Las reformas al Código de Justicia
Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos penales prefiguran un
sistema dictatorial castrense, violan la Constitución y la soberanía popular,
engrandecen a las fuerzas militares y hacen vulnerables incluso los recintos
legislativos. Todo esto les dijo la madrugada del 29 de abril el senador
petista Manuel Bartlett a sus pares del PRI y del PAN cuando se disponían a
aprobar sin discusión la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Pero no
lo escucharon… y el riesgo está ahí.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
“Así se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las
armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido
de Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar
y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo
domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de
la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como
inviolables.
Ex secretario de Gobernación
y exgobernador de Puebla, Bartlett intentó infructuosamente, junto con el
senador Alejandro Encinas, que se aprobara una “moción suspensiva” a esas
reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un
escándalo por la modificación “en lo oscurito” del dictamen, que fue avalado
sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del periodo
ordinario.
La minuta proveniente de la
Cámara de Diputados “se aprobó en siete minutos en la comisión, sin dar la
oportunidad de hacer un estudio enorme, que requería mínimo semanas, porque
toca asuntos muy delicados del país”, expuso Bartlett.
Y advirtió: “Las facultades
de los fiscales militares son excesivas. El Código Militar de Procedimientos
Penales crea un sistema dictatorial; este dictamen va más allá de la disciplina
militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la
soberanía popular”.
CRÍTICAS DE LA ONU
No sólo los senadores del PRD
y del PT estuvieron en contra de las reformas a los procedimientos de justicia
militar para ajustarlos al nuevo sistema acusatorio oral. Un documento de tres
cuartillas, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la
ONU, dirigido el 27 de abril a los coordinadores parlamentarios y a los
presidentes de las comisiones dictaminadoras, advirtió que el proyecto de
decreto tenía “aspectos sustantivos” que debían revisarse para evitar mayores
violaciones a los derechos humanos.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2061, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO
VILLAMIL/ 30 ABRIL, 2016)
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