El Instituto Federal de
Telecomunicaciones dio a conocer la decisión que tomó (no por unanimidad) para
obligar a Telmex y a su subsidiaria Telnor a escindirse y dar pie a dos nuevas
empresas. En opinión de algunos consejeros del IFT, la medida no resolverá el
problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia ni
el hecho de que México esté en último lugar, entre los países de la OCDE, en
penetración de banda ancha. La separación, opinan trabajadores de la empresa
insignia de la telefonía mexicana, es una simulación negociada de Carlos Slim y
el gobierno federal con el único fin de deshacerse del sindicato del ramo, que,
por cierto, amagó ya con movilizarse.
CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- Telmex, considerada “la joya” del imperio construido por
Carlos Slim desde la privatización en 1990, y su subsidiaria Teléfonos del
Noroeste (Telnor), deberán escindirse en un plazo de dos años para dar pie a la
creación de dos empresas distintas: una que les dará servicios mayoristas a sus
propios competidores, y otra que seguirá dando servicio a los usuarios finales,
según la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
divulgada el pasado lunes 5.
Esa “separación funcional” de
Telmex no concitó el respaldo ni de sus propios competidores, como Televisa,
pues no garantizará la desconcentración del mercado; además, levantó ámpula
entre los trabajadores, quienes serán los principales afectados.
Especialistas en
telecomunicaciones consideran que no servirá para impulsar la fibra óptica ni
el servicio de banda ancha, y mucho menos para eliminar el rezago en
interconexión que existe en el país: sólo hay 1 millón 800 mil líneas de fibra
óptica para un país de 122 millones de habitantes.
La decisión del IFT no contó
con el apoyo unánime de sus siete consejeros (tres votaron en contra). América
Móvil la impugnó desde el primer momento y anunció que su consejo de
administración “ha tomado la determinación de no subsidiar ni financiar las
operaciones de la entidad separada”, con lo cual prácticamente la nueva empresa
nacerá quebrada.
Sin duda los más afectados
serán los 45 mil 722 trabajadores sindicalizados –76% de todos los empleados de
Telmex, según el reporte de diciembre de 2016 de la empresa ante la Bolsa
Mexicana de Valores–, porque la “separación funcional” ordena que la empresa
que surja deberá “contar con personal independiente, por lo que los empleados
no podrán laborar al mismo tiempo en otra de las empresas integrantes” del
agente económico preponderante (AEP), es decir Telmex.
El sindicato de telefonistas
amenazó con un paro el próximo 4 de abril. Su dirigente, Francisco Hernández
Juárez, advirtió: “de ninguna manera vamos a subsidiar a la competencia”, y
amenazó al gobierno federal con emprender movilizaciones si no se respeta la negociación
realizada el año pasado con el entonces secretario del Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida.
En entrevista con Proceso,
Hernández Juárez calcula que hay “más de 60 mil trabajadores” sindicalizados
(oficialmente Telmex sólo reconoce 45 mil), con quienes se iniciará una serie
de acciones hasta el próximo 5 de abril.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso
2158, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO VILLAMIL/ 10
MARZO, 2018)
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