La esposa y el hijo de Juan
Manuel Muñoz Luévano, conocido como el Mono Muñoz, así como seis de sus
colaboradores, fueron detenidos en España.
El empresario mexicano Muñoz
Luévano, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanquear el dinero
procedente del Cártel de los Zetas, así como sus nexos con el mismo.
El diario digital El
Confidencial publicó que agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
(UDEF) de la Policía Nacional realizaron hoy las detenciones, así como media
docena de registros de domicilios en Valencia y Madrid, las dos zonas en las
que se habían establecido los lugartenientes del Mono.
Los investigadores consideran
que en la ciudad del Turia se encontraban los miembros dedicados al
narcotráfico, mientras que en la capital de España se ubicaban los que
presuntamente se ocupaban de blanquear el dinero procedente de actividades
ilícitas.
La organización mantiene
sobre todo en México una intensa acción criminal, centrada especialmente en el
narcotráfico, aunque también en la trata de personas, el secuestro, asesinato y
atracos violentos.
Entre los detenidos, se
encuentra la mujer y el hijo del Mono Muñoz, quienes presuntamente también
colaboraban en la trama.
El empresario, conocido como
el Ingeniero, está siendo investigado por Anticorrupción por facilitar el
blanqueo del dinero que el resto de la organización obtiene de los negocios del
cártel, tanto en España como en México y otros países, extremos que por el
momento aún están por delimitar en el marco de la causa que instruye la
Audiencia Nacional.
El Mono Muñoz fue capturado
el 18 de marzo de 2016 en su domicilio de Madrid, por orden del juez Ismael Moreno,
que sustituía en ese momento al instructor de la causa, Santiago Pedraz. Tanto
Luévano como sus colaboradores están siendo investigados en el marco del
procedimiento que provocó la detención del ex gobernador de Cohauila y ex
presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira.
La Fiscalía Anticorrupción
consideró que Moreira, como el Mono Muñoz, ayudó en el blanqueo del dinero
procedente de las actividades ilícitas desarrolladas por el cártel. Sin
embargo, el juez Pedraz dio por buenos los documentos entregados en el juzgado
por Moreira, que venían a justificar la procedencia de los fondos introducidos
en España y ordenó su libertad el 22 de enero de 2016, unos días más tarde,
archivó la investigación que había contra él, una decisión que recurrió el
ministerio público, pero que la segunda instancia volvió a cerrar.
La determinación de Pedraz,
además de contradecir a Anticorrupción, fue tomada por el magistrado en contra
del criterio de su compañero José de la Mata, quien había ordenado la detención
de Moreira, mientras sustituía al titular del Juzgado número 1 de la Audiencia
Nacional.
De la Mata entendió que el ex
presidente del PRI contaba con “recursos, medios económicos, vínculos con otros
países y conexiones internacionales” que le facilitaban “salir al extranjero y
sustraerse de la acción de la justicia” así como “destruir pruebas” e incluso
“influir en otros investigados o testigos”.
No en vano, apenas horas
después de abandonar la prisión por orden de Pedraz y de recibir su pasaporte,
Moreira regresó a México, dejando atrás la casa que tenía en propiedad en
Madrid y un curso académico que había emprendido.
La instrucción de la causa por
blanqueo contra el Mono Muñoz y sus colaboradores continúa abierta al margen
del ‘asunto Moreira’ en la Audiencia Nacional, pero también en San Antonio, EU.
Allí el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, coordina las diligencias
contra Muñoz, bajo la dirección de la Fiscalía americana, que investiga al
empresario por su vinculación con los Zetas, después de las acusaciones
vertidas ante el mismo Ministerio Público por otro empresario, que señaló tanto
a Luévano como al propio Moreira.
Las fiscalías de ambos países
están en contacto desde hace más de dos años en el marco de esta investigación,
intercambiando información y coordinando sus actuaciones.
De ahí que el ministerio
público estadounidense también esté reclamando a Muñoz, cuyo testimonio debería
ayudar a avanzar la investigación. A la petición ha accedido ya el Gobierno de
España.
El Consejo de Ministros
acordó el 7 de marzo extraditar al empresario, que se encuentra aún en prisión
en España. Anticorrupción, sin embargo, pretende que el supuesto criminal rinda
antes cuentas con la justicia española en el mencionado proceso judicial
abierto en la Audiencia Nacional. La pretensión del ministerio público pasaría
porque el empresario confiese su culpa y cierre un pacto de conformidad que permita
adelantar la sentencia y dejar vía libre a Estados Unidos.
La posición tomada durante la
instrucción por Pedraz, por su parte, ha sido puesta en entredicho por algunos
medios, debido a que el juez intervino en conferencias organizadas por su ex
compañero y amigo Baltasar Garzón, cuando éste trabajaba para el PRI presidido
entonces por Moreira.
(RIODOCE/REDACCION/ 31 MARZO, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario