El puntero en las
preferencias de voto presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, está tratando
de salir de las aguas turbulentas en las que se metió desde hace varias semanas
con el sector privado. “Tengan confianza”, les dijo en un decálogo publicado
este miércoles en El Financiero. “No somos rebeldes sin causa y tenemos
palabra. Sabemos cumplir nuestros compromisos. No se dejen asustar. Recuerden
que ya gobernamos la capital de la República y establecimos allí una buena
relación con el sector privado, nacional y extranjero. Seremos respetuosos de
la autonomía del Banco de México. (Y) no gastaremos más de lo que ingrese al
erario; es decir, operaremos la administración pública sin déficit”.
No está claro si esta carta
ayudará a disminuir los temores que ha causado entre los hombres y mujeres del
dinero, al seguir mostrando algo que se ha vuelto costumbre, la contradicción
permanente de sus palabras y compromisos. Por ejemplo, en el decálogo ofreció
un déficit cero, que es lo que ha mantenido como dogma el gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, y lo que han buscado por definición los
secretarios de Hacienda en este siglo, egresados todos del ITAM, la institución
que acusó en un video publicado en YouTube de educado a quienes han mantenido
al país sin crecimiento. El año pasado presentó ante inversionistas de Citibank
en Nueva York el año pasado su programa financiero, quienes le dijeron que sus
números estaban equivocados y que no cuadraban fiscalmente lo que prometía.
López Obrador no entró en la
discusión, y como en otros eventos similares en la Ciudad de México, dijo que
eso se ajustaría más adelante, con lo cual quedarían resueltas sus dudas. La
explicación no se ha dado, pero él ha mantenido, fortalecido y ampliado las
promesas que empezó a desvelar en los lineamientos generales de su Proyecto
Alternativo de Nación, dados a conocer en noviembre de 2016. De acuerdo con un
costeo de los recursos que se necesitarían para poder llevarlos a cabo, el
programa de López Obrador requeriría de aproximadamente el 80 por ciento
adicional del presupuesto de la Federación en 2018. El presupuesto aprobado por
la Cámara de Diputados para este año es de 5 billones 279 mil millones pesos, a
lo cual tendrían que sumársele 4 billones de pesos, cuando menos, para poder
cumplir sus promesas.
Un análisis del costo de las
promesas de López Obrador desarrollado por analistas financieros críticos de su
proyecto, y cotejado con las cifras que han desarrollaron técnicos
independientes, establece cuánto se requeriría para que cumpla sus compromisos
de campañas. Como botones de muestra:
1. Suprimir los impuestos especiales a combustibles y
subsidiar la luz y la electricidad: 284 mil millones de pesos.
2. Cerrar a Pemex una vez más y mantenerlo estatizado:
951 mil millones.
3. Cerrar la Comisión Federal de Electricidad al
capital privado: 118 mil millones.
4. Becas a alumnos de educación básica y media
superior: 284 mil millones.
5. Becas a 300 mil estudiantes: 8 mil millones.
6. Subsidio a personas de la tercera edad: 109 mil
millones.
7. Subsidios a vivienda: 128 mil millones.
8. Salud gratis para todos: 264 mil millones.
9. Descentralizar las secretarías de Estado: 289 mil
millones.
10. Trenes bala al norte del país: 186 mil millones.
11. Internet gratis para todos: 53 mil millones.
12. Consulta bianual para la revocación de mandato:
tres mil millones.
No son las únicas propuestas
económicas onerosas de su programa. En el caso del pequeño aeropuerto alterno
que plantea en Santa Lucía, por mencionar un caso donde habría que analizar con
mayor profundidad los recursos que se tendrían que invertir, aunque el costo de
la instalación es de 19 mil millones de pesos, no contempla toda la
infraestructura carretera y de transporte público que tendría que ser
desarrollada, ni tampoco el dinero destinado al traslado de la base aérea
militar y de miles de personas directamente asociadas a ella a otra ciudad.
Otro caso es el costo de 105 mil millones que tendría el que no se rechazara a
nadie en las universidades, y los recursos adicionales para la infraestructura
en las escuelas y las nuevas redes de transporte que tendrían que crearse para
satisfacer las necesidades de la movilidad.
En el decálogo al sector
privado, López Obrador dijo que los recursos necesarios para su programa
saldrían del combate a la corrupción, cuyos “políticos corruptos y los
traficantes de influencias se roban el 20 por ciento del presupuesto público;
es decir, más de un billón de pesos anuales”. La corrupción, de acuerdo con el
Instituto Mexicano de Competitividad, alcanzó en 2015 un 5 por ciento del PIB,
que significó 906 mil millones de pesos. Es decir, aún combatiéndola con toda
efectividad y suponiendo que nadie en su gobierno roba nada ni trafica
influencias, se quedaría corto de los recursos necesarios para llevar a cabo su
ambicioso programa de gobierno. Si bien no hay duda que el diseño de López
Obrador es noble y éticamente correcto, presupuestalmente las matemáticas,
definitivamente, no se le dan.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva
Palacio/ 05/04/2018 | 02:00 AM)
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