Los
datos oficiales, la revisión de ASF y un estudio del Senado de la República
señalan que la estrategia de seguridad del ex Presidente Felipe Calderón y LA
del actual mandatario, Enrique Peña Nieto, han sido fallidas. La del primero,
concluye un estudio fue injustificada y como resultado, detonó de manera
drástica de la violencia. La del segundo, a 2015 una auditoría detectó que ni
la prevención del delito ni la transformación institucional ni los trabajos de
inteligencia, promesas hechas por el Jefe del Ejecutivo Federal, están
funcionado
Ciudad
de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de México no ha encontrado una
solución al problema de violencia y criminalidad. Una década después de que
comenzara a dispararse el número de asesinatos en el país, diversos
diagnósticos, incluso oficiales, indican que tanto la estrategia militar y de
“combate frontal” lanzada por el panista Felipe Calderón Hinojosa, como la “preventiva”
o “de un México en paz” propuesta por Enrique Peña Nieto han fracasado en su
misión de combatir el delito.
Sobre
la primera, el pasado 10 de febrero, la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República,
difundió un estudio que concluye que, lejos de disminuir la violencia, fueron
los operativos de Calderón los que la aumentaron.
“La
información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad,
ni una ‘ola de violencia’ (salvo en el estado de Michoacán), que justificara el
despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter
permanente, en diversos estados del país entre 2006 y 2007”, dice el estudio
titulado “Seguridad Interior: Elementos para el debate”.
“Los
datos oficiales revelan que la implementación de estos operativos, lejos de
disminuir la violencia existente (que se encontraba en mínimos históricos), la
incrementó de forma drástica. De tal manera que, la evidencia empírica
disponible nos advierte de la necesidad de imponer controles estrictos, así
como amplias medidas de supervisión y evaluación públicas, sobre este tipo de
operativos”, agrega.
Cinco
días después, el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) incluyó diversas revisiones a la política de “prevención del delito” del
actual Gobierno federal para advertir que ni la planeación ni las estrategias
de disuasión de la delincuencia ni el trabajo de inteligencia anunciados por
Peña Nieto han tenido un impacto.
¿Qué
hace? ¿Sirve? No se sabe, la Gendarmería es un hoyo negro que chupó 2,800 mdp
en 2015: ASF
La
División de Gendarmería, por ejemplo, que fue la cara de la “transformación
institucional” que hizo Peña Nieto en el área de seguridad, en 2015 consumió
más de dos mil 800 millones de pesos y presentó “cero avances” en su misión de
inhibir la delincuencia.
“Se
demostró que el número de delitos registrados en las entidades federativas
disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la
gendarmería”, dice la revisión 18-GB, elaborada por la ASF para medir las
acciones de la Gendarmería en contra de la incidencia delictiva.
“Aunado
a que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni el análisis
criminológico y sociodemográfico que le permitiera priorizar su actuación, ni
diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances en lo referente a la
transformación institucional y el fortalecimiento de su presencia en las zonas
en que operó”, agrega.
La
Policía Federal, cuyo traslado de la Secretaría de Seguridad Pública a la
Secretaría de Gobernación fue parte de la misma “transformación institucional”
del priista, realiza cada vez menos intervenciones y trabajo de inteligencia
cuya efectividad preventiva, además, según la ASF, está también en duda.
“En
opinión de la ASF, la prevención policial del delito a cargo de la PF por medio
de la generación de información y productos de inteligencia, así como mediante
la implementación de operativos para la prevención y persecución de los
delitos, presentó deficiencias para combatir la comisión de los delitos de
manera efectiva, ya que en ese periodo tanto la generación de información como
los operativos disminuyeron, y no se acreditó contar con directrices para
enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y
judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante
la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución, a fin de
contribuir a reducir la incidencia delictiva y a mejorar las condiciones de
seguridad pública”, concluye la revisión 19-GB.
La
violencia repuntó en 2015 pero (alguien que explique) la PF bajó en 40% sus
operativos en el país
De
acuerdo con Carlos Galindo López, investigador del Instituto Belisario
Domínguez y coautor del estudio “Seguridad Interior: Elementos para el Debate”,
uno de los principales problemas es que las administraciones federales han
carecido de evidencia o elementos para afirmar que sus políticas ante el crimen
funcionan.
“Ahora
discutimos iniciativas para regular la presencia militar; pero, ¿no se supone
que la Gendarmería era precisamente para eso, un cuerpo de elite especializado
para combatir ese tipo de delitos?”, destaca Galindo.
“Entonces
viene la pregunta: ¿dónde están las evaluaciones de esta política pública? ¿Con
qué indicadores evaluamos si las cosas funcionan o no? Para la gente es importante
que se reduzcan los homicidios, los robos, las extorsiones, pero tus
indicadores son el número de plantíos erradicados o capos detenidos; eso no
tiene un beneficio directo a la situación de violencia que vive la gente”,
agrega.
En
entrevista, el investigador explica que, para su análisis, buscaron
diagnósticos o evidencias que sostuvieran la decisión anunciada por Felipe
Calderón en diciembre de 2006, cuando inició el despliegue militar.
“Lo
primero que nos parece importante decir es que existe una narrativa de que era
necesario sacar al Ejército, porque se decía que había una ola delictiva y que,
para enfrentarla, había que sacar a las Fuerzas Armadas”, plantea.
“Pero
no hay datos. Buscamos los diagnósticos con los que se sacó al Ejército a las
calles y no hay uno solo que lo justifique”, afirma.
Carlos
Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez y coautor del
estudio “Seguridad Interior: Elementos para el Debate”, dijo que no hay datos
que justifiquen que en el sexenio de Felipe Calderón se sacara al Ejército a
las calles. Foto: Cuartoscuro
AUMENTO EN LA VIOLENCIA
La
violencia empezó a dispararse en México a niveles de “guerra” en el sexenio
anterior. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), en 2006 se registraron 11 mil 808 homicidios
dolosos, mientras que, en 2007, la cifra fue de 10 mil 253.
En
2008, sin embargo, este delito aumentó a 13 mil y, ya sin descender, para 2010
fue de 20 mil 680 homicidios y 22 mil en 2011, que ha sido el año más violento.
Un
leve descenso se observó sólo a partir de entonces, para ubicarse, en 2014, en
15 mil 653 víctimas, la más baja del sexenio. En 2015, sin embargo, la cifra
volvió a dispararse a 17 mil 034 y, para 2016, cerró con 20 mil 792 casos y se
convirtió ya en el año más violento en lo que va del Gobierno de Peña Nieto.
De
acuerdo con Galindo, si bien el Gobierno federal podría argumentar detenciones
de capos y erradicación de plantíos como indicadores de éxito en su estrategia
de seguridad, son las cifras de defunciones por homicidios las que, de acuerdo
con estándares internacionales, determinan el grado de violencia que sufre cada
país.
“¿Y
qué dicen [los datos]? Que los índices iban disminuyendo y que, entre 2004 y
2005 teníamos niveles mínimos históricos de violencia”, destaca el
investigador.
“Entonces,
no es entendible por qué se toma la decisión de sacar al Ejército a las calles,
salvo en el caso de Michoacán, que hubo un pico de violencia y ahí sí es
entendible que hubiera en 2006 un operativo conjunto. Pero en todos los demás
estados, como Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Nuevo León,
estaban en mínimos históricos de violencia o eran tendencias normales”,
insiste.
3
mil 366.2 mdp a municipios para prevenir delitos… y ni siquiera se midió si
sirvieron para algo: ASF
En
el informe, los autores señalan que los estados que fueron territorio de
operativos militares sufrieron aumento en sus indicadores de homicidios
“después” de las intervenciones militares.
“Al
examinar los datos desagregados a nivel estatal se observa un patrón general, excepto
en Michoacán, de marcados incrementos de homicidios en las entidades donde se
implementaron los operativos conjuntos permanentes después de que estos fueron
desplegados”, detalla.
“En
los demás estados donde iniciaron operativos, Baja California, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, no ocurrieron aumentos de homicidios
antes de su implementación. En todos se tenían mínimos históricos estables de
alrededor de 600 homicidios anuales, por lo que no puede decirse que el
despliegue de las Fuerzas Armadas fuese indispensable o incluso necesario
(hasta ahora no se ha liberado diagnóstico alguno con datos más sólidos y
confiables que muestre lo contrario). Es después del despliegue de los
operativos que se desata una ‘ola de violencia’ en estas entidades, siendo
Chihuahua la más afectada con un pico de 6,429 homicidios en 2010 (con una tasa
de 182 por cada cien mil habitantes)”, agrega.
En
la investigación, los autores insisten en que Calderón incluyó en su Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 el concepto de “combate frontal” al
narcotráfico como medio para recuperar la “fortaleza del Estado y la seguridad
en la convivencia social”, pero sin algún diagnóstico que lo justificara.
“Hasta
el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial
que justifique este cambio en la política nacional. Se han expresado diversas
narrativas sobre los motivos que tuvo el Ejecutivo Federal para desplegar
operativos simultáneos en varios estados de la República pero hasta ahora, no
se han liberado datos oficiales que den sustento a estas narrativas”, dice la
investigación.
“El
PND 2007-2012, donde se debieron plasmar los motivos de esta decisión, no
incluyó datos de diagnóstico, con niveles y tendencias, que justificaran la
nueva política nacional”, agrega.
En
2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la “nueva” estrategia de
seguridad de su Gobierno ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación”
y en la “prevención” del delito. Foto: Cuartoscuro
CAMBIOS INSTITUCIONALES
Desde
el inicio de su sexenio, en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que
la “nueva” estrategia de seguridad de su Gobierno ya no sería “reactiva” sino
basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito.
“Vamos
a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo,
pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de
seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de
diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
“La
prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales
de esta nueva política de Estado. Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales
para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias.
Debemos disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a
las futuras generaciones de la delincuencia”, agregó.
Otra
parte de la estrategias, dijo el titular del Ejecutivo entonces, sería la
“transformación institucional”, para lo cual desapareció la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) que se había creado en los años del panismo; pasó la
Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Osorio Chong,
y ordenó la creación de la división de la Gendarmería Nacional.
Luego,
al publicar el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto
especificó que éste era la vía para mejorar las condiciones de seguridad
previstas en su meta de lograr “un México en paz” y que define las estrategias
de “una nueva política pública que enfatiza la prevención del delito,
privilegia la recopilación y el uso de inteligencia”.
Para
2015, sin embargo, el órgano fiscalizador de la administración pública federal
tuvo claro que ni la prevención del delito ni la transformación institucional
ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Presidente estaban
funcionado.
Además
de los nulos avances de la Gendarmería y de la reducción en los operativos de
la PF, a los que además consideró “inerciales” y sin justificación, la ASF
encontró sin impacto claro más de tres mil 366 millones de pesos enviados a los
estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los
Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA).
“En
opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y
combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la
coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento
del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los
3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la
prevención de los delitos”, dice la revisión hecha al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y,
en materia de trabajo de “inteligencia”, la ASF encontró que sólo un 5.2 por
ciento de sus productos –fichas de información de personas vinculadas con
ilícitos, mapeos, análisis de redes y otros– mostraron “planeación” mientras
que, en general, la PF no justificó cómo estos “productos” contribuían a la
anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos.
“La
PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de
inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la
PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución
en la prevención de los delitos”, dice la ASF.
Diversos
analistas han advertido que, pese al discurso de “transformación institucional”
de Peña Nieto, su Gobierno mantiene ante el crimen organizado también la
política de sólo “descabezamiento” de grupos, sin mayores impactos en sus
patrimonios económicos.
Tampoco
ha habido cambios en el marco normativo del combate al narcotráfico, agrega
Galindo López.
“Se
hablaba de regularizar o de las famosas leyes anti narcomenudeo, pero sigue
siendo el mismo marco normativo, punitivo”, dice el investigador.
“Y,
diez años después de una muy mala decisión (militarizar la seguridad pública),
estamos ante la disyuntiva de qué hacer, si seguimos proponiendo la
militarización o buscamos esquemas alternativos para la regulación de muchas
cosas, como los controles de la ciudadanía sobre los cuerpos policiacos y esquemas
de regulación de algunos aspectos del mercado de drogas”, agrega.
(SIN
EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO /MARZO 5, 2017 - 12:05 AM)
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