MONTERREY, NL.,
(proceso.com.mx).- El equipo de campaña de la precandidata del PAN a la
guberantura de Nuevo León, Margarita Arellanes, culpó al gobierno de Rodrigo
Medina de permitir que policías con antecedentes delictivos se integraren a la
corporación.
Arturo Salinas
Garza, coordinador de la precampaña de la también alcaldesa con licencia de
esta capital, reconoció que Antonio González Abad, detenido junto con otros
tres agentes municipales, hacía trabajo de escolta de Arellanes, aunque aclaró
que ejercía labor periférica de vigilancia y “no era parte de su círculo
primario de seguridad”.
En una declaración
que leyó ante los medios, Salinas dijo que el gobierno estatal certificó que
González Abad, conocido como El Mocho, era apto para realizar funciones de
seguridad y con ello permitió que el ahora acusado se mantuviera en la policía
regiomontana.
“El expolicía
acreditó este procedimiento por última ocasión el 3 de junio de 2013. Además,
al menos tres exelementos más que forman parte de la misma investigación
también los certificó el gobierno del PRI en el estado”, acusó el coordinador
de la precampaña.
Explicó que la edil
con licencia, como todos los alcaldes de Nuevo León y funcionarios públicos,
sólo pueden tener en sus corporaciones a los elementos que han pasado por los
filtros de seguridad establecidos por el Centro de Información para la
Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), dependiente
del gobierno de Nuevo León.
El sábado se dio a
conocer que Abad, un antiguo militar, formaba parte de un grupo criminal
perteneciente a “Los Zetas” que había participado en, por lo menos, cinco
plagios.
Junto con él fueron
detenidos los agentes regios Bernardino Bautista Arenas Berna, Jesús Adrián
Lara Rodríguez El Gordo, y Abraham Herrera Encina.
Otros tres policías
de Monterrey están prófugos, según ha trascendido.
“Estamos muy
preocupados por esta situación, porque somos víctimas, como todos los
ciudadanos, de la seguridad que brinda el gobierno que encabeza Rodrigo
Medina”, acusó Salinas.
Consideró que la
revelación del arresto de los escoltas forma parte de la “guerra sucia” que
efectúa el gobierno y lamentó que la administración estatal “este politizando
el tema de seguridad en el estado, con una medida que pone en riesgo a la
seguridad de los ciudadanos, de Margarita Arellanes y su familia”.
(PROCESO/ LUCIANO
CAMPOS GARZA/ 19 DE ENERO DE 2015)
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