LA LIBERTAD DEL DIABLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace justamente 10 años, el 27 de marzo de 2008, el entonces presidente @FelipeCalderon declaró a Chihuahua zona de guerra y mandó a miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal a combatir al narcotráfico en lo que se conoció como el Operativo Chihuahua.

Esa declaratoria desató más violencia, pues el Estado respondió de la misma manera que los grupos de la delincuencia organizada. Ciudad Juárez pasó a ser la ciudad más violenta del mundo, incluso por encima de países en conflicto declarado.

Ciudad Juárez no fue el único teatro de operaciones. También Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, la Sierra Tarahumara y otras ciudades donde quedaron graves secuelas de esa guerra.

Fue una guerra alimentada con las armas que el propio gobierno de Felipe Calderón dejó pasar como parte del Operativo Rápido y Furioso, puesto en práctica por la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos para “ubicar” mejor a los narcotraficantes.

El resultado fue una recomposición en el control del negocio en esa zona que es la principal puerta de entrada de droga a Estados Unidos. El cártel de Juárez tuvo que ceder ante la incursión del cartel de Sinaloa, cuando Joaquín El Chapo Guzmán estaba prófugo porque los gobiernos panistas de @VicenteFoxQue y del propio Calderón “no podían” atraparlo.

El costo social de esa recomposición económico-criminal fue altísimo, incluido para las propias Fuerzas Armadas. Más bien, para los elementos del Ejército de mandos medios para abajo que ahora están siendo procesados por diversos delitos, entre ellos por graves violaciones a los derechos humanos.

El periodismo registró desde el primer momento la violencia atroz que ese operativo estaba provocando, sin que ahora haya dejado de contar lo que sigue pasando, a pesar del gran riesgo. El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea -está por cumplirse un año el viernes 23-, es una prolongación de la violencia demencial que desató el Operativo Chihuahua.

A la distancia, otros registros están tomando forma, enriquecidos con otros lenguajes y narrativas. El más recientes es el documental La libertad del diablo, del cineasta Everardo González, quien desde hace 18 años, antes de que México entrara en esta larga noche de violencia, ya había dejado testimonio de la manera en que la sociedad y el poder político han lidiado con la inseguridad (Los ladrones viejos).

Aquella inseguridad pareciera nostálgica a la luz de lo bestial que ha resultado la guerra a las drogas en México. La libertad del diablo es la resistencia de aquellos mexicanos que no pueden asumir como normal los más de 200 mil muertos, más de 40 mil desaparecidos, miles más de desplazados, torturados y amenazados que ha dejado esa guerra.

Es al mismo tiempo la expresión de esa libertad que ha permitido todo eso, el de la impunidad con la que se puede matar en México.

Es la resistencia de los familiares de las víctimas para encontrar a los suyos, es el testimonio de jóvenes asesinos de niños que saben que ellos mismos pudieron ser esos niños, es la confesión de militares y policías del Estado mexicano que saben que matar y torturar a narcotraficantes les da momentos de poder, como una forma de reivindicar para sí el monopolio de la fuerza del Estado, sin sujeción alguna.

La guerra de Calderón prolongada por Enrique Peña Nieto ha provocado en México auténticos actos de barbarie, crímenes masivos como el de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, o masacres como las de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, cometidas por la delincuencia. O la masacre de Tlatlaya por parte de militares en junio de 2014 o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías que los entregaron a la delincuencia en septiembre de ese año.

La libertad del diablo es un doloroso testimonio para no hermanarnos en esa locura, ni de unos, ni de otros.

@jorgecarrascoa

(PROCESO/ ANÁLISIS /JORGE CARRASCO ARAIZAGA/16 MARZO, 2018)