Los casos documentados de violaciones de
derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la
Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación.
A algunas de las personas
arrestadas en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43
estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se les habría detenido
arbitrariamente y torturado; además, estas graves violaciones fueron objeto de
investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento, revela un informe
publicado este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Son las fichas médicas de los
detenidos las que revelan numerosas lesiones, además de que la ONU entrevistó a
autoridades, detenidos y testigos.
“La Oficina cuenta con
fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas
habrían sufrido torturas“, señaló el documento titulado “Doble injusticia– Informe
sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”,
el cual analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en
relación con la desaparición de los estudiantes.
El informe señala que hubo
“un modus operandi prácticamente uniforme en la manera en que las personas
habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información
o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante
el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la
ley”.
Aunque se ofrecieron
justificaciones para explicar las causas de las lesiones que presentaban las
personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención,
estados de ebriedad o caídas”, la oficina las calificó como “no plausibles y
contradictorias”.
Incluso hubo una serie de
declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas
detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los
partes médicos.
Los casos documentados de
violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014,
cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la
investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero.
Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal
y la Secretaría de Marina (Semar).
Por lo tanto, en el informe
se llama a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan
razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se
declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente
en México y con las normas del derecho internacional.
Asimismo, se solicita a la
PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los
responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones
de derechos humanos.
El informe subraya que aunque
la Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para
investigar algunas de las violaciones, la investigación interna fue frustrada
posteriormente por el remplazo de funcionarios
y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en
relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
Esta referencia coincide con
la abrupta renuncia del ex visitador general de la Procuraduría General de la
República (PGR), Alejandro César Chávez Flores, quien después reconoció que le
pidieron “reconsiderar” los resultados de dicha investigación interna.
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ordenó ocultar investigaciones contra Zerón y el Ejército por caso Ayotzinapa:
#LaVerdaderaNochedeIguala)
“Las conclusiones del informe
apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura
en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una
violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a
la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014,
sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En el informe se pide al
Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas
legales
que garanticen realmente la
independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la
República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de
cuentas.
El Estado mexicano debería,
además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Este informe no aborda
quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43
estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, al arrojar
más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la
investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a esas
desapariciones.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ MARZO 15, 2018 9:23
AM)
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