SALAMANCA, GTO. (Proceso).-
La incertidumbre se respira en la vida cotidiana de esta ciudad, cuya economía
gira en torno a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Petróleos Mexicanos y
la planta termoeléctrica de la CFE.
Sin embargo, lo anterior no
impide que los dirigentes locales del sindicato oficial, el STPRM, pese al daño
que les pudiera ocasionar el recorte presupuestal de 22% a Pemex, sigan
esquilmando sobre todo a los “empleados transitorios” y manejándolos a su
antojo, pues su vulnerable condición de eventuales los coloca en los primeros
lugares de las listas de recortes.
De esa forma, desde el
sindicato “se hace terrorismo laboral y se obtienen beneficios económicos”,
denuncia el dirigente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores
Petroleros, Juan Carlos Chávez González.
Aunque nada queda para
celebrar de la expropiación de 1938, con ese pretexto se programó un
espectáculo de Marco Antonio Solís, El Buki, para el sábado 19 en el Estadio
Olímpico de Salamanca, propiedad del sindicato que encabeza Carlos Romero
Deschamps, con precios de hasta mil 200 pesos en la zona VIP.
Inicialmente esa presentación
se promovió sin logos, pero días después se añadió a los anuncios el distintivo
de la Sección 24 y del grupo que encabeza Raúl Rodríguez, su secretario. Arriba
de la imagen del Buki apareció la leyenda: “Aniversario Expropiación Petrolera
1938-2016 (LXXVIII). Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana. Sección 24 invita”.
Para esos “festejos
oficiales” –específicamente el del aniversario de la expropiación petrolera y
la conmemoración del Día del Trabajo el 1 de mayo–, el STPRM recibe alrededor
de 300 millones de pesos al año de Pemex como uno de los “apoyos” consignados en
el contrato colectivo de trabajo.
Con todo, esa organización
encontró la manera de obtener un beneficio económico en medio del desastre
laboral: cada trabajador transitorio fue obligado a comprar dos boletos para la
presentación del Buki. Y no cualquier boleto, sino los de mil 200 para la zona
VIP.
Chávez González señala que
hasta hace poco los trabajadores podían firmar un vale para asistir a estos
eventos y que el sindicato lo hacía efectivo a través de descuentos en la
nómina. “Pero como ahora no tienen la certeza de que van a poder hacerlo de esa
manera, están obligando a cada trabajador transitorio a pagarlos en efectivo”.
En la planta hay unos 4 mil
800 trabajadores de base; por cada uno de ellos hay uno transitorio.
Además, la Sección 24
solicitó a un grupo de transitorios que colaboraran en la instalación del
escenario y como parte del staff para el evento, denuncia el dirigente de la
ADN.
“Todo lo hace el sindicato a
través de Raúl Rodríguez, secretario general, y los dos secretarios del trabajo:
Erick Ruiz Contreras, en la refinería, y la del área del hospital de Pemex,
María Elena Torres. Ellos manejan a los representantes por departamento o
delegados. Con ellos manejan la venta de boletaje y el reclutamiento de los
transitorios como ‘labor social’. Es una maquinaria de abuso y corrupción”,
sostiene Chávez González.
ENTREGA EN CIERNES
El líder de la disidente
Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros señala que los efectos
inmediatos del recorte y los despidos en Pemex han recaído sobre las áreas de
petroquímica, exploración y producción, es decir, sobre todo en el sureste del
país.
En el caso de Salamanca, “es
un punto considerado básicamente como centro de refinación”, por lo que Chávez
González prevé que el recorte –él lo llama el “desmantelamiento de Pemex”– se
resentirá con toda su fuerza a mediados de este año.
Tras la decisión del
presidente Enrique Peña Nieto de adelantar un año la venta de gasolinas
extranjeras en el país –a partir de abril– el escenario empeora: “Si se abre la
frontera de la venta de las gasolinas o refinados, estamos hablando de un
mercado de 500 mil millones de pesos anuales”.
Por ahora, para paliar los
efectos de la menor contratación de los empleados transitorios, el sindicato y
Pemex vuelven a utilizar la figura de “cubre faltas”.
“Esto ya existía en el
pasado, pero por alguna situación administrativa lo habían dejado de lado.
Ahora la retoman para que los trabajadores temporales tengan dos o tres días
laborales en la semana. Esto apacigua un poco los ánimos de los transitorios y
de base”, explica.
Pero el terrorismo laboral y
estas formas de ejercer control por parte del STPRM surten otros efectos:
“Aunque muchos están conscientes de que estos hechos son consecuencia de la
reforma estructural y hay mucha inquietud por lo que ocurre en otros centros de
trabajo, nadie se quiere mover; hay temor hasta para salir a las marchas”.
Desde 1970 Chávez González
recorrió, como trabajador transitorio, diversas áreas y centros de trabajo de
Pemex en todo el país. Para él esta oleada de recortes es una fase más del
proceso de desmantelamiento de Pemex que fue más evidente a partir del sexenio
de Carlos Salinas de Gortari.
“Fui trabajador de Pemex
Petroquímica. Se dio un proceso muy parecido porque trataron de venderla.
Reformaron, ofertaron y no pudieron vender esos activos. Abrieron el mercado en
1995 y dos años después cerraron casi la totalidad de los centros petroquímicos
(Salamanca, Chihuahua, Cosoleacaque, Pajaritos) diciendo que no había mercado
para el amoniaco y sus derivados, porque habían abierto en 1995 el mercado para
el amoniaco de Ucrania y Canadá.
“Solamente sobrevivieron las
unidades que producían otros petroquímicos agregados; las otras las
desmantelaron y se las llevaron al extranjero. Por eso cuando vemos ese tipo de
proceso, sabemos que viene el desmantelamiento y la venta de los procesos a particulares”,
lamenta.
Incluso, advierte que la
anunciada reconfiguración de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en
Salamanca entraría en el esquema de inversión privada, además de que ya se
cuenta con el terreno, los servicios y el personal capacitado para operar todas
las instalaciones, si bien éstas tendrían que rehabilitarse.
Hasta ahora el compromiso del
gobierno federal para dicha reconfiguración sigue en el aire, aunque el
gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, después de reunirse a principios del
año con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que llegarían a un
acuerdo para garantizar la inversión por lo menos para arrancar en este año.
“Cuando se habla de una
reconfiguración de un centro de trabajo como el de Salamanca, donde tenemos un
proceso importante para la refinación de crudo pesado, hablamos de otro tren de
proceso. Para ello se tendría que instalar algo así como una refinería alterna,
por decirlo así, para todo el proceso que termina en las gasolinas, las
turbosinas, los lubricantes y derivados”, lo cual implicaría la operación de al
menos 12 plantas adicionales a las que ya tiene la refinería, detalla Chávez
González.
“Esa inversión, si es que se
da, será con capital privado. La refinería de Salamanca reúne las condiciones porque
tenemos agua, electricidad, personal capacitado y el terreno”, señala el
dirigente de la ADN, aunque advierte que tendrá que implantarse una estrategia
más drástica para frenar el robo de hidrocarburos y las tomas clandestinas en
esta y otras regiones del país.
Explica: “En los años setenta
y ochenta Pemex tenía en Salamanca un helicóptero base que servía para hacer
recorridos y checar que los ductos estuvieran bien, prevenir perforaciones,
invasiones o robos”. El aparato realizaba tres o cuatro sobrevuelos diarios
entre Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Guanajuato.
“Si lo quiere evitar, Pemex
tiene la tecnología. Pero vemos que le dan 290 millones al sindicato para la
fiesta; se le siguen dando recursos indiscriminadamente para vivienda y otras
cosas, cuando se está pasando por un momento difícil. Los altos funcionarios de
Pemex gastan como marajás con tarjetas empresariales los recursos que podrían
destinarse a la vigilancia de los ductos.”
Chávez González concluye: El
Estado abandonó sus obligaciones constitucionales y empezó a invertir en las
trasnacionales, coludiéndose con ellas y abandonando al país, lo que “ha
llevado a este doloroso desastre económico y laboral”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ VERÓNICA
ESPINOSA/30 MARZO, 2016)
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