1.-
La zona del predio "Zacatitos" se encuentra resguardada por agentes
de los tres niveles de gobierno, dentro del terreno agentes de homicidios y de
la SEMEFO exhumando cuerpos.
Al
cierre de esta edición sumaban 23 cuerpos hallados en un predio cercano a Las
Playitas en Los Cabos. Autoridades dieron con la fosa por información de los
nueve detenidos la semana pasada en una casa de seguridad de La Paz. También
hubo avances en el homicidio de Max Rodríguez
“Ahorita
van seis, pero el reporte que tenemos es que al menos hay veinte cuerpos más”,
explicó a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en
Baja California Sur.
El
macabro hallazgo se dio en un predio denominado Zacatitos, cercano al poblado
de Las Playitas en Los Cabos. Se trata de una fosa clandestina donde, hasta el
cierre de edición, había 23 cuerpos de hombres y mujeres.
En
el primer día de búsqueda, la Procuraduría General de Justicia en el Estado
(PGJE) informó “… como resultado de la labor de inteligencia que en diversas
carpetas de investigación se realiza por delitos de alto impacto,
aproximadamente a las 15 horas de este martes 06 de junio, en el kilómetro 4.5
del camino San José del Cabo-Cabo Pulmo, se localizó un sitio con la inhumación
clandestina de 6 personas; cuatro del sexo masculino y dos féminas.
De
acuerdo a datos recabados por ZETA, dos de los cuerpos ya fueron identificados,
pues “traían aún en sus ropas la identificación IFE (hoy INE), pero seguimos
revisando el tema, porque se nos viene mayor trabajo”, dijo un elemento de
inteligencia militar, el cual confirmó la presencia de entre 25 y 30 elementos
del ala de Periciales y de Homicidios que se encuentran exhumando restos
humanos y cavando en los puntos señalados.
“Hay
un testigo que nos está apoyando, está dando ubicaciones y coordenadas de dónde
buscar”, agregó el elemento militar.
Los
dos cuerpos identificados pertenecen a Jesús Fabián Sarabia Reyes, nacido el 14
de enero de 1999 y adicto; y Carlos Enrique Alfaro Rodríguez, con antecedentes
por delitos contra la salud, por drogarse en vía pública y alterar el orden.
La
detención de 9 presuntos sicarios, llevó a la localización de más de una
veintena de cuerpos enterrados, así como el esclarecimiento del caso Max
Rodríguez.
Según
el agente militar consultado, los cuerpos estaban en “avanzado estado de
descomposición, falta analizar la causa de muerte, pero seguramente fueron
privados de la vida con alguna práctica conocida en este tipo de delincuentes”.
Las
labores de búsqueda de restos humanos se interrumpieron por falta de luz
natural durante la noche del martes 6, sin embargo, muy temprano al día
siguiente y con el apoyo de más elementos y herramientas, se reanudó la
búsqueda para recuperar los restos.
“Este
miércoles se localizaron los cuerpos de ocho personas, siete hombres y una
mujer. Dan un total de 14 personas fallecidas, de las cuales tres son mujeres.
Por el avance de descomposición de los cuerpos, hasta el momento los hoy
occisos permanecen en calidad de desconocidos, por lo que peritos expertos de
la Dirección de Servicios Periciales tomarán muestras de ADN de tejido óseo,
para lograr por medios científicos, la identificación de los restos”, expresó
el mando militar.
La
PGJE exhortó a familiares con personas desaparecidas, a acudir a las oficinas
de la institución para donar material genético de un pariente cercano y así
identificar los cuerpos localizados. O
en otros casos, apoyar en la identificación de las personas, ya sea con algunos
rasgos, cicatrices o tatuajes.
Pero
la búsqueda se ha mantenido en el sitio, “hemos continuado este día (jueves 8
de junio), los resultados son nueve cuerpos más”, lo que hace un total de 23
cadáveres en la fosa.
La
búsqueda de restos humanos será reanudada hasta revisar el último sitio
señalado por testigos y los sicarios de “Los Dámaso” detenidos la semana
pasada.
DIERON SANTO Y SEÑA
La
investigación sobre la guerra por el control de la plaza entre miembros de “Los
Dámaso” contra “Los Chapitos” del propio Cártel de Sinaloa y células del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), cobró
mayor relevancia tras la detención de nueve presuntos asesinos en un domicilio
de Calle Palma del fraccionamiento Islas, en La Paz.
“Hechos
registrados el 30 de mayo, tras una persecución que se libró por las calles de
la Capital, allí se pudieron asegurar cinco rifles de asalto, una escopeta y
múltiples cargadores y cartuchos útiles”, refirió un mando consultado.
Los
detenidos fueron:
Juan
Antonio “N”, de 24 años, originario de La Paz; Sergio “N”, 21 años, oriundo de
San José del Cabo; José de Jesús “N”, 36 años, nacido en Sinaloa; Jonathan “N”,
24 años, procedente de San José del Cabo; Santos “N”, de 21, originario de la
Capital; Nicolás Alberto “N”, 27, nativo de Sonora; Jesús Roberto “N”, de 20,
de Sinaloa; además de Rubén “N” y Rubén Eduardo “N”, ambos de origen
desconocido.
La
investigación obtuvo resultado, a razón que “los detenidos empezaron a hablar
como era esperado, nos dieron información sobre el predio donde habían
enterrado los cuerpos de algunas de sus víctimas, además, cantaron santo y seña
cómo los habían matado”, expresó el agente de investigación entrevistado por
ZETA.
De
inicio la información gestada por las fuerzas de seguridad apunta a por lo
menos 25 cuerpos enterrados en el predio camino al Parque Nacional Cabo Pulmo,
“es poco transitado, por eso fue utilizado por los sicarios para llevar a sus
víctimas y deshacerse de ellos”, reiteró el investigador.
El
Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado dio a conocer el 1 de
junio que, según las primeras indagaciones, esta célula de “Los Dámaso” operaba
principalmente en La Paz y Los Cabos, por lo que se confirma que en dicho
predio había presencia de los presuntos delincuentes para sepultar a sus
rivales.
“Es
un trabajo conjunto del Grupo de Coordinación, son investigaciones que se
desarrollan, es un resultado sin duda al combate frontal a la delincuencia en su conjunto, al
crimen, y creo que estas acciones están enfocadas a ir cada día acotando más
los espacios para la comisión de delitos”, consideró Ricardo Millán Bueno,
delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Estado.
Por
lo que respecta al hallazgo de restos humanos, fuentes extraoficiales dieron a
conocer que la búsqueda se intensificará en la zona, pues se estima hay más
cuerpos, “las identidades serán reveladas una vez que tengamos todos los datos,
confirmada a través de huellas dactilares, ADN, reconocimiento facial,
tatuajes, cicatrices y todo lo que nos pueda ayudar para dar con sus familiares.
Hemos tenido muchas denuncias y muchos que no denuncian la desaparición de sus
familiares”, afirmó un empleado del Servicio Médico Forense (Semefo).
“ENTRABAN VARIOS Y SALÍAN POCOS”
“Entraban
varios y salían pocos cada vez que venían los jóvenes, diferentes vehículos se
veían, no podíamos hacer mucho”, fue parte de los declarado por los guardias de
seguridad que resguardaban el predio, los tres fueron tomados como testigos, ya
que “no sabían mucho, solo comentan que pues solo miraban entrar carros y
jóvenes, pero a la salida ellos pues como que notaban algo raro, si entraban
diez, salían ocho o siete, así fue como iban operando”, confesó el elemento de
seguridad adscrito al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
Los
datos recabados apuntan a que desde el mes de marzo, está célula en particular
se dedicó a llevar a sus víctimas, “no sabemos si a la fuerza o los conocían,
en algunos casos sí dijeron que los obligaban a cavar las tumbas y los
ejecutaban, otras versiones obtenidas es que ya había fosas listas, solo para
llegar y enterrar”, reveló.
Desde
colonias como El Rosarito, Guaymitas, Santa Rosa, El Zacatal, en promedio hasta
el predio, son entre 17 y 20 kilómetros, con un tiempo de recorrido de entre
media hora y 45 minutos; tiempo y distancia que el grupo de jóvenes sicarios
recorrían con total impunidad, con armas de fuego y víctimas que eran llevadas
al sitio para darles muerte.
“Es
un predio bastante amplio, varias hectáreas a la redonda, arena y mucho
matorral. En la arena era visible dónde se encontraban los cuerpos, bastaba
escarbar poco menos del metro para dar con los restos; eso sí, batallamos para
localizarlos en tanto terreno. Todo el predio se encuentra limitado y el acceso
con guardias de seguridad privada”, externó el funcionario del Grupo de
Coordinación de Seguridad Pública.
Fuentes
extraoficiales confirmaron que el cementerio clandestino “era utilizado por
‘Los Dámaso’ para enterrar a sus contras, ellos dijeron que trabajaban con la
orden de bajar a todos chapulines que nos estorbaran en la plaza y dejar libre
el paso a la gente que ellos traían”, señalan los indiciados en sus
declaraciones.
Acorde
con lo dicho y aportado por los nueve detenidos, los cuales han sido declarados
como miembros de la célula de “El Colores”, algunas de las técnicas para que
las víctimas llegaron al sitio, eran
recurrir a prostitutas para atraer a los contras, y una vez en el sitio, el
comando armado los esperaba para ejecutarlos.
“Entre
los nueve nombran a una mujer, con un apodo que se me escapa, este reporte nos
llevó a averiguar, ellos nos dieron toda la ubicación de esta persona, no
sabemos aún si ella ayudaba en las labores para poner a las víctimas a base de
engaños, pero con los detalles que nos ha brindado hemos llegado a algunos cuerpos.
Aún hay información de otros puntos en el mismo predio y que vamos a
continuar”, dio a conocer el agente de investigación estatal.
Lo
cierto es que la célula de “Los Dámaso” ha operado de esta manera para
desaparecer a la competencia, casos ocurridos en la entidad y que fueron
revelados por los propios responsables, son el de Simón Guillermo Hernández
Peña “El Simón” o “El Sepulturero”; Melissa Margarita Calderón Ojeda “La
China”; y Cruz Alonso Lozoya Uriarte o Abel Nahúm Quintero Manjarrez “El Grande”.
Tres
guardias de seguridad fueron interrogados por fuerzas de inteligencia, solo
argumentaron que muchas personas ingresaban al predio, pero salían pocos.
Dijeron que comúnmente se miraban jóvenes que entraban al sitio.
CÓMO OPERABA LA CÉLULA DELICTIVA
“Desde
octubre del 2016 la célula de ‘Los Dámaso’ mudó la violencia prácticamente aquí
al municipio, los de Jalisco buscaron aumentar el control en la zona del
Zacatal y entonces fue que la entonces célula de Sinaloa despertó para
recuperar el control de la zona de San José del Cabo”, expresó un agente de la
Policía Municipal de Los Cabos.
La
aparición de narcomantas en escuelas, puentes, incluso cartulinas en cuerpos
desmembrados, declaró prácticamente la guerra no solo a las células rivales,
sino a cuerpos policiacos y medios de comunicación, de ahí la amenaza en contra
de Colectivo Pericú y Max Rodríguez (fallecido el 14 de abril de 2017), quienes
incitaban al “topón”, perpetrada por esta célula delictiva de “Los Dámaso” comandada por “El Colores”, brazo armado de
“Los Javieres” o “Los Acosta”.
La
práctica de sepultar ya se venía dando en el grupo criminal, desde Simón
Guillermo, de ahí su apodo de “El Sepulturero”, el cual con sangre fría eliminó
no solo a sus rivales, sino a su novia y amigos.
“En
junio de 2013 se dio el hallazgo de siete cuerpos en fosas clandestinas detrás
de colonias como Camino Real, La Fuente y Tabachines. Simón Guillermo Hernández
Peña confesó haber enterrado a contras y colaboradores, incluso a su novia”; se
informó.
“El
Simón” fue liberado el 14 de julio de 2015, sin embargo, resultó lesionado el 9
de agosto del mismo año, lo cual lo llevó tras las rejas, pues al ser dado de
alta, días después fue reaprehendido y encerrado en el penal de La Paz, y casi
un año después, enviado a un penal de mayor seguridad en otro Estado.
En
junio de 2015, las Fuerzas Especiales
Dámaso de “La China” hicieron acto de presencia ante sus rivales.
“Tras
ser detenido Pedro Héctor Gómez Camarena, presunto novio y lugarteniente de la
ex jefa de sicarios, dio información sobre la manera de operar su jefa, con
ello se dio el hallazgo de tres cuerpos humanos y dos bolsas negras inhumados
en fosas clandestinas; allí se detuvo a ‘El Peter’, quien confirmó que recibía
el pago por enterrar los cuerpos en el arroyo de la zona del Comitán en La Paz,
donde localizaron cinco cuerpos”.
Otro
de los sicarios con operaciones para el grupo criminal, fue identificado como
Abel Nahúm “El Grande”, el cual eligió zonas más cercanas a núcleos
poblacionales.
“Muy
cerca de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, a poco más de 100 metros de la colonia Villas
del Encanto y a 50 de la zona residencial, se encontraron los restos de un
hombre”; la información fue dada a conocer por dos presuntos narcomenudistas
que escaparon del sicario y fueron interceptados en la colonia Paraíso del Sol.
Incluso
un grupo de matones a la orden de las Fuerzas Especiales Dámaso (FED) fueron
interceptados por fuerzas militares y ministeriales en el área del libramiento;
allí se desató un fuerte enfrentamiento que dejó dos sicarios muertos y uno
herido.
Habrían
huido del Rancho de Raydel López Uriarte “El Muletas”, ubicado a solo unos
kilómetros por la carretera La Paz-Los Planes. En ese lugar fueron encontrados
al menos dos cuerpos enterrados, pero ese día no pudieron enterrar a la última
de sus víctimas, un narcomenudista levantado en la colonia Miramar en La Paz.
“Normalmente
las células de la delincuencia organizada utilizan este tipo de prácticas para
alinear a los contras o eliminarlos de la competencia. Por lo regular en Baja
California Sur la táctica funciona para alinear a narcomenudistas,
amedrentarlos y hacerlos traicionar a sus jefes”, comentó el efectivo militar.
DESAPARECIDOS EN ESTA GUERRA
Pese
a lo que se diga sobre los delincuentes, refiriéndose a los vendedores de
droga, hay familias que los esperan en casa, y en la mayoría de los casos, los
vieron por última vez y ni siquiera supieron adónde se fueron o cuando
regresarán.
Según
reportes de la PGJE, de 2010 a mediados de 2016, había 68 personas
desaparecidas, que salieron a sus trabajos, a la escuela o con amigos, mas
nunca regresaron o avisaron en sus viviendas que se trasladarían hacia a otro
lugar.
“Lamentablemente
algunas fueron localizadas enterradas en fosas clandestinas que ya tenían
tiempo, o localizados, abandonados y tenían mucho tiempo, es casi imposible
identificarlos”, dijo un agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública
en el Estado.
En
estado avanzado de descomposición fueron localizados algunos cuerpos dentro de
fosas clandestinas, al cierre de esta edición ya se contaba con 23 exhumados.
El
número de desaparecidos creció rápidamente en Los Cabos en los últimos meses,
desde octubre de 2016, la cifra aumentó a diez casos registrados en la PGJE,
Ellos son: Agustín Pita Galeana, Jonathan Alejandro Barba Martínez, Reyna
Jiménez González, Luis Enrique Ulibarría Guillins, Nataly Marisol Aguilar
García, Dora Luz Agúndez, Cruz Fisher Armenta, José Manuel Rodríguez, Jesús
Alfredo Angulo y Nayelly Manríquez.
Entre
las desapariciones destacan cuatro en Cabo San Lucas y seis en San José del
Cabo, sin embargo, no se descarta que haya un número mayor al proporcionado por
la PGJE, ya que gran parte de las familias recurren a redes sociales, debido a
la ocupación de sus consanguíneos o amigos.
Por
tal motivo, en la guerra que se ha desencadenado por el control de la plaza en
Los Cabos, la PGJE ha solicitado la colaboración de los ciudadanos o aquellos
que tengan alguna persona desaparecida para que acudan a las oficinas de la
institución y apoyar en labores de reconocimiento.
“Son
muchos cuerpos, de momento 21 que no han sido identificados, pero por el
avanzado estado de descomposición que pudieran estar, se va a requerir material
genético para identificar”, exhortó un agente del Semefo.
Un
testigo confió a ZETA que un familiar suyo fue levantado por cuatro hombres
armados en La Paz, “a bordo de una camioneta de color negro, lo amenazaron y
dijeron que venían de una institución de seguridad y se lo llevaron; no
obstante lo fuimos a buscar a comandancias, barandilla y otras instituciones, y
nadie supo de él. El carro no traía placas”, manifestó el afectado.
DECLARACIONES ACABARON CON IMPUNIDAD EN
CASO MAX RODRÍGUEZ
“Una
vez con las pruebas en balística, los videos recolectados en las tiendas de los
alrededores y con los detenidos, pudimos dar con los autores materiales, son
tres de los nueve detenidos, y uno más que ya se encontraba detenido”, afirmó
un agente del Grupo de Coordinación respecto al homicidio del colaborador del
portal Colectivo Pericú.
Desde
el 14 de abril, fecha del asesinato, inició la búsqueda de los presuntos
responsables, concluyendo el 30 de mayo, cuando se detuvo a nueve personas
vinculadas al crimen organizado, entre ellas tres ligados al crimen del
periodista; los presuntos delincuentes dijeron pertenecer a la célula de “Los
Dámaso”.
“Aun
cuando lamentamos el hecho que ocurrió recientemente, que un compañero
periodista sufrió un atentado contra su vida, también nos da mucho gusto
que no haya quedado impune, y que haya
sido el primero de los que han ocurrido en el país, que haya sido resuelto de
manera convincente”, dio a conocer Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja
California Sur.
Pero
a las autoridades se les habría pasado un detalle. En pleno 7 de junio, Día de
la Libertad de Expresión, la PGJE reveló un cuarto imputado, se trata de Luis
“N”, el cual ya se encontraba detenido por otro hecho, lo que demuestra la
falta de capacidad en la aplicación de estrategias de inteligencia y, “tras las
declaraciones de uno de los detenidos en Las Islas”, se confirmó su incursión
en el delito de Max Rodríguez.
Algunos
de los cuerpos encontrados sepultados en el predio Zacatitos, lucían
semienterrados y con partes al descubierto, en el caso de esta víctima se puede
observar un tatuaje.
Ricardo
Millán Bueno, delegado de la Segob en la entidad, dijo que esto no pudo
llevarse a cabo de no ser por “el trabajo coordinado, el trabajo conjunto de
las diversas fiscalías, de las diversas autoridades federales y estatales está
rindiendo frutos, estas órdenes de aprehensión, estas investigaciones que se
han hecho vienen a fortalecer sin duda el Estado de Derecho, el combate a la
impunidad, principalmente en estos temas que tienen que ver con delitos
cometidos contra periodistas, contra la libertad de expresión”, expresó.
Elementos
de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Fiscalía
Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(Feadle) y de la PGJE, obtuvieron orden de aprehensión contra el cuarto
presunto implicado, la cual fue sencilla de aplicar; sin embargo, denota una
falta de preparación y de pericia para investigar y lograr la vinculación en
delitos de alto impacto. En otras palabras, “están verdes en estos temas”,
condenó un criminólogo consultado por ZETA.
“Se
está trabajando de manera conjunta, se está trabajando en ese camino y
esperamos que estos resultados puedan ser visibles también en el aspecto de la
prevención, donde el llamado es a los comunicadores para que atiendan cualquier
situación de amenaza que representa y puedan manifestarlo a la autoridad correspondiente
para poder atenderlo en tiempo y forma”, afirmó Millán Bueno.
La
fiscalía y la PGJE dieron a conocer que se vincula a este sujeto en lo que
podría ser su participación no solo en el homicidio del comunicador, sino en
homicidios dolosos en La Paz y Los Cabos. A esto se suman “las declaraciones de
los sicarios de ‘Los Dámaso’, prácticamente confirmaron lo que ya teníamos
previsto atender, solo que nos dieron los pormenores y pudimos establecer quién
ejecutó”.
En
un recorrido por Baja California Sur, el quinto visitador de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, señaló que México es
uno de los países donde existe mayor riesgo para ejercer el periodismo; este
año, siete periodistas han sido asesinados por la delincuencia organizada, por
lo cual fue enfático en que se debe apresar a quienes atenten contra la
libertad de expresión, pero también que se revise a detalle.
“Hemos
visto que la situación en el país es de alto riesgo, que hay un gran incremento
de agresiones, que la procuración de justicia es un derecho humano, por lo
tanto, no solo se trata de aprehender a una persona, sino ver que efectivamente
esa persona es la responsable, y por supuesto, que se proceda contra ella y
finalmente esté en una situación de reclusión por haber sido la que incurrió en
ese delito, pero no solo ahí, no solo buscamos una procuración de justicia
reactiva; buscamos también que sea preventiva”, detalló Corzo Sosa.
En
cuanto a la atención psicológica, consideró
debe ser no solo a familiares, sino a compañeros del reportero, por lo
que periodistas sudcalifornianos dicen “No al silencio” y trabajando con
responsabilidad.
“Haciendo
lo que nos toca, investigando, analizando, cuestionando, revelando, señalando
en distintos canales, en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes
sociales, motivando también para que los ciudadanos lo ejerzan, para que no
tengan miedo para sumarnos a este llamado nacional de los compañeros
periodistas en el contexto de las agresiones, de los asesinatos particularmente,
este llamado nacional que es no al silencio, con valor, pero también con
responsabilidad”, explicó Gladys Navarro, periodista y académica de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Según
datos de la Federación Internacional de Periodistas, en 2016 se registraron 426
agresiones a prensa, lo que lo hizo el año más violento para periodistas en
México. En lo que va de 2017 ya son siete periodistas los asesinados, uno por
lo menos comprobado por ejercer su derecho a expresarse, tratando el tema de
Maximino Rodríguez, donde la autoridad así lo consideró. Pero esta clase de
violencia solo ha llevado a periodistas al extremo de autocensurarse por miedo.
RENUNCIAS OBLIGADAS EN CERESO DE LOS
CABOS
“El
subdirector estuvo jugando al valiente en contra de las bandas delincuenciales
al interior del penal, era obvio que tendría que haber una repercusión”, lanzó
el miembro del selecto grupo de Seguridad Pública en el Estado.
Pasadas
las 6:30 pm del lunes 5 de junio, un comando armado esperó a Carlos Paul
Hernández Cota, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los
Cabos y le disparó en repetidas ocasiones; los pistoleros lograron herirlo en
hombro y cuello.
Los
hechos se registraron en las calles Costa Dorada, entre Playa Atata y Avándaro
de la colonia Costa Dorada en San José del Cabo. Poco después de dos horas,
Hernández perdió la vida en la Clínica 38 Guaymitas, en esa cabecera municipal.
“Los
datos que tenemos, los cuales fueron dados a conocer por el propio personal del
penal, es que el subdirector jugó contra corriente”, argumentó el integrante
del Grupo de Coordinación.
Las
declaraciones del personal del centro penitenciario apuntan a que Hernández
Cota recibía pago de cuota por parte de internos afines a “Los Dámaso”, y una
vez que las cosas empeoraron en Los Cabos, “desde hace un mes tenemos
entendido, él ya no trabajaba para la célula criminal, él les dijo que ya no
trabajaría con ellos por la situación, sin embargo cuando entras en eso, ya no
sales, y así fue”, reveló un custodio.
De
acuerdo a los datos que brindó, Carlos Paul tenía desde el mes de marzo
buscando abandonar el “negocio”, sin embargo, la molestia fue tal que
constantemente amenazaron al servidor público para que continuara. Pero la
presión del subdirector fue tal que “llegó a cortarles la luz y el agua a los
internos, con el fin de que supieran que ya no trabajaba para ellos, no sé,
pero la petición del grupo delictivo era para obtener beneficios por encima de
los demás reos”, denunció.
Una
vez conocidos los motivos que llevaron a la ejecución, en la Dirección de
Prevención y Reinserción Social “recibieron la renuncia del director Gabriel
Antonio Martínez Rodríguez, y fue entregada la Comandancia General, pero no
termina ahí; al menos cinco custodios más están prácticamente abandonando sus
funciones”, afirmó el especialista en Seguridad Pública y miembro del Grupo.
Extraoficialmente
se estaría presentando una serie de renuncias sobre la mesa de la Secretaría
General de Gobierno y de la propia Subsecretaría de Seguridad Pública en
BCS, motivadas por la manera “tan sucia
en que operaron el penal, hoy la inestabilidad
al exterior del penal en la pelea por la plaza ha repercutido” y ha llegado a
todos los servidores públicos del centro penitenciario, gran parte de ellos ha
recibido amenazas tanto del exterior, como de los propios internos.
El
criminólogo consultado por ZETA refiere que los graves problemas por los altos
niveles de impunidad y la alta injerencia de grupos criminales, se deben “a esa
falta de preparación y de capacitación de los mandos medios y superiores, hay
una enorme improvisación, ningún director de ninguna corporación, ninguno es
policía de carrera; ninguno tiene calificación o certificación para el encargo
que está desempeñando”, lamentó.
Lo
más preocupante es que, fuera del panorama o la radiografía que se presenta,
siendo un Estado con pocos habitantes y con municipios tan pequeños, además de
lo limitado en cuanto a salidas e ingresos, Baja California Sur está vulnerada.
“El
crimen organizado se ha apoderado de nuestra principales rutas de acceso y de
nuestros mandos policiacos, mandos medios y superiores son muy baratos, te
enteras que con cuotas 20 mil pesos semanales, se les permite hacer y deshacer
a estas organizaciones”, concluyó el especialista.
(SEMANARIO
ZETA BCS/ DESTACADAS BCS / INVESTIGACIONES ZETA / MIÉRCOLES, 14 JUNIO, 2017
01:30 PM)
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