La Ley de Biodiversidad, presentada por
el Partido Verde Ecologista de México, ha sido criticada por ambientalistas
debido a que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales. El
dictamen aprobado el pasado viernes en el Senado de la República, en medio de
la polémica discusión de la Ley de Seguridad Interior, recibió modificaciones
hechas por los grupos de la sociedad civil, pero no prohibe de manera expresa
la minería en Áreas Naturales Protegidas, denuncian Greenpeace y Cemda. Por
esta razón, ambas organizaciones exigen a la Cámara de Diputados que corrija el
proyecto antes de ser aprobado.
Ciudad de México, 18 de
diciembre (SinEmbargo).– El Senado de la República aprobó la Ley de
Biodiversidad, que ha sido duramente criticada por organizaciones de la
sociedad civil y académicos debido a que pone en riesgo los recursos naturales
de México, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad
Interior.
El viernes pasado, de manera
apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley y ahora estará en manos de la Cámara
de Diputados para su ratificación.
El 25 de octubre del año
pasado, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), presentó la iniciativa a fin de expedir la Ley General de
Biodiversidad, abrogar la Ley General de Vida Silvestre, además de reformar
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
En entrevista con SinEmbargo,
Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en el país,
expuso que esa legislación debe pasar por un debido proceso de discusión,
debate e información donde todas las partes involucradas puedan emitir
opiniones para su construcción.
Al abrogar la Ley General de
Vida Silvestre, han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil,
se cancela la asimilación del Protocolo de Nagoya de la legislación mexicana
sin impedimentos que puedan evitar la erosión genética de los bienes naturales
mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional ejecutado en la
conservación y el uso de la biodiversidad.
Rivas criticó que la
aprobación de la Ley de Biodiversidad por parte de los senadores ha ocurrido
como con el proceso de la Ley de Seguridad Interior: sin escuchar las voces de
la sociedad civil ni de la academia.
“La poca discusión sobre la
Ley de Biodiversidad habla de un trabajo legislativo en el Senado de la
República que deja mucho que desear”, dijo.
VACÍOS EN LA LEY FAVORECEN PRIVATIZACIÓN
“Esperamos que los diputados
se den cuenta de esta situación anómala. Que vean que hay mucho por discutir en
el tema de la Ley de Biodiversidad. Sólo cuando todas las partes hayan sido
consultadas y exista consenso, entonces podremos hablar de una real mejora, de
lo contrario esto sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras
que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene”, expresó.
El activista planteó que la
Ley de Biodiversidad “es una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la
privatización de los recursos”, ya que, acusó, no expresa cómo se hará la
regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de
manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las
comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.
Hace algunos meses,
productores, organizaciones y académicos ofrecieron una conferencia de prensa
en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde acusaron que dicha
Ley deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a un
manejo inadecuado al ser arrebatados de las comunidades indígenas y campesinas.
Además, Rivas criticó que en
la Ley se omite la prohibición para las actividades mineras en las Áreas
Naturales Protegidas (ANP), lo cual “es bastante grave por parte del Senado que
a pesar de los muchos comentarios se le fue ese ‘detalle'”.
Sobre la misma línea agregó,
como en otras ocasiones, que “las ANP no son una garantía para la protección de
la biodiversidad y esta Ley lo confirma”.
En el mismo sentido, Anaid
Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (Cemda), indicó que existen “grandes pendientes” en la Ley.
Los vacíos que aún quedan en
la Ley, expuso, son la creación de un fondo de Áreas Naturales Protegidas a fin
de contar con recursos que sean capaces de contribuir en la mejora de la
gestión del capital natural y la prohibición de la minería en dichas zonas.
“Nos gustaría ver que la
Cámara de Diputados haga algo al respecto. Por ejemplo, la prohibición de
minería en ANP es un tema que en el Senado no fue considerado. Ojalá que los
diputados puedan discutirlo”, pidió.
No obstante, reconoció que
respecto al borrador de la Ley, el dictamen de la iniciativa ha mejorado en
otros temas de Áreas Naturales Protegidas y en reformas a la Ley del Equilibrio
Ecológico. Por ejemplo, señaló, se incluyen principios que fungen como
herramientas jurídicas que velan por la protección del medio ambiente.
“La Ley de Biodiversidad
reconoce jurídicamente a la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas] y se establecen los principios de no regresión en la protección de
derechos humanos relacionados con la biodiversidad, lo cual es muy oportuno”,
añadió.
Al igual que Greenpeace
México, la abogada afirmó que es necesario implementar mecanismos más
incluyentes y representativos en los procesos de consulta.
Por ello, hizo un llamado a
la Cámara de Diputados a “incluir las voces que el Senado ignoró”.
(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/ DICIEMBRE 18, 2017, 8:00 PM)
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