La denuncia de abuso sexual del que
presuntamente siete niños fueron víctimas en el albergue rural de Santiago “era
un secreto a voces” en la Coordinación de Albergues Escolares, en la SEP y en
Secretaría de Salud, explican familiares de los menores
Todos Santos, Baja California Sur.- “Me
violaron”, refiere el niño Juan C. Para obtener esa escueta respuesta, los
reporteros de ZETA tuvieron que realizar tres veces la misma pregunta:
“¿Qué fue lo que sucedió?
¿Qué es lo que te pasó?”. El niño de 11 años no responde.
Evidentemente, el tema es muy
incómodo, al grado de molesto.
Nuevamente viene la pregunta,
y el pequeño voltea al techo con la mira perdida. Pareciera estar ausente
durante la entrevista, pero físicamente está en el lugar, sentado en una banca,
moviendo un pie y agarrándose de las
manos.
El rostro del niño denota
miedo y asume una actitud de defensa cuando es cuestionado sobre lo sucedido en
diciembre de 2014.
Insiste en mirar el techo y
la pared de una vivienda en este llamado Pueblo Mágico de Todos Santos. Después
de 10 minutos, comienza a llorar.
El certificado médico
expedido por el Centro de Salud de Todos Santos, y entregado a este Semanario
por familiares y amigos, indica que el infante llegó inconsciente a la clínica
del poblado.
El informe detalla que se le
encontró tirado en el piso del baño general del albergue conocido como Casa
Hogar del Niño, con el cierre abierto y el pantalón abajo.
El parte médico expone que
durante la exploración física “el paciente se encuentra en estado ansioso, con
llanto sin cesar y la mirada completamente perdida”, después de haber sido
víctima de abuso sexual, pese a que, a simple vista, solo presenta un rasguño
en el abdomen.
Los becarios del albergue de
Santiago, únicamente conocen al ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor,
y quien estuvo de visita personalmente antes de salir del cargo en una gira de
despedida.
Después de realizar una
radiografía y algunos estudios, el diagnóstico habla por sí solo:
“Ano con irritación. Esfínter dilatado. Abundante
secreción hialina partículas de heces”,
y concluye:
“Abusado sexualmente mediante penetración anal con
reflejo vaso-vagal secundario”.
El menor fue trasladado a la
clínica personalmente por quien se sospecha fue su verdugo, el director del
albergue, Joel Hernández, quien en su versión, afirmó haberlo encontrado tirado
en el suelo, después de haber sido notificado por otros niños.
Tras ingresar a la víctima y
mantenerla bajo observación, médicos de guardia de ese día prohibieron al
directivo ver al paciente y tener contacto con él por la “pérdida de
confianza”.
Hernández se retiró de la clínica, pero envió a una de
sus empleadas, de nombre Verónica Carbajal, quien -según dijo- en calidad de
“encargada del niño dentro del albergue”, solicitó informes del estado de salud
de éste.
El personal de guardia
cuestionó la violación del niño, la cual asumió una actitud de defensa frente a
los cuestionamientos y reclamos de los médicos, en virtud de que ese albergue
ya había estado involucrado en otros dos casos similares.
Los médicos dieron vista al
Agente del Ministerio Público de Todos Santos que a la vuelta de dos años
archivó la investigación, cuando los abogados del director de Casa Hogar del
Niño, Jaime Cruz y Marbella Sánchez, tomaron el caso.
Desde entonces empezaron las
amenazas y advertencias para el personal médico del Centro de Salud de Todos
Santos, algunos de los cuales, incluso no quisieron declarar en contra del
presunto responsable de ese abuso sexual, quien dentro de la estructura laboral
del albergue tiene a su esposa Alicia Yolanda Zepeda Cázares, y a su cuñado,
Manuel Zepeda Cázares.
Sobre estos hechos, ZETA,
solicitó una entrevista con algún directivo de Casa Hogar del Niño, sin
embargo, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.
EL ESCÁNDALO
El caso del niño Juan C. no parece un hecho
aislado. El 8 de marzo, padres de familia presentaron una denuncia penal en
contra de quien resulte responsable por el delito de violación en agravio de
sus hijos.
El tema fue destapado por el
propio Gobierno del Estado, cuando el director de Comunicación Social, Jesús
Manuel Sobarzo Larrañaga, dio a conocer el caso de siete niños ultrajados en el
albergue rural de Los Cabos.
El funcionario leyó en un
comunicado que habían recibido una denuncia de seis familias de becarios del
citado albergue, quienes expusieron que siete menores de edad presuntamente
habían sido abusados y sujetos de maltratos por parte de otros dos residentes
del centro.
Durante la conferencia, el
directivo omitió el nombre del albergue y el de las víctimas, a fin de no
vulnerar sus derechos.
No obstante, expuso que la
Procuraduría General de Justicia del Estado había iniciado la investigación
correspondiente y ordenó la atención médica y psicológica de las presuntas
víctimas, instruyendo a la
subprocuradora contra la Libertad Sexual y la Familia, a fin de trasladarse al
albergue rural y atender personalmente a los menores y sus familiares.
Asimismo, reveló que la
Secretaría de Educación Pública suspendió del cargo al director del albergue,
hasta en tanto sean deslindadas las responsabilidades, a fin de no entorpecer
las investigaciones de la autoridad.
Según datos recabados por
ZETA, el albergue rural donde presuntamente fueron cometidos los abusos
sexuales, es el Centro Escolar Número 11, “Bonifacio Salinas Leal”, en el
poblado de Santiago, al norte de Los Cabos.
Familiares y amigos de las
víctimas explicaron que “los abusos sexuales ya se habían venido denunciando
desde hace algunos meses atrás a todo el personal del albergue rural, desde el
personal médico hasta trabajadoras sociales, así como directivos del centro”.
A su decir, las vejaciones
eran “un secreto a voces” en la Coordinación de Albergues Escolares, SEP y
Secretaría de Salud. No obstante, nadie hizo nada.
LOS
RESPONSABLES
Según uno de los familiares
de las víctimas, quien solicitó omitir su nombre por obvias razones, consideró
que tanto “la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud, son
moralmente responsables de los lamentables hechos”, sobre todo los siguientes
funcionarios:
* Francisco Javier Anguiano Martínez y
Virginia Gómez Cota, director y administradora del albergue Número 11.
* Jesús Efraín Higuera Flores,
supervisor de los albergues en Los Cabos.
* Erasmo Higuera Mayoral, director de
Albergues Escolares de la SEP en BCS.
Los cuatro directivos no
dieron la importancia debida a las violaciones, incluso los padres de las
víctimas tuvieron que buscar otro canal de comunicación y presentar las
denuncias correspondientes.
Sobre estos hechos, el
supervisor de los albergues en Los Cabos, Jesús Efraín Higuera Flores, declaró
no tener “nada que decir al respecto” cuando ZETA lo interrogó sí había
recibido alguna denuncia sobre los abusos sexuales.
— En su calidad de
supervisor, ¿Usted tuvo en sus manos alguna denuncia sobre las violaciones,
previo al escándalo de los abusos sexuales en el albergue de Santiago? “¿De
dónde me llama, perdón?”, planteó vía telefónica.
— De ZETA. Únicamente
queremos conocer su versión sobre el caso de la violación de siete niños en un
albergue que Usted supuestamente supervisaba.
“¿Tiene la evidencia de la
violación?”.
— No, pero es el caso que el
Gobierno del Estado dio a conocer de supuestas violaciones en un albergue que
Usted supervisaba.
“No tengo información al
respecto”.
— Pero Usted como supervisor,
¿sabía o no de lo que estaba ocurriendo en el albergue de Santiago? ¿Recibió
alguna denuncia o no? “No tengo alguna información al respecto”.
Por su parte, el director de
Albergues Escolares de la SEP, Erasmo Higuera Mayoral, anunció que iniciaría
“una revisión de todos los albergues escolares del Estado, a fin de detectar
focos rojos y actuar de inmediato en este tipo de casos”.
De acuerdo con datos
recabados por ZETA, la SEP tiene 28 albergues escolares distribuidos de la
siguiente manera: seis en Mulegé, nueve en Comondú, dos en Loreto, cuatro en La
Paz y siete en Los Cabos, donde están internados mil 258 estudiantes desde
nivel preescolar hasta secundaria, procedentes de las comunidades rurales de
Baja California Sur.
En cada uno de los albergues
rurales -refieren la SEP y la Secretaría de Salud- hay un médico, una
trabajadora social, una cocinera, una lavandera, maestros y personal
administrativo, los cuales reciben a niñas y niños de rancherías, comunidades
aisladas y zonas marginadas.
Los albergues “son administrados por maestros
normalistas titulados y de estado civil casados, quienes tienen vocación de
servicio que permita una entrega profesional y una ética de comportamiento
capaz de brindar una asistencia confiable y segura a los niños”.
Lo sucedido en el albergue
rural de Santiago dista mucho de lo que públicamente presume la Secretaría de
Educación Pública.
(Colaboró Alejandro Acuña
Rivera)
(SEMANARIO ZETA/ Reportajez BCS /Gerardo
Zúñiga / Martes, 15 marzo, 2016 12:00 PM)
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