El gobierno estadounidense anunció la aplicación de sanciones en contra de siete empresas mexicanas, a las
que consideró como frentes para el lavado de dinero de la organización criminal
de tráfico de drogas denominada Los Cuinis.
El Departamento del Tesoro, a
través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), confiscó los
bienes y congeló las cuentas bancarias que estén bajo la jurisdicción estadounidense y que pertenezcan a las compañías sancionadas.
Agrícola Boreal, Agrícola
Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step
Latinamedica, Asesores Turísticos y Status Administrativo son las siete
empresas mexicanas que la OFAC identifica como frentes de lavado de dinero para
Los Cuinis y su líder Abigael González Valencia.
Con base en el Acta Kingpin,
el Departamento del Tesoro designó a González Valencia y a la organización de
Los Cuinis como narcotraficantes relevantes.
Además, el gobierno
estadunidense asegura que Los Cuinis, asociados con el Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG), son la organización del tráfico de drogas con más recursos
económicos en el mundo.
De acuerdo con la
Administración Federal Antidrogas (DEA), Los Cuinis ganan más dinero que
cualquier otro cártel de narcotráfico de México, pues exportan cocaína y
mariguana a Europa, donde ganan euros, moneda mejor cotizada que el dólar
estadunidense.
Las sanciones anunciadas por
la OFAC prohíben además a cualquier ciudadano o entidad de Estados Unidos tener
cualquier relación con las siete empresas mexicanas. El hacerlo es un delito
que se paga con multas millonarias y varios años de cárcel.
“Esta acción es un paso más
en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por Los Cuinis”,
señaló en un comunicado John E. Smith, director interino de la OFAC.
El funcionario del
Departamento del Tesoro subrayó que en el gobierno del presidente Barack Obama
tienen la determinación de exponer y sancionar a cualquier empresa que actúe a nombre
de Los Cuinis y su líder, sin importar el lugar donde se encuentre.
La OFAC detalló que las
empresas sancionadas “son propiedad o están controladas” por González Valencia,
Jeniffer Beaney Camacho Cazares (esposa del capo), Diana María Sánchez Carlón,
Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González.
En agosto de 2015, tanto la
esposa del líder de Los Cuinis, y las otras tres personas mencionadas, fueron
designadas por la OFAC como narcotraficantes más significativos. A ellos el
gobierno de Estados Unidos los acusa de jugar un papel importante en la
administración de los activos de Los Cuinis y de su líder, provenientes del
trasiego de las drogas.
De las siete empresas
sancionadas, cinco están ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: Agrícola
Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola de
Sayula y Step Latinamedica. Las otras dos se localizan en la Ciudad de México.
De acuerdo con el
Departamento del Tesoro, Status Administrativo está relacionada con dos
empresas que ya habían sido sancionadas por la OFAC en 2015. A esta entidad la
OFAC la acusa de procesar transacciones a nombre de Los Cuinis, y de compartir
una razón social con Hotelito Desconocido, establecimiento exclusivo localizado
en Tomatlán, Jalisco.
Status Administrativo, de
acuerdo con la OFAC, opera a la vez un estacionamiento con una dirección en
Guadalajara, que comparte con W&G Arquitectos.
Hotelito Desconocido y
W&G Arquitectos estaban relacionados con Los Cuinis en parte por su
propietaria y gerente Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien es cuñada de
González Valencia.
El 8 de abril de 2015, la
OFAC designó a Los Cuinis y a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes
(El Mencho).
Este último y González
Valencia son cuñados, y en marzo de 2014, con base en una investigación de la
DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito de
Columbia los acusó de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de
una empresa criminal activa.
González Valencia fue
arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero El Mencho permanece
fugitivo.
Las sanciones por violaciones
a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de
dólares por cada violación hasta penas criminales más severas.
El castigo para directivos de
empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de
dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de
dólares.
(RIODOCE/ Proceso/ 5 abril, 2016)
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