CIUDAD DE MEXICO (apro).-
“Pecadores sí, corruptos jamás”, exclamó el Papa Francisco en la homilía de la
misa que celebró en El Vaticano el viernes 29 de enero, exactamente dos semanas
antes de iniciar su visita pastoral a México, un país capturado por la corrupción
que nace en la cúspide del Estado que encabeza Enrique Peña Nieto.
En esa homilía, en la capilla
de la Casa de Santa Marta, como lo expone también en el libro El Nombre de Dios
es Misericordia, del vaticanista Andrea Tornielli, el Papa afirmó que los
corruptos no sienten, a diferencia de otros pecadores, la necesidad de pedir
perdón, porque les basta el poder sobre el que se basa su corrupción:
“Hay que hacer una diferencia
entre el pecador y el corrupto. El primero reconoce con humildad ser pecador y
pide continuamente el perdón para poderse levantar, mientras que el corrupto es
elevado a sistema, se convierte en un hábito mental, en un modo de vida”.
Más allá de los matices entre
lo espiritual y lo terrenal, la corrupción es uno de los temas que ha marcado
el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, el religioso argentino que está
sacudiendo las estructuras de la iglesia católica, y no podría omitirla si su
anfitrión en México la simboliza y sobre todo si anida en las estructuras del
poder político, económico, mediático y eclesiástico.
No es casual que en víspera
de la visita del Papa, prevista para este viernes 12, Peña remueva al director
general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, involucrado en el
escándalo de corrupción de la trasnacional española OHL, de la que fue uno de
sus principales consejeros y operadores.
Pero esta noticia, que
parecería buena, en realidad es nociva: A Lozoya lo sustituye José Antonio
González Anaya, concuño de Carlos Salinas, casado con Gabriela Girard Rivero,
hermana de Hipólito, cuya empresa Constructora y Edificadora GIA+A tiene
jugosos contratos de obra y concesiones carreteras, hospitalarias y hasta de
cárceles.
Otro cuñado de Carlos Salinas
y del nuevo director de Pemex, Jerónimo Marcos, está al frente de la empresa
que administra fideicomisos para fondear, entre otros polémicos contratistas,
al tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito de Peña
Nieto, constructor y financiero de la Casa Blanca, propiedad de Angélica Rivera.
GIA+A, no hay que olvidarlo,
era parte del grupo empresarial encabezado por China Railway Construction
Limited que ganó la licitación para construir el tren de alta velocidad
México-Querétaro que antes de su cancelación preveía una inversión por 50 mil
820 millones de pesos y que involucraba también a la Constructora Teya, de
Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú también vendió
una residencia al secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco, Estado de
México, en otra turbia operación financiera, con el sello de la corrupción del
gobierno de Peña.
Y justo a unos días de la
visita del papa Francisco a México, el semanario Proceso publica en su edición
de esta semana, junto con el portal Aristegui Noticias, una maciza
investigación de Jenaro Villamil sobre otro emblemático acto de corrupción al
más alto nivel político y eclesiástico: La fraudulenta boda de Peña y La
Gaviota.
En la maquinación para anular
el primer matrimonio de Rivera interviene el poder político con Peña como
gobernador del Estado de México, el mediático con Televisa y el eclesiástico
con el cardenal Norberto Rivera, capaces de todo para consolidar el proyecto de
corrupto y corruptor que se instaló en México en 2012.
En este contexto está en
curso una idea de ciudadanos para que la iniciativa 3 de 3 se convierta en una
iniciativa de ley ciudadana y los servidores públicos obligación jurídica –no
simple buena voluntad– de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses
y fiscal.
El siguiente paso es reunir
120 mil firmas para materializar este esfuerzo que, aunque parece fácil por su
cantidad, es clave para la otra etapa: Que el Congreso procese, sin regateos,
esta iniciativa ciudadana que, al margen de ideologías, es una herramienta para
combatir la principal enfermedad nacional de México…
APUNTES
La llegada de González Anaya
a Pemex fortalece al presidenciable José Antonio Meade, secretario de
Desarrollo Social, precisamente el encargado de comprar como secretario de
Hacienda de Felipe Calderón el avión que costará a los mexicanos 7 mil 500
millones de pesos y que a Peña le urge estrenar…
Comentarios en Twitter:
@alvaro_delgado
(PROCESO/ ANÁLISIS/ ÁLVARO DELGADO/ 8 FEBRERO, 2016)
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