Son
pocos los que en México hacen el reconocimiento que busca afanosamente el
Presidente Enrique Peña Nieto a lo que ha hecho su gobierno. ¿Cómo podría
comprender la sociedad lo que se ha alcanzado en su mandato?, preguntó el otro
día Peña Nieto a una audiencia en Sonora. Con memoria, respondió. El Presidente
se refería a las reformas negociadas en los primeros 18 meses de su gobierno,
que ciertamente fueron de gran envergadura y que necesitaron coraje político
para hacerlo. Pero esas reformas son nada sin un Estado de Derecho. Un país sin
leyes no tiene cuerpo ni sangre. No hay reforma que perdure si no está blindada
por la ley. Tampoco hay ley que funcione si está dominada por la impunidad.
El
martes hubo una audiencia en el Comité Selecto de Inteligencia en el Capitolio
donde los jefes de la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos
hicieron su evaluación de las amenazas mundiales para ese país. México fue uno
de los siete países latinoamericanos que son motivo de su preocupación, pero el
que más tinta invirtieron para subrayar la vulnerabilidad en que se encuentra
este país durante 2018. “Una clase media más amplia y crecientemente
sofisticada, con mayor acceso a las redes sociales, está demandando más
rendición de cuentas de sus gobiernos”, explicó Daniel Coats, director de
Inteligencia Nacional.
En
su declaración pública añadió: “Las elecciones presidenciales, incluidas las de
México, se realizarán en un momento donde el apoyo a los partidos políticos y
las instituciones de gobierno están en sus niveles más bajos y pueden impulsar
la preferencia para candidatos no oficiales. Los mexicanos están enfocados en
las elecciones presidenciales y legislativas de julio, en el cual la
corrupción, la alta violencia y la desilusionadora economía serán los temas
clave”.
El
jefe de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos se mostró decepcionado
del gobierno de Peña Nieto. Ha tenido un lento avance para implementar las
reformas al Estado de Derecho, dijo, cuestionando que las iniciativas que lo
apuntalarían se encuentren en la congeladora legislativa ante la complacencia
del Ejecutivo, como la aprobación de un Fiscal General y otro Anticorrupción.
El Presidente podrá clamar todo lo que quiera por el reconocimiento público de
sus reformas, pero lo único que va a encontrar, en aquellos lugares donde la
pasión no existe y se evalúa a partir de la medición de los edificios
institucionales, es que en lo importante, la procuración y administración de
justicia, que es lo que cubre y da viabilidad a largo plazo a las reformas en
una democracia, nos debe a todos.
El
Estado de Derecho, en la definición universal de la Organización de las
Naciones Unidas, es “un principio de gobernanza donde todas las personas,
instituciones y entidades, públicas y privadas, son responsables ante las leyes
promulgadas, aplicadas equitativamente y adjudicadas independientemente, que
sean consistentes con las normas internacionales y los estándares de derechos
humanos. Asimismo, requieren medidas para asegurar la adherencia a los
principios de la supremacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de
cuentas a la ley, justifica en su aplicación, separación de poderes,
participación en el proceso de toma de decisión, certidumbre legal, alejamiento
de las arbitrariedades y transparencia legal”.
¿Cuántos
de estos preceptos se violan sistemáticamente en México todos los días, son
omitidos en la vida cotidiana o soslayados en función de intereses políticos
particulares?
El
World Justice Project, que mide el Estado de Derecho en 113 países, reportó una
caída de cuatro lugares en su índice global del último registro en 2016 al
informe de 2017, dado a conocer a finales de enero pasado. México ocupa el
lugar 92 del total de países evaluados, el quinto peor en América Latina y el
Caribe, y el antepenúltimo entre las 36 naciones de ingreso medio alto. Su
ubicación dentro del ranking mundial es vergonzosa: en límites al poder
gubernamental, está en el lugar 83; en ausencia de corrupción, en el 102; en
gobierno abierto, en el 36; en derechos fundamentales, en el 72; en orden y
seguridad, en el 99; en cumplimiento regulatorio, en el 87; en justicia civil
en el 113; y en justicia penal, en el 105.
La
impunidad es la externalidad del pobre rendimiento del Gobierno peñista en la
construcción de un país de leyes. La impunidad se da en ecosistemas donde la
corrupción tiene infectadas a las instituciones por la mala gestión y
administración de sus cabezas. El reclamo al presidente se centra en la falta
de aplicación de la ley que detona abusos. En el extranjero, el fenómeno se ve
en su justa dimensión y es más grave. Por ejemplo, en el Capitolio, el jefe de
la comunidad de inteligencia habló del crimen organizado transnacional, como
uno de los riesgos más altos para esa nación. “En los casos más severos en el
extranjero”, dijo Coats, incluyendo a México en ese paquete, “las empresas
criminales contribuyen a aumentar la violencia social, erosionan a las autoridades
y los gobiernos, minan la integridad de los sistemas financieros
internacionales, y dañan críticamente la infraestructura”.
Sólo
hay que sumar dos más dos y unir los dichos con los hechos para llegar a la
conclusión sobre el enorme deterioro que tiene el Gobierno de Peña Nieto, por
su complacencia y limitación de miras para construir un Estado de Derecho. Está
obsesionado en el reconocimiento de sus reformas, sin ver que lo más
importante, lo fundamental sobre lo que se levanta todo, ni siquiera le importa
o, peor aún, no se da cuenta de lo que significa.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 15/02/2018 | 04:06 AM)
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