Legisladores consideran que la justicia
nacional se encuentra en estado de emergencia
Diputadas de la Comisión
Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa reprobaron las sentencias que ha
emitido el Poder Judicial sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, que negaron que haya habido desaparición forzada.
Araceli Damián, integrante de
la Comisión por la fracción de Morena, indicó que la visión de que los jóvenes
sólo fueron ejecutados y no víctimas de desaparición forzada ayuda a ratificar
la cuestionada "verdad histórica" de la Procuraduría General de la
República (PGR).
"Se están tomando como
válidas las investigaciones de la PGR, cuando ha sido fuertemente cuestionada
la 'verdad histórica' por el grupo de expertos internacionales y los peritos
argentinos. Estamos hablando de evidencia que se tomó a base de declaraciones
bajo tortura", indicó Damián.
"Al no haber
reconocimiento de la desaparición forzada, cuando se sabe de la participación
de los agentes policiacos locales y federales, orilla a las familias a acudir a
instancias internacionales y a que nuevamente la justicia en México sea
cuestionada".
La diputada de Morena opinó
que los jueces están protegiendo al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto,
en un caso cuya única evidencia de la muerte de los jóvenes son los restos extraídos
del Río San Juan, que no se sabe si fueron sembrados.
"El único resto del cual
se deriva que los jóvenes fueron quemados es un resto que no tiene
características de haber sido sometido a un fuego intenso, como el que se dice
se generó en Cocula, para ser incinerado", declaró la legisladora en
entrevista telefónica.
"Es lamentable que el
Gobierno federal y que los jueces en México se estén prestando a una situación
como esa. Es una cuestión que pone a la justicia nacional en una situación de
emergencia, porque a final de cuentas no hay una forma de lograr una
investigación imparcial y tampoco jueces imparciales. La impartición de
justicia es desastrosa en el país".
Agregó que el criterio del
Juzgado del Primer Distrito en Procesos Penales Federales y del Segundo
Tribunal Unitario de Tamaulipas no ayuda a esclarecer qué sucedió con los
estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando acudieron a
Iguala, Guerrero.
"La desaparición forzada
implica que el sistema mexicano está corrompido, que es corrupto en muchos
niveles, incluyendo a sus policías, que hay una falla estructural. La
desaparición forzada implica la participación de agentes del Estado y demuestra
el fracaso de los cuerpos policiales, de investigación y del sistema judicial.
"Es reconocer que el
Estado en su conjunto falla en materia de justicia, de cuidar a sus ciudadanos,
proteger derechos humanos, por eso no se reconoce, por eso se oculta lo que
pasó", consideró Damián.
Por su parte, la presidenta
de la Comisión especial de seguimiento al Caso Ayotiznapa, la panista Guadalupe
Murguía, señaló que desde un inicio el primer juzgado desechó el proceso con
base en el delito de desaparición forzada, contrario a la postura de los
familiares.
Explicó que esto llevó a que
el análisis del caso fuera por secuestro y que se llegara a la conclusión de
que los jóvenes fueron ejecutados.
Detalló que esta visión de
los jueces federales impactará en las posiciones que tomen los familiares de
los estudiantes, que han insistido en que siga su búsqueda y que, si están
muertos, el caso se trate como un hecho de desaparición forzada.
(TABASCO HOY/ Redacción Online / 14 DE MAYO 2016)
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