Un Juez federal sentenció que
los 43 normalistas de Ayotzinapa “no fueron víctimas de desaparición forzada,
ya que no fueron ocultados tras su desaparición”, sino que “fueron víctimas de
una ejecución sumaria”, es decir, que “fueron asesinados en un periodo breve”.
Esto lo dio a conocer el
diario de circulación nacional Reforma, que posee una copia de las sentencias
del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la
del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, las cuales son inapelables.
En los documentos se señala
que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres
requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.
Los fallos señalan que las
tres condiciones son indivisibles y a falta de una de ellas no se acredita el
delito.
Los otros requisitos que ya
no analizaron los tribunales son la existencia de: la negativa de los acusados
a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles
involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.
“La naturaleza jurídica [del
delito de desaparición forzada] es distinta a la de otras figuras delictivas
atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas
de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo
en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino
predominantemente en su ocultamiento bajo detención”, indica una de las
sentencias.
“Las constancias procesales
apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el
ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y
trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, señala.
De acuerdo con los jueces, la
desaparición forzada, por tener una finalidad “represiva”, implica una
privación de la libertad extensa, y en este caso eso tampoco ocurrió, ya que
las constancias indican que los estudiantes muy probablemente fueron asesinados
horas después de su detención.
Abel Barajas destaca en su
nota que con tales argumentos, se ha negado girar las capturas por desaparición
forzada en contra de 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como policías municipales
de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la banda “Guerreros Unidos”.
Además, se negaron las
detenciones de Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía Municipal de
Iguala, así como decenas de sus agentes subordinados y del municipio de Cocula,
y presuntos integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”.
La Procuraduría General de la
República (PGR) presentó como indicios los testimonios de presuntos criminales
que afirmaron haber participado en la ejecución e incineración de los estudiantes
en el basurero de Cocula y en el posterior traslado de sus restos y cenizas al
Río San Juan.
En la Universidad de
Innsbruck, en Austria, se identificaron a Jhosivani Guerrero de la Cruz y
Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río
San Juan, en Cocula, cuya cadena de custodia ha sido cuestionada.
Sin embargo, dichas
identificaciones, eventualmente, podrían llevar a consignar a los involucrados
por el delito de homicidio, indica el rotativo.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ SÁBADO, 14
MAYO, 2016 08:35 AM)
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