El 17 de febrero pasado, el
agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, solicitó la orden de aprehensión en contra de César Gerardo
Francisco García Méndez por el delito de administración fraudulenta. García
Méndez, junto con su socio, Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo
León, defraudaron a Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por los 6
millones de dólares (64 millones de pesos a la sazón) que había recibido como
compensación por la cesión de todos los derechos en la sucesión a Emilio
Azcárraga Jean. La orden de aprehensión sólo se giró en contra de García
Méndez, por lo que la de Canales, que jurídicamente sería culpable del mismo
delito, sigue en suspenso.
Este es un primer cierre del
proceso legal que comenzó en marzo de 2012, cuyas imputaciones, presentadas en
este espacio en marzo y abril del año pasado, fueron desmentidas por Canales.
El 31 de marzo, el día que se inició la publicación del expediente, el zar
anticorrupción neoleonés le declaró a Azucena Uresti en Milenio Televisión:
“Este es un expediente que tiene ya varios años y no se ha probado ninguna
culpabilidad de nuestra parte. Son acusaciones que hace el señor Raymundo sin
una base cierta”.
Cuando Uresti le preguntó en
específico sobre la compensación de los 64 millones de pesos, respondió: “Este
es un asunto que está en los expedientes. Ahí está establecido que durante todo
ese tiempo, la parte demandante, la parte acusadora, no ha probado su acción”.
Días después, ante la presión del Congreso local, Canales admitió en una
comparecencia que sí recibió ese pago como parte del proceso en el que defendió
a la señora Cusi, pero negó que se hubiera realizado en forma indebida”.
El caso de la señora Cusi y
Televisa no sólo es relevante porque habla de la forma como Azcárraga Jean
asumió pleno control de la empresa hispana de televisión más importante en el
mundo luego de años de negociaciones, sino porque el fraude cometido en su
contra tuvo como protagonista al zar anticorrupción del Gobernador de Nuevo
León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, cuya campaña electoral tuvo una sola
promesa: combatir la corrupción. De acuerdo con la solicitud de aprehensión en
contra de García Méndez, es probable que la corrupción la tenga en casa con
Canales, asociado completamente en este proceso, como la parte acusada, a su
viejo socio.
El caso, cuyo expediente
consta de miles de páginas, se puede resumir de la siguiente manera:
1.- El 28 de abril de 2011 la
señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de “El
Tigre”, como apodaban a Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean,
mediante el finiquito de 50 mil pesos. Canales no le informó que se había
acordado, por decisión del presidente de Televisa, una contraprestación de 6
millones de dólares a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el
16.6% de la empresa que le fue heredado por “El Tigre”.
2.- El 17 de mayo de 2011,
Canales y García Méndez firmaron esa indemnización mediante una Carta de
Instrucción con el representante de Televisa, Alejandro Bustos, donde
solicitaba a la empresa determinar, a su elección, la forma como se realizaría
el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año,
mediante dos opciones: un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la
vía de Abdadi&Co, Secutities Ltd, en el banco Standard Bank PLC., en
Londres, por 3 millones de dólares; y mediante la contratación que lleve a cabo
Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V.,
por otros 3 millones de dólares.
La señora Cusi jamás se
habría enterado de esta compensación –Televisa tampoco se imaginó, por sus
declaraciones ministeriales, que sus apoderados la mantendrían ignorante del
acuerdo–, de no haber exigido Canales y García Méndez el pago de 5 millones de
dólares por sus servicios. Para ella, en ese momento, no se explicaba ese monto
tras recibir sólo 50 mil pesos, que aceptó porque lo único que le importaba es
que Televisa, que la había presionado metiéndola a la cárcel, se desistiera del
proceso. La exigencia del pago por sus servicios llevó a la señora Cusi a
contratar a otros abogados, quienes descubrieron la existencia de la Carta de
Instrucción, con lo que presentaron la denuncia por fraude en contra del zar
anticorrupción y García Méndez.
El caso que Canales insistió
públicamente que estaba cerrado, contra lo que se publicó en este espacio,
confirmó el rumbo en dirección opuesto al que señalaba. El pliego de
consignación que firmó el agente del ministerio público José Luis Quintero
Mendoza, encontró a García Méndez como probable responsable en la comisión del
delito de Administración Fraudulenta, en agravio de la señora Cusi.
Encontró que actuó con dolo
al haber tenido “pleno conocimiento de que lo que hacía era indebido”. Según el
pliego de consignación, “se desprende que contaba con diversas alternativas de
acción, por lo que le era exigible un comportamiento diferente al efectuado, y
al ser capaz de motivación pudo también determinar su conducta”.
No lo hizo, evidentemente,
como tampoco Canales, acusado por la señora Cusi del mismo delito, y que
tendría que haber sido encontrado, como su viejo socio, presunto responsable
del fraude y girarse la orden de aprehensión en su contra.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27 DE FEBRERO 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario