A más tardar el 30 de septiembre, el
Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha
cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro
áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente
apartados para los militares mexicanos.
Para seis organizaciones civiles
mexicanas e internacionales, el Gobierno de México no debe recibir la ayuda de
EU debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido los
ciudadanos a manos de miembros del Ejército.
Juez
ordena investigar presunta orden de matar a todos, e ir por la cadena de mando
en Tlatlaya
Ciudad
de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Seis organizaciones civiles pidieron
al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el
Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de
mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha
investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de
seguridad.
A
más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al
Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su
situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean
entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.
Para
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América
Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha
mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.
“Tomando
en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos
en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura
y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de
certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente
a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por
violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar
de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de
México y Derechos de los Migrantes en WOLA.
Las
organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos
cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la
Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso
de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de
México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la
orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“Esta
sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el
primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las
organizaciones mexicanas e internacionales.
Padres
de los 43: incidente con AMLO no debe ser distractor; Ejército y policías, los
responsables directos
LOS CUATRO REQUISITOS QUE MÉXICO DEBE
CUMPLIR PARA RECIBIR LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS ESTÁN:
1. El Gobierno de México debe investigar
y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las
violaciones a los derechos humanos.
En este punto, las organizaciones
consideraron que México no cumplió debido a que la investigación penal sobre el
homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en Tlatlaya no ha progresado.
“Las autoridades mexicanas no han
obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio,
encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la ‘orden de
matar’ bajo la cual operaba el ejército mexicano cuando ocurrió la masacre”,
señalaron.
2. Cumplir de manera vigorosa las
prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios
obtenidos a través de la tortura.
En este requisito señalaron que aunque
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y la PGR han
recibido miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del
ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15
condenas por tortura en México desde 1999.
3. Búsqueda efectiva de las víctimas de
desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las
personas responsables de tales crímenes.
Según cifras oficiales, hay más de 32
mil desaparecidos en México, sin embargo, los firmantes destacaron que los
recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de
varias fosas comunes ponen de manifiesto “la incapacidad o la falta de voluntad
del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus
familias”.
4. El Comité espera la cooperación
completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la
desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.
Los
padres de los normalistas de Ayotzinapa han señalado al Ejército como uno de
los culpables de la desaparición de sus hijos. Foto: Cuartoscuro.
EL ESPIONAJE A ACTIVISTAS
El
documento mencionó que la situación de los derechos humanos ha empeorado en el
país en los últimos seis meses con el asesinato de periodistas, y el espionaje
que ha hecho el gobierno mexicano a través del sistema “Pegasus” a los mismos,
a activistas anti-corrupción y defensores de derechos humanos.
“En
los últimos seis meses hemos atestiguado cómo la situación de los derechos
humanos en México ha empeorado, incluyendo elevados niveles de violencia y
ataques particularmente atroces contra personas defensoras de derechos humanos
y periodistas. Un total de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de
2017.
“Este
ambiente ha sido agravado por la reciente revelación del periódico The New York
Times y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales sobre la
utilización ilegal de spyware, que puede ser sólo adquirido por entidades
gubernamentales, en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas
y activistas anti-corrupción”, indicaron.
Citizen
Lab confirma espionaje en contra del GIEI; halla un mismo mensaje enviado a
Aristegui
La
solicitud al Gobierno de Estados Unidos se realizó a través de un memorándum
que fue enviado a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Estado y la
Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de
Estados Unidos, y a la embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson.
En
el informe, se presentó la investigación y casos documentados por las
organizaciones que demuestran, según las organizaciones “que el gobierno
mexicano no ha cumplido con los requisitos en derechos humanos señalados por el
Congreso para el año fiscal 2017”.
“Consideramos
que el informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos
humanos incluidos en la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México
representa una importante oportunidad para realizar una evaluación meticulosa y
completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas
por el Congreso”, puntualizaron.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / SEPTIEMBRE 13,
2017, 10:02 AM)
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