Foto: Jorge Dueñes
El Consorcio Tecnológico de Baja
California, construido con 189 millones de pesos de fondos públicos, es un
complejo abandonado por el gobierno estatal, sin la presencia de empresas, con
un centro de investigación que cerró por falta de apoyo y uno más en la
incertidumbre jurídica. Además, en oficinas que hoy se encuentran vacías, se
constataron millonarios sobrepagos en obra
Los 189 millones de pesos en
recursos públicos invertidos en el Consorcio Tecnológico de Baja California son
suficientes para que éste opere plenamente, en cambio, se trata de un conjunto
de edificios abandonados, oficinas vacías; uno de los principales centros de
investigación en el país cerrado, y el otro, en la incertidumbre.
La negativa del gobierno de
Francisco Vega de Lamadrid para entregar la propiedad del inmueble a los dos
centros de investigación ahí ubicados, a pesar de que así se convino desde la
administración estatal anterior, hizo que uno cerrara su subsede en Tijuana.
Y lejos de trabajar en
conjunto para rescatarlo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del
Estado, titulada por Carlo Bonfante, presionó para que el equipo de laboratorio
fuera transferido a un tercero interesado.
A eso se suma la falta de
promoción que este gobierno estatal ha dado al complejo para que empresas
obtengan servicios de innovación y tecnología.
El Consorcio Tecnológico,
construido en un terreno de cinco hectáreas y ubicado sobre la Carretera Libre
Tijuana-Tecate en El Florido, es propiedad del Gobierno del Estado y su
operación está a cargo de Sedeco, a través del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (Cocit) de Baja California.
Foto: Cortesía.- En la inauguración del
lugar, el ex gobernador Osuna Millán y su secretario de Desarrollo Económico,
Alejandro Mungaray
Por fuera lucen modernos
edificios, trabajadores regando la jardinería y limpiando los ventanales, por
dentro, hay oficinas empolvadas, sin inmobiliario ni personal.
Cinco edificios componen el
complejo. El principal alberga las oficinas de la dirección regional del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Cocit.
Otro edificio corresponde al
Centro de Transferencia Tecnológica con solo dos de siete oficinas ocupadas.
Uno más, al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y un cuarto
estaba asignado al Cideteq, ahora vacío. Ambos forman parte del sistema de
centros Conacyt.
Mientras que, en la parte
posterior, se encuentra un complejo de tres edificios, pensado para albergar
incubadoras de empresas, pero que se encuentra en desuso y deteriorado.
UN PROYECTO ABANDONADO
El Consorcio Tecnológico de
Baja California fue uno de los proyectos más ambiciosos y costosos del sexenio
del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán y de su entonces secretario de
Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray.
Inició en 2009, cuando el
Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), un organismo empresarial, junto con el
gobierno estatal, detectó una carencia de oferta en los servicios tecnológicos
acreditados, investigación y desarrollo tecnológico e innovación, según la
justificación del proyecto.
Fue así como el Consorcio
Tecnológico se ideó como un proyecto de triple hélice con la participación de
gobierno, universidades e iniciativa privada. Conacyt apoyó con la instalación
de extensiones de los centros de investigación interesados y, junto con el
gobierno de Baja California, financió la infraestructura.
Lo que queda de Cideteq, uno de los
principales centros de investigación en el país
Por otra parte, el sector
empresarial, representado por el CDT, se encargó de los estudios de
factibilidad, así como de su promoción y el Parque Industrial El Florido aportó
el terreno para la sede.
Una vez construidos los
edificios, su equipamiento corrió a cargo de los centros de investigación bajo
el entendido de que, en el futuro, las construcciones les serían donadas, lo
cual no ocurrió.
INVERSIÓN PERDIDA
Los costos de las diferentes
etapas de construcción del Consorcio Tecnológico suman 188 millones 800 mil
pesos, todos obtenidos de fondos públicos. Si a esto se suma el valor del
terreno, valuado en 20 millones de pesos en 2009, la cifra supera los 200
millones de pesos.
La obra inició en 2009,
cuando el CDT obtuvo 34 millones 993 mil pesos para la construcción de la fase
uno del Consorcio Tecnológico, tras participar en la convocatoria de Fondos
Mixtos, un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado y
Conacyt.
No obstante, esta cifra
abarcó apenas el 33 por ciento del costo total de la primera fase. De acuerdo
con un Informe de Gobierno de Osuna Millán, la construcción de los edificios
donde se instalaron el Cidesi y el Cideteq, así como las vialidades y accesos,
tuvieron un costo de 106 millones de pesos. Tan solo en el acceso principal, se
destinaron 9 millones 799 mil 999 pesos del Presupuesto de Egresos 2010 del
gobierno estatal.
El terreno, con una
superficie de cinco hectáreas y un valor de 20 millones 550 mil pesos, fue
donado al Gobierno del Estado por el fideicomiso Submetrópoli de Tijuana,
perteneciente al Grupo El Florido.
La donación fue condicionada
a que el inmueble se destinara única y exclusivamente al establecimiento y
operación del Consorcio Tecnológico de Baja California, por lo que se convino
que, en un futuro, la propiedad de los inmuebles que ocuparían Cidesi y
Cideteq, fuera entregada a éstos.
En una segunda etapa,
concluida en 2012, se construyeron las oficinas centrales con una inversión de
17 millones 800 mil pesos, nuevamente con fondos adquiridos a través de Conacyt
y el Gobierno del Estado; además, se destinaron otros 15 millones de pesos para
el equipamiento de laboratorios del Cidesi.
Ese mismo año se destinaron
20 millones de pesos más al Cideteq y 7 millones adicionales al edificio de
Conacyt.
Una tercera etapa, financiada
nuevamente con Fondos Mixtos en 2013, contempló una inversión de 16 millones
200 mil pesos para la terminación de las oficinas centrales y 6 millones 800
mil pesos para las incubadoras de empresas.
EL ROMPIMIENTO CON CIDETEQ
En 2011, el Consorcio
Tecnológico inició operaciones con Cideteq y Cidesi. Ambos son centros públicos
de investigación adscritos al sistema Conacyt, y con sus sedes principales en
Querétaro.
El Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (Cidesi) se fundó en 1984 y cuenta con sedes adicionales
en Nuevo León, Estado de México y Baja California. En Tijuana, cuenta con
laboratorios de ensayo, medición y calibración acreditados que proporcionan
servicios, por ejemplo, a empresas gasolineras para sus máquinas de
abastecimiento de gasolina.
Oficinas de CICESE, dañadas y
abandonadas
También ofrece soporte
tecnológico y servicios especializados para el sector aeronáutico y
aeroespacial en México.
Por su parte, el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) es un centro
público de investigación adscrito al sistema Conacyt, fue creado en 1991 y su
única subsede era la de Tijuana.
En esta ciudad, contaba con
22 laboratorios en los que proporcionaba servicios como análisis de metales,
análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas a
empresas.
El doctor Gabriel Siade
Barquet es el director general de Cideteq. Ex empleados explican que ante la
falta incertidumbre jurídica del inmueble de 2 mil metros cuadrados, la
dirección general comenzó a restringir el crecimiento de la subsede en Tijuana,
ya que no deseaba invertir más recursos en ella si no había garantía de que se
les entregaría.
Cideteq llegó a tener hasta
40 clientes constantes y atendieron hasta 100 empresas. Tan solo el equipo con
el que contaban tenía un valor de 28 millones de pesos.
Sin embargo, en febrero,
comenzaron las presiones del Gobierno del Estado a través de Alfredo Babún,
subsecretario de Desarrollo Económico del Estado y presidente del Cocit, por lo
tanto, responsable de la operación del Consorcio Tecnológico, para que el
inmueble fuera desocupado.
Haciendo referencia a su
cargo como “administrador de los fondos Fomix (Fondos Mixtos) con los que se
financió la construcción de las instalaciones de la subsede Tijuana de
Cideteq”, Babún envió un oficio al doctor Siade Barquet, el 17 de febrero de
2017, para hacerle saber “he sido informado que en fecha próxima tienen
planeado concluir con las actividades que ahí se realizan debido a la dificultad
económica que atraviesa el país”.
Por lo que, le solicita “que
las instalaciones y el equipamiento que se encuentran en la subsede de Tijuana,
no sea removido y se busque una alternativa para su operación por un tercero
interesado”.
Sin ofrecerle ningún tipo de
apoyo para ayudar a la promoción del Cideteq, Babún insiste: “No estamos de
acuerdo en retirar esos equipos de nuestro estado”, a pesar de que el equipo
pertenecía a Cideteq.
Cinco días después, el doctor
Siade dio contestación al subsecretario de Desarrollo Económico de Baja
California para aclararle “las actividades de nuestra unidad en Tijuana se
mantienen activas”.
Entonces llegó el
recordatorio del compromiso sin cumplir “con fecha del 10 de junio de 2011, se
firmó un acuerdo administrativo de inmuebles y hasta la fecha, el Gobierno del
Estado de Baja California no ha cumplido con dicho compromiso; y como usted
seguramente debe estar enterado, hemos hecho inversiones en mobiliario y equipo
sin ser propietario del terreno en donde se localiza nuestra unidad Tijuana”.
En febrero de ese año se hizo
un recorte de personal para continuar operando con el mínimo requerido y
finalmente, en julio, el Cideteq cerró por completo y el equipo fue reintegrado
a la sede principal en Querétaro.
El inmueble de dos pisos
continúa desocupado y sobre un mueble de madera que queda en el lobby, se
escribió la palabra “ADIÓS” a manera de
grafiti.
EDIFICIOS CON PRECIOS INFLADOS, SIN PERMISOS NI FIANZAS
DE VICIOS OCULTOS
Tan solo por la terminación
del edificio administrativo y la construcción de las incubadoras de empresas
dentro del consorcio, el gobierno de Baja California realizó sobrepagos por 2
millones 189 mil 604 pesos.
Así lo determinó la Comisión
de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California al revisar
las cuentas públicas del Fondo Mixto correspondientes a 2013.
El Fondo Mixto busca fomentar
la investigación científica y tecnológica del Estado.
En 2013, entre los doce
proyectos beneficiados con estos fondos, se encontraba la terminación del
edificio administrativo, donde operan las oficinas de Conacyt y de Cocit, así
como la construcción de incubadoras de empresas.
UABC prefirió cerrar sus puertas
Para el primer proyecto se
destinaron 14 millones 200 mil pesos a la empresa Sistemas Innovadores en
Construcción, la cual resultó beneficiada y con Hugo Enrique León Canales como
responsable técnico. Se trató de la segunda obra que más recursos de Fomix
recibió, solo por debajo del Museo Interactivo Tijuana, que obtuvo un monto de
16 millones de pesos.
El segundo proyecto del
consorcio beneficiado ese año, fue el de las incubadoras de empresas que
recibió 6 millones 800 mil pesos a través de la compañía beneficiada,
Arquitectura y Desarrollo Constructora, con Pedro Diego Caudillo como
responsable técnico.
Estas incubadoras consisten
en tres edificios en la parte posterior del consorcio, de una planta cada uno,
los cuales se encuentran en desuso, deteriorados por dentro y por fuera, uno de
ellos, incluso aún con la envoltura de plástico sobre la manija de la puerta.
El Fomix opera bajo el Comité
Técnico y de Administración del Fideicomiso del Fondo Mixto, presidido hasta
octubre de 2013 -cuando finalizó la administración de Osuna Millán- por
Alejandro Mungaray y luego por Carlo Bonfante, ex titular y actual titular de
Sedeco, respectivamente.
Según el dictamen, con fecha
del 21 de enero de 2016, en la terminación del edificio administrativo se
registraron sobrepagos por 893 mil 196 pesos. De este monto, 436 mil 607 pesos
se justificaron en el suministro y colocación de equipo hidroneumático y dos
tanques de presión.
Sin embargo, tales insumos ya
habían sido pagados en la construcción del Centro de Transferencia e Innovación
Tecnológica de Baja California.
Otros 456 mil 589 pesos
resultaron en un sobreprecio para el cuarto de máquinas del consorcio, con
precios inflados en el metro cuadrado de block.
En cuanto a las incubadoras,
se detectaron pagos en exceso por un millón 296 mil 408 pesos, esto cuando se
compararon “las cantidades de los conceptos estimados y las obtenidas mediante
visita e inspección física”, detalla el documento.
Mientras que, por el
suministro y colocación de ocho juegos de WC y lavabos, se realizaron pagos por
exceso en 86 mil 24 pesos.
Cuando se le informaron de
estas anomalías al Comité del Fideicomiso, éste no requirió la reintegración de
los recursos a la empresa constructora.
Además, las cuentas no fueron
claras. Los gastos se sustentaron con facturas y resúmenes de estimaciones por
partidas, sin desglose de conceptos de obra, ni documentación soporte.
Más violaciones a la Ley de
Obras Públicas en las que incurrieron con estos dos proyectos, de acuerdo con
lo que estableció el dictamen número 260, son la falta de sellos y firmas en
los planos proporcionados que acrediten la aprobación y valoración de la
Dirección de Administración Urbana Municipal.
Tampoco se proporcionó
evidencia de haber obtenido los permisos, licencias de construcción y estudios
de impacto ambiental correspondientes, señala el documento legislativo.
… Y CONSTRUIDOS
POR EMPRESAS CON MISMO SOCIO; UNA SE DISOLVIÓ
La empresa Sistemas
Innovadores en Construcción, beneficiada con 14 millones 800 mil pesos para la
terminación del edificio administrativo del Consorcio Tecnológico, se fundó el
28 de mayo de 2012 en Tijuana, un año antes de que solicitara el recurso del Fomix.
De acuerdo con su acta
constitutiva, está integrada por los socios Leandro Enrique Gómez Castellanos,
Hugo Enrique León Canales y Jesús Daniel Roque Silva.
De los tres, solamente Jesús
Daniel Roque Silva, quien obtuvo su título como licenciado en Contaduría por la
UABC en 2011, está registrado como socio de otra empresa y es precisamente
Arquitectura y Desarrollo Constructora, la que recibió 6 millones 800 mil pesos
del Fomix para la construcción de las incubadoras de empresas.
Desde su fundación en 2011,
la empresa estaba integrada solamente por Pedro Diego Caudillo y Gustavo Gracia
Rosario, pero Jesús Daniel Roque Silva aparecía como comisario de la misma.
Ambas empresas, además,
participaron en una licitación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT) para la adquisición de materiales de construcción, en 2014.
Sin embargo, el 28 de abril
de 2017 se disolvió la empresa Arquitectura y Desarrollo Constructora, según
consta en actas de asamblea inscritas en el Registro Público de la Propiedad y
el Comercio.
SIN PRESENCIA DE EMPRESAS, SOLO CETYS Y UTT SIGUEN CON
OFICINAS
En discursos, pronunciados
primero por Osuna Millán y luego por “Kiko” Vega, se repitió que el Consorcio
Tecnológico fortalecería a empresas con base tecnológica y fomentaría la
creación de otras más.
Incluso dentro del Plan
Estatal de Desarrollo del gobernador Vega de Lamadrid, se delineó como una
estrategia en el área de Economía, “otorgar mayores recursos al Consorcio
Tecnológico para innovación, investigación, desarrollo tecnológico e
incubadoras de empresas”.
Sin embargo, a la fecha
“ninguna empresa se encuentra trabajando dentro del Consorcio Tecnológico”,
informó la Sedeco en el recurso de revisión a una solicitud de información
pública, con folio REV/226/2017, resuelto por el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) de
Baja California.
También detalló que ninguna
empresa ha solicitado su intención, por escrito, de ocupar alguna de las
oficinas.
En un recorrido que ZETA hizo
por las instalaciones del consorcio, se constató cómo en el Centro de
Transferencia Tecnológica solamente dos oficinas continúan ocupadas, las de
vinculación de CETYS Universidad y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).
Aunque ese día, el miércoles
23 de agosto, solamente la de CETYS estaba abierta, el resto de las oficinas se
encuentran cerradas y en completo desuso.
Ignitus, una de las empresas
que originalmente se encontraba ahí, se trasladó a las oficinas de Vía
Corporativo en Tijuana. Otra de las empresas a las que les fueron entregadas
amplias oficinas en el Centro, Innovacci, se disolvió en 2016.
Mientras que la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC) informó que su espacio asignado en esta
oficina “no se ha podido aprovechar, dado que está en proceso de definirse una
estructura normativa y orgánica con relación al aprovechamiento y comercialización
de resultados de la investigación, en beneficio de la institución y sus
investigadores”.
De acuerdo con el padrón de
bienes inmuebles de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, el Consorcio
Tecnológico de Baja California está valuado de 46 millones 558 mil pesos, lo
equivalente a los avalúos de cuatro escuelas primarias u hospitales del
Issstecali. Es una de las edificaciones del gobierno estatal de mayor valor en
Tijuana.
Aun así, es una de las más
desaprovechadas, a pesar de su potencial para vincular a estudiantes,
investigadores y empresas.
Se solicitaron entrevistas
pare este reportaje a la oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado,
al subsecretario de Desarrollo Económico, Alfredo Babún, y a la dirección
general de Conacyt. Hasta el cierre de edición, ninguno respondió a la
petición.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/
LUNES, 28 AGOSTO, 2017 12:00 PM)
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