Organizaciones de la sociedad civil y
académicos han acusado que la iniciativa de reforma a la Ley, presentada por la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un
retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo
forestal comunitario. Indicaron que el dictamen aprobado en la COMARNAT
generaría efectos adversos al sector forestal y a los bosques. Exigieron al
Gobierno federal garantizar la consulta previa y someter la iniciativa a un
amplio debate entre todos los actores involucrados.
Ciudad de México, 27 de
febrero (SinEmbargo).- El dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable aprobado el pasado 21 de febrero por de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de
Diputados, carece de consulta, no resuelve los problemas del sector forestal e
incluso presenta retrocesos en materia de derechos, denunciaron éste día
productores, organizaciones y académicos.
Algunas organizaciones de la
sociedad civil habían acusado previamente que la iniciativa de reforma a la
Ley, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en
materia de manejo forestal comunitario.
En conferencia de prensa en
el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los inconformes hicieron un
llamado a los Legisladores a no aprobarlo cuando sea sometido a votación en el
Pleno del Congreso de la Unión y, por el contrario, convoquen a un proceso de
reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abierto y
transparente, ya que la iniciativa presentada el 20 de septiembre de 2016 por
la Diputada Alma Arzaluz se dictaminó “en lo oscurito y con prisa”,
denunciaron.
“El partido promovente no
atendió la solicitud de más de 100 organizaciones de todo México ni del
Congreso del Estado de Oaxaca, que demandaron la apertura de la discusión del
documento de iniciativa de reforma de Ley Forestal”, señalaron en conferencia
de prensa.
Raúl Benet, del Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró que las autoridades
exhiben una “necesidad de control con las políticas forestales. Muestra un
proyecto de Gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de
participación ciudadana”.
Además, remarcó que dicha
iniciativa deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados,
debido a un manejo inadecuado, al ser arrebatado de las comunidades indígenas.
Benet criticó que la “avaricia y codicia” representan al PVEM y no “un verde
relacionado con el medio ambiente”.
Además, indicaron que el
dictamen aprobado en la COMARNAT generaría efectos adversos al sector forestal
y a los bosques, ya que, a su parecer, inhibe el manejo sustentable de los
ecosistemas, por lo que significa un retroceso. Ante éste panorama, subrayaron
la necesidad de desechar el proceso “opaco” y trabajar detalladamente en una
reforma a la ley en materia que sí responda a las necesidades del sector.
En su oportunidad, Carlos
Pérez Sebastian, de Silvicultura Ocote Real, lamentó que “las leyes se hacen
para saquear los territorios y permitir que siga habiendo un gran saqueo de
nuestros territorios para dejar pasar a las empresas trasnacionales. Estas
reformas han servido para saquear nuestros territorios, las autoridades actúan
en contubernio con los empresarios”.
Por ello, exigió que las
comunidades sean tomadas en cuenta antes de dictaminar, ya que “[los
legisladores] no pueden hacer lo que quieran porque nosotros les pagamos,
aunque ellos se crean intocables y se den vida de reyes”.
“El Gobierno nos restringe y
nos quita derechos a quienes protegemos los bosques”, indicó.
Juan Carlos Carrillo, del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) remarcó que la iniciativa omite la
misión al manejo comunitario y viola los derechos de los pueblos indígenas.
“[La iniciativa] deja de
reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo
forestal comunitario […] Se debe garantizar la consulta previa, por ello es
necesario que la iniciativa sea sometida a un amplio debate entre todos los actores
involucrados”.
Gonzalo Chapela, académico de
la Universidad de Chapingo, señaló que el proceso de la iniciativa “ha sido una
historia de tropiezos y de compromisos incumplidos”.
“No tiene prácticamente
ningún avance en comparación con la Ley vigente desde 2003. En contraparte
presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para
mejorar el marco jurídico del sector. [La iniciativa] nos parece irregular y
poco conveniente”, subrayó.
(SIN EMBARGO.MX/ IVETTE LIRA /FEBRERO
27, 2017 - 2:02 PM)
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