui, San José de los Hornos. Fue a Culiacán, pero también a Surutato. Luego acudió a la Ciudad de México, primero para exponer su problema ante esta comisión —durante la presentación de un libro sobre el tema, el año pasado—, y luego en busca de refugio. Dos veces desplazada.

Habló ante organismos ciudadanos del país y también con directivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No fue suficiente. Apoyada por varias de estas organizaciones que ahora exigen al gobierno su protección y la de otra activista desplazada, acudió a Washington para hablar sobre su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante los últimos días de abril.

En febrero, un equipo de defensores y activistas de organismos nacionales realizaron tres reuniones en Sinaloa con desplazados: dos de ellos en Guamúchil —uno con los habitantes de esa ciudad y otro con los de Choix—, y uno más en Culiacán. En el encuentro con choicences, varios asistentes advirtieron sobre la presencia de un hombre conocido por muchos y supuesto integrante de grupos delictivos de la región norte. El hombre, a quien no se identificó, iba en calidad de infiltrado.

Los activistas tenían como objetivo elaborar un padrón de desplazados y que éstos interpusieran una denuncia por despojo de tierras. Fueron Rábago y su esposa quienes se opusieron, por temor, a firmar la denuncia. Días después fueron atacados a balazos.

“Esta situación fue como detonante. Los incidentes se tuvieron dos semanas después: el presidente sufrió un atentado y parece que todo esto se está ligando al tema de la convocatoria que se hizo, a la reunión de los familias”, sostuvo una fuente cercana a los representantes de organismos nacionales que acudieron a Guamúchil.

En esos días, un funcionario de la Comisión de Asuntos Indígenas del gobierno estatal estuvo preguntando a los asistentes por los nombres de los desplazados que firmaron y los datos de los activistas de organismos que acudieron de otras partes del país.

“Nosotros lo tenemos documentado todo esto, a raíz de esto les pedimos a las dos que se salieron inmediatamente para valorar y hacer un análisis de riesgo, y de entrada salvar la vida. Fueron sacadas de Sinaloa desde entonces y siguen fuera de la ciudad las dos, o sea que son desplazadas por segunda ocasión”, dijo la fuente, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

Ahora Esperanza no puede regresar. Sigue protegida, guarecida, en espera de garantías para volver… por lo menos a Guamúchil, si no hay condiciones para regresar a su casa, Ocurahui.


(RIODOCE/ REDACCION/3 mayo, 2015)

SUSPENDE PRESA SANTA MARÍA: POR VIOLACIONES A LEYES AMBIENTALES, SEGÚN PROFEPA


A tres meses de iniciado su gobierno, Mario López Valdez aseguró ante los rosarenses que la obra de la presa Santa María se construiría a como diera lugar, pero fue suspendida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la tala de árboles e incumplimiento en el cambio de uso de suelo.

El procedimiento fue producto de una denuncia ciudadana en el sentido de que una brecha que ya existía fue ampliada y al hacerlo se afectó vegetación, coincidieron en declarar el alcalde Arturo Flores y el coordinador de la Unidad de Inversiones, José Luis López Montiel.

Cuestionado sobre si está enterado de la suspensión de la obra, Jorge Abel López Sánchez, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se negó a dar declaraciones, bajo el argumento de que es competencia de la Profepa y que aún no contaba con la información.

Se buscó en su oficina la declaración de Patricia Inzunza, delegada de Profepa, pero tampoco respondió.

Personal adscrito a la Coordinación Zona Sur con sede en Mazatlán, confirmó que la delegada atendió personalmente el caso del que ellos fueron excluídos, entre la última semana de febrero y la primera de marzo, al llegar a bordo de un helicóptero al sitio donde había movimiento por parte de la constructora ICA.

Las autoridades estatales mantienen bajo resguardo el documento que suspende la obra, y la multa a la que se hizo acreedor por la tala de árboles, que asciende a 120 mil pesos, y que restringía la conclusión del trámite de cambio de uso de suelo.

El alcalde de El Rosario confirmó que el 27 de abril, personal de la Unidad de Inversión estatal informó que ya se había solventado el asunto.

—¿Conoce cual es el estatus en este momento de la construcción, si sigue suspendida por parte de Profepa o ya la liberaron?

—Tengo entendido que ya está liberada…

—¿Desde cuándo?

—Pues el asunto de la brecha que abrieron… ayer (27 de abril) creo que hicieron los pagos a la Profepa, desconozco si haya algún otro trámite ante Semarnat o Profepa que esté pendiente, eso sí lo desconozco.

El primer edil sostuvo que la presa es una realidad, y que se trata de cuestiones burocráticas y administrativas que deben ser solventadas, como cualquier obra grande.

Respecto a los caminos de acceso, dijo, existe un avance de más del 90 por ciento.

ENREDADA LA UNIDAD DE INVERSIÓN

José Luis López Montiel, coordinador de la Unidad de Inversión estatal, declaró que para dar acceso a la maquinaria, se tuvo que ampliar la brecha.

“No se lo voy a esconder, el Gobierno del Estado tomó la decisión de ampliar la brecha y efectivamente eso, en una visita de Semarnat y Profepa, en cumplimiento de su deber, hicieron la observación de que no se había otorgado el uso de suelo, y que se había hecho un desmonte”, expuso.

La Profepa instauró el procedimiento, mismo que ya llegó a su culminación, sostuvo.

“El gobierno del estado, le confirmo, sí fue sancionado con 120 mil pesos por eso, ya se pagó esa multa y ya quedó todo resuelto para que a la brevedad posible ya pueda ser otorgado ese cambio de uso de suelo y ya se inicien los trabajos de la presa”, confirmó.

López Montiel, quien además es secretario de la Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gobierno que se formó a partir de la firma del convenio entre la federación y el estado para acordar compromisos y su cumplimiento, descartó la versión de que la constructora ICA esté preparando una demanda en contra del estado por incumplimiento.

Extraoficialmente trascendió, ante la suspensión de la obra, que personal de la empresa trabajaba en un inventario de maquinaria y personal, para determinar el monto de las pérdidas por tener parada la obra.

López Montiel desestimó esta situación, al indicar que este tipo de empresas están preparadas para ese tipo de contratiempos.

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—¿Ahorita ya está activa la obra, en estos momentos?

—Yo creo que la semana entrante ya se reinicia

—¿Cuánto tiempo duró suspendida?

—Mire… no propiamente suspendida, porque se estaban haciendo algunas otras actividades inherentes a la presa y al propio contrato, pero en cuanto al uso de la maquinara, sí hubo un lapso que quedó sin participación, pero es un problema ya solventado.

—¿Tiene en este momento el cambio de uso de suelo?

—Había el impedimento por parte de la Profepa, pero una vez que ya se solventó esto, estamos esperando que la semana entrante… obtener el resolutivo de Semarnat, del cambio de uso de suelo y entonces se solventaron todos los problemas.

—¿Cuándo tiene gobierno del estado el cambio de uso de suelo?

—Probablemente la semana entrante, muy probable.

Se trata de un procedimiento para mil 200 hectáreas, explicó, que abarca toda la superficie que será inundable, es un trámite que está prácticamente culminando “y otras actividades que tienen que ver con la presa, ya se van a poder reanudar”.

LOS TRÁMITES

El alcalde de El Rosario, Arturo Flores Guzmán, expuso que desde principios del 2015, el Ayuntamiento dio su visto bueno para ese trámite, pero desconoce si el estado lo concluyó ante las instancias federales.

El ánimo y disposición del gobernador e integrantes de la mesa negociadora está en los mejores términos, expuso, y se está cumpliendo en programas como apoyo a jefas de familia, pero sí hay inquietud por el inicio de la obra.

En la reunión celebrada el 21 de abril en Culiacán, a la que asistió el alcalde y personal de Obras Públicas y de la Unidad de Inversión, los comuneros manifestaron su inquietud por la reubicación y porque buscan ser los primeros en obtener un empleo en la obra.

HASTA 2016 LA REUBICACIÓN

López Montiel es, ante los ojos de los comuneros, el negociador del gobierno estatal, y fue quien recibió el espaldarazo el pasado 20 de marzo, fecha en la que se dio el “banderazo” oficial de arranque.

“Les garantizo como gobernador del estado que la palabra empeñada de José Luis López, que es uno de mis funcionarios más capaces, estará respaldada por el gobernador del estado y habremos de cumplir en estricta justicia todo a lo que tengan derecho los comuneros de Santa María. No venimos a sorprenderlos, no venimos a afectarlos, sino al contrario, a hacer realidad un sueño”, expuso entonces Malova.

El funcionario sostuvo que los acuerdos con los comuneros están en línea y que de la reunión celebrada el pasado 21 de abril fue satisfactorio, pues el apoyo de otorgar 20 mil pesos a 15 jefas de familia ya se dio y servirá para denotar actividades productivas.

—¿Cuándo se va a reubicar a los comuneros?

—Me parece que se han dado los primeros pasos ya para la formación del nuevo centro poblado (…) hay proyecto, conformidad de los comuneros, escogimos la ubicación, lote, tipo de vivienda, tipo de urbanización, me parece que son temas que se han ido cumpliendo con puntualidad y acordado de manera mutua con los comuneros…

—¿En qué fecha esperan reubicarlos?

—Quizás sea hasta el año entrante…hay que construir un nuevo centro poblado, hay que urbanizar, meterle agua, drenaje, electrificación, alumbrado, construir viviendas y edificios de carácter público. También se cumplirá con una indemnización justa, la expropiación está en curso, lo estamos haciendo ante la Secretaría Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

—¿Cuenta con recursos económicos suficientes el gobierno del estado para cumplir con los compromisos adquiridos?

—Al estado nunca le sobra, pero nosotros lo vamos a resolver, es un compromiso público de que el estado va a sacar su tarea.

 Características de la obra:

2 mil 551 FAMILIAS BENEFICIADAS

429 mil 600 HABITANTES BENEFICIADOS DE ESCUINAPA, ROSARIO Y EL CIP

12 mil 500 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

120 metros de altura máxima de cortina desde el cauce

784 metros longitud de la cortina

2 mil litros por segundo de agua será enviada a las comunidades

980 millones de metros cúbicos de agua serán almacenados para incorporar al riego más de 24 mil hectáreas.

COMPROMISOS

Desde hace dos años tuvo conocimiento el gobierno del estado de los compromisos y trámites que debería cumplir para la construcción de la presa.

El  7 de  mayo de 2013, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el convenio de colaboración en el que Conagua se compromete a atender y agilizar los trámites que efectúe la entidad federativa para la obtención de las concesiones, asignaciones y permisos, apegándose a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes como:

—Realizar para las obras que lo requieran, los trámites y permisos que sean necesarios para cumplir con la normatividad, políticas, lineamientos y metas de los compromisos de gobierno, así como de cualquier problemática social que se suscite con motivo de la ejecución de las obras.

—Responsabilizarse de las obras que lo requieran de todos los costos y acciones para resolver íntegramente los aspectos relacionados con la tenencia de la tierra, dentro de los que se incluyen la afectación en el embalse de la presa de almacenamiento, bancos de materiales, derechos de vía, caminos de acceso al sitio de la presa y de las áreas de construcción, tanto para la construcción de la presa de almacenamiento como para la zona de riego; pagando las indemnizaciones, bienes distintos de la tierra y del cambio de uso del suelo.

—También el gobierno estatal debe realizar los trámites de donación a favor de la federación de los terrenos adquiridos para la realización de los proyectos, y atender la problemática y reclamo de los afectados, durante el proceso de construcción de las obras.

—En cuanto a trámites, debe obtener el resolutivo favorable de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y cambio de uso de suelo, e implementar bajo contrato las medidas de mitigación del impacto ambiental, dictaminadas por la autoridad.

—A través del oficio número SGPA/DGVS/01800/11, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat estableció condicionantes que deben ser atendidas antes, durante y después de la construcción de la obra.

—La prohibición de la Semarnat fue estricta al validar el Programa de Acciones de Rescate y Reubicación de especies que se afecten con la obra: no efectuar cualquier tipo de aprovechamiento de las especies de fauna y flora silvestre, sin su autorización.

CRONOLOGÍA

3 de agosto 2011. Malova aseguró que la Presa Santa María se haría durante una gira por El Rosario.

7 de mayo 2013. El Diario Oficial de la Federación publicó el convenio de Coordinación que SEMARNAT a través la Conagua, firmó el gobierno del estado para la construcción de la presa.

Octubre 2014. Conagua publicó la licitación de la presa Santa María.

13 enero de 2015. ICA firmó contrato por 3 mil 989 millones de pesos para la construcción de la presa Santa María.

20 de marzo de 2015. Mario López Valdez, acompañado del hoy ex titular de Conagua, encabezó el “banderazo” de inicio de la obra.


(RIODOCE/ REDACCION/ 03 DE MAYO 2015)


CUATRO PERSONAS ASESINADAS EN LOS MOLINOS, CHOIX


Localizan asesinados cuatro cuerpos  en la comunidad de Los Molinos, Choix, en los límites de Sinaloa con Chihuahua. Según las autoridades, fueron emboscados.

Los occisos eran José Almonte González Vega, de 21 años; José González Sandoval, de 65 años; Felipe Enrique Gil, de 27 años, y José Pacheco Ochoa, de 21 años, originarios de Los Molinos, pero actualmente vivían en la comunidad llamada La Tasajera.

Los habitantes cercanos al lugar de los hechos fueron quienes se percataron de los cuerpos y de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes.

En el lugar de los hechos hallaron decenas de casquillos percutidos de AK-47.

(RIODOCE/ REDACCION/ 4 mayo, 2015)


GRUPO ARMADO DE TAMAULIPAS CAPTURA A SEIS POLICÍAS Y AMENAZA CON MATARLOS


NUEVO LAREDO, Tamps. (proceso.com.mx).- Presuntos miembros del crimen organizado de Tamaulipas amenazan con matar a seis efectivos de Fuerza Civil de Nuevo León que fueron capturados en una carretera que conecta a ambos estados, cuando los policías los perseguían.

Una fuente policial de Nuevo León informó que la patrulla 341 de Fuerza Civil, con seis elementos a bordo, persiguió por la carretera Dos a una camioneta con hombres armados.

La fuente mencionó que la patrulla cruzó la frontera con Tamaulipas y antes de llegar a Ciudad Nueva Guerrero se registró un enfrentamiento con saldo de un muerto y un herido, pero hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Después del tiroteo los miembros del crimen organizado detuvieron a los elementos de Fuerza Civil y amenazaron con matarlos, según se escuchó a través de la frecuencia de la patrulla, para que los policías de esa corporación “no siguiera metiéndose con ellos”.

El GPS de la patrulla la ubicaba en la Brecha de San Carlos, la cual se encuentra a pocos kilómetros de Nueva Guerrero.

En las redes sociales de Tamaulipas se mencionó que los delincuentes soltaron a un efectivo de Fuerza Civil, pero que mantienen detenidos al resto para matarlos.


(PROCESO/ Seguir a @revistaproceso La Redacción/3 de mayo de 2015)

HALLAN SEIS EJECUTADOS EN VERACRUZ; TENÍAN HUELLAS DE TORTURA Y EL TIRO DE GRACIA


XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Automovilistas que circulaban en la autopista Xalapa-Veracruz reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública el hallazgo de tres cuerpos “embolsados” en el libramiento de Plan del Río, entre la congregación del mismo nombre y la de Cerro Gordo.

Al arribar fuerzas federales y de la Policía Ministerial y Fuerza Civil detectaron el hallazgo de un total de seis cuerpos sin vida, a la orilla de la carretera, un kilómetro antes de la caseta de peaje.

Los cadáveres, aún sin identificar, presentaban el tiro de gracia y signos evidentes de tortura; uno de ellos se encontraba degollado.

En el lugar del hallazgo se estableció un cerco de seguridad, mientras otros automovilistas optaron por transitar por la carretera libre, para evitar el tráfico lento y la revisión de las autoridades estatales y federales.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Servicios Periciales y una cuadrilla de la Policía Ministerial.

Hasta el momento la FGE no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Un policía estatal, quien pidió el anonimato, precisó que el punto exacto del hallazgo fue en la carretera Federal 140, en el kilómetro 29, a un costado de la cinta asfáltica.

“Primero vimos unas bolsas negras amarradas con cinta canela por lo que se procedió a verificar qué era, viendo que eran los cuerpos de tres personas en completo estado de putrefacción, dos (cuerpos) adentro de las bolsas y otro completamente desecho”, expuso.

Minutos más tarde, fue la Policía Ministerial quien halló tres cuerpos más, desnudos, con el tiro de gracia y con huellas de tortura.


(PROCESO/ Seguir a @zavaleta_noe Noé Zavaleta/ 3 de mayo de 2015)

EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN EXTENDIÓ SU PODER, ADMITE EL GOBIERNO FEDERAL


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, advirtió que el Cártel de Jalisco Nueva Generación “tiene una capacidad de fuego muy significativa”.

“Es un grupo que ha crecido”, reconoció el funcionario. Precisó que su fuerza se ha extendido a Colima, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

En entrevista con Primero Noticias, de Televisa, Monte Alejandro Rubido advirtió que los ataques del grupo criminal podrían continuar durante los siguientes días, aunque aseguró que no de la misma magnitud que los registrados el viernes.

El viernes pasado, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ofreció una muestra de su poderío al paralizar la tercer plaza más importante del país, Guadalajara, Jalisco, con narcobloqueos en 39 puntos de la zona metropolitana y una veintena de municipios aledaños. También desató enfrentamientos, incendios a gasolinerías y bancos y derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Monte Alejandro Rubido insistió en que estos días podrían ocurrir “sucesos similares”, aunque aseguró que el operativo que mantiene el gobierno federal en dicha entidad debilitará al grupo criminal.

El funcionario consideró que el ataque del grupo delictivo al helicóptero oficial “demuestra la capacidad de fuego de este grupo”.

(PROCESO/ Seguir a @revistaproceso La Redacción/ 4 de mayo de 2015)