La
investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una
serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos
oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de “ahorradores”
sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros
y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El escándalo de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea
apunta a una “triangulación” ilegal de fondos y también a un lavado “hormiga” de
dinero en 2014. Además revela complicidad de autoridades financieras, que
sabiendo de las irregularidades permitieron a entidades receptoras de dinero
federal “invertir” en una empresa con crecimiento atípico.
Documentos
consultados por Proceso evidencian movimientos que no corresponden a “un
ahorrador popular”, que el gobierno federal centró sus indagaciones en algunos
“ahorradores plus” que demandan 100% de sus pagos, ha ignorado decenas de
inmobiliarias “ahorradoras” e incluso “perdonó” a la mayoría de los accionistas
de Ficrea centrándose en el socio mayoritario: Rafael Antonio Olvera Amezcua.
En los documentos se
revela incluso una burla: el gobierno federal debe “rescatar” a algunas de las
empresas del consorcio de Olvera Amezcua, pues al menos dos de ellas
“ahorraron” en Ficrea: Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V. y Leadman Trade
S. A. de C. V.
DE TRIANGULACIÓN A LAVADO “HORMIGA”
Olvera Amezcua,
socio mayoritario de Ficrea, constituyó su primera empresa el 21 de diciembre
de 2000: Leadman Trade, según publicó en El Universal la reportera Doris
Gómora. La extensa investigación dio cuenta de una red de 100 empresas que se
multiplicaron a partir de ese año. La sofipo Ficrea surgió en junio de 2008.
Seis años después,
el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y
Leadman Trade. Hasta ese momento la sofipo tenía una cartera de crédito por 6
mil 284 millones de pesos, de los cuales cinco mil 900 se trasladaron a tres
empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka
Comercial.
Al socio mayoritario
se le denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de
dinero y un fraude de más de dos mil 700 millones de peso en agravio de 6 mil
670 ahorradores.
Hasta aquí llega la
acusación oficial. Sin embargo, una tarjeta informativa –a la cual tuvo aceso
este semanario– muestra que no se trata de 6 mil 670 ahorradores, sino de 4 mil
432, que son quienes cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)
(PROCESO/
JESUSA CERVANTES/ 17 DE ENERO DE 2015)
