Mientras se analizan las dos peticiones
para hacer que Joaquín Guzmán Loera enfrente la justicia en California y Texas,
el narcotraficante se ampara temiendo los requerimientos para enjuiciarlo en
Brooklyn, Nuevo México, Arizona e Illinois. En la DEA aseguran tener testigos
de que el líder del Cártel de Sinaloa participó en el secuestro y muerte del
agente Enrique Camarena. Expertos no ven cercana la entrega del capo a los
Estados Unidos que ha promovido cuatro amparos desde su recaptura
Estados Unidos lo reclama.
México está dispuesto a extraditarlo. Finalmente la decisión de la autoridad
nacional es administrativa, previo procedimiento judicial para escuchar y
vencer al extraditable. Sin embargo, la entrega del narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán a la justicia norteamericana parece que no será pronto.
El líder del Cártel de
Sinaloa ya contaba con, por lo menos, seis juicios de amparo vigentes en contra
de la posible extradición, tramitados antes y después de escapar de prisión en
julio del año pasado. Tras su recaptura el 8 de enero de 2016, sus abogados le
han promovido por lo menos otros cuatro. En todos cuenta con la suspensión
provisional o de plano para que las cosas se mantengan como están.
Por lo pronto ya se
cumplimentaron las dos órdenes de detención provisional con fines de
extradición que se dictaron en julio –inmediatamente de la evasión– y en
septiembre para que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera sea llevado ante Cortes de
Distrito de los estados de California y Texas.
La estrategia legal del
“Chapo” de llenar de demandas de amparo los juzgados federales del Distrito
Federal y el Estado de México no obedece a combatir esas dos órdenes ya
cumplimentadas, sino al temor de que en cualquier momento el gobierno mexicano
reciba el resto de las averiguaciones norteamericanas que se encuentran en
Nueva Jersey, Illinois y otros distritos.
Muchos de esos juicios de
garantías “morirán” jurídicamente durante los siguientes meses en cuanto todas
las autoridades que se mencionan informen que no existe el acto reclamado –al
menos no uno nuevo– y se establezca que en otros juzgados ya se estudian los
dos asuntos confirmados.
Mientras los medios de
comunicación realizan sondeos con sus lectores o televidentes y los investigadores
académicos y abogados dividen opiniones sobre la conveniencia de extraditar a
Guzmán Loera, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abrió la
puerta a la entrega al declarar que México seguirá la ruta de la colaboración
con el Gobierno de los Estados Unidos, porque en ese sentido, la Unión
Americana siempre ha colaborado con nuestro país.
El temor a la extradición por
parte del “Chapo” Guzmán se incrementó luego de que a los días de ser
re-internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1
Altiplano, en Almoloya de Juárez, trascendió en voz del informante de la DEA,
Héctor Berrellez, que al sinaloense se le involucra en el secuestro y asesinato
del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar, en 1985.
LOS SALDOS DE GUZMÁN
Cuando Joaquín Archivaldo fue
recapturado el 22 de febrero de 2014 –tras su fuga del penal de Puente Grande
en 2001– apenas había compurgado siete años y medio encarcelado, producto de
tres condenas firmes que sumaron la friolera de 20 años y nueve meses de
prisión. Acumuló en ese lapso al menos 13 órdenes de aprehensión y
reaprehensión.
En esta segunda excursión del
narcotraficante e infeliz retorno al centro penitenciario del Altiplano, “El
Chapo” Guzmán contaba con las dos órdenes de detención provisional con fines de
extradición, un mandamiento de recaptura por la evasión y diez procesos penales
vigentes en Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Estado de México y Distrito
Federal, uno de ellos por la primera escapatoria.
Durante su ausencia de
prisión, a Guzmán Loera le iniciaron diversas averiguaciones previas en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), en la Procuraduría General de la República. En la indagatoria de la
fuga de Almoloya se le fincan cargos por daños, cohecho y delincuencia
organizada. También enfrentará acusaciones por los delitos derivados de la
balacera en Los Mochis cuando fue detenido tras huir de la Marina por el
alcantarillado.
Desde las primeras horas de
su reaprehensión y hasta el cierre de la presente edición, el capo ha promovido
cuatro juicios de amparo en contra de actos de incomunicación, tormentos y
desde luego la extradición. Simultáneamente presentó las dos primeras demandas
de derechos fundamentales el mismo viernes 8 de enero; una en un juzgado en
materia penal y otra en uno administrativo.
Con el número 39/2016 fue
admitido el expediente del amparo interpuesto ante el Juzgado Noveno de
Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal. El abogado Juan Pablo
Badillo Soto reclamó a nombre de su cliente “la orden o disposición para
detener y confinar fuera de todo procedimiento judicial al quejoso,
sometiéndolo a violenta degradación e inhumano maltratamiento”. También dijo
que estaba incomunicado y sufría maltrato psicológico físico y degradante “con
inusitada violencia”.
La demanda de garantías,
derechos fundamentales, 75/2016, presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Administrativa en la Ciudad de México fue remitida también ante el
Juzgado Noveno de Amparo en Materia Penal, pues el juez administrativo se
declaró incompetente para conocer del asunto en razón de la materia. En el
Noveno se dio nuevo número al juicio como el 47/2016.
En esta última petición de
amparo, Andrés Francisco Castillo Flores compareció en representación de “El
Chapo” Guzmán para reclamar del secretario de Relaciones Exteriores y otras
autoridades “la incomunicación, tormentos, pretender privar de la vida y tratar
de sacar al quejoso del país, deportándolo y extraditándolo a los Estados
Unidos de América, sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento,
en especial, hacerlo víctima de desaparición forzada”. El mismo 8 de enero se
admitió por lo que ve al tema de la extradición.
El domingo 10, internado en
el penal del Altiplano, Guzmán interpuso una nueva demanda de protección ante
el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en
el Estado de México (37/2016) por presuntos actos de incomunicación, tortura
psicológica y deportación y/o extradición.
Finalmente el martes 12, en
el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal
se admitió el juicio de garantías 27/2016 promovido por el abogado José Luis
González Meza en favor de Joaquín Archivaldo, quien reclama la orden de
extradición y su ejecución. Tanto éste, como el amparo en el Estado de México,
señalan entre las autoridades responsables al Presidente de la República.
ACUSACIONES EN EU
De las dos órdenes
peticionadas por el gobierno estadounidense a México para extraditar al líder
del Cártel de Sinaloa o del Pacífico, la más antigua se refiere a hechos
ocurridos desde la década de los ochenta, aunque fue integrada hasta el año de
1996 en el sur de California. La segunda obedece a pesquisas realizadas por autoridades
federales en el estado de Texas.
El 29 de julio de 2015, el
Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal ordenó la detención formal con fines de extradición del reclamado,
previo trámite de la Embajada del vecino país del norte, recepción y entrega de
la Cancillería mexicana a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la PGR.
La Corte Federal de Distrito
para el Distrito Sur de California reclama al narcotraficante Guzmán Loera
desde el 23 de agosto de 1996, acusado del cargo de asociación delictuosa para
importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. Se señala que “El
Chapo” habría logrado introducir hasta antes de esa fecha más de ocho toneladas
del alcaloide, principalmente a través de un túnel de 450 metros de largo
construido a 25 metros de profundidad para conectar las ciudades de Tijuana y
San Diego, en la zona de la Mesa de Otay. El túnel fue descubierto en mayo de
1993, unos días antes del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en
Guadalajara.
Los principales socios de
Joaquín Guzmán en aquellos años, Enrique Ávalos Barriga, José y sus hermanos
Jesús y Antonio Reynoso González ya han sido sometidos a juicio por el gobierno
estadounidense. En el caso de Ávalos, en 1997 fue sentenciado a cadena perpetua
por la juez federal Leland Nielsen. Por lo menos 19 “empresarios” fueron
vinculados al asunto.
La segunda orden de detención
provisional con fines de extraditar a “El Chapo” Guzmán fue obsequiada en otro
Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en la
segunda quincena de septiembre de 2015.
La Corte Federal para el
Distrito Oeste de Texas –en San Antonio– dictó orden de aprehensión contra el
mexicano y a través de las autoridades diplomáticas realizaron la petición de
entrega de Guzmán para procesarlo por los delitos de asociación delictuosa,
delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y
posesión de armas de fuego.
Además de California y Texas,
al sinaloense le aguardan imputaciones en otras jurisdicciones de los Estados
Unidos en Brooklyn, Texas, Illinois, Arizona y Nuevo México. En una nueva
vertiente se habla de la construcción de una nueva acusación contra “El Chapo”
por el secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar en los
primeros meses de 1985. A más de 30 años de los hechos, presuntamente hay
testigos que señalan a Guzmán como parte del grupo que participó en el crimen.
ENTREGARLO O NO
El tema de la extradición se
discutió ampliamente durante la primera semana de la recaptura de Joaquín
Guzmán Loera y los expertos no pudieron ponerse de acuerdo ni en la
conveniencia de que el narcotraficante sea llevado ante la justicia
norteamericana ni en el plazo que podría transcurrir para ver materializada la
entrega. Algunos estiman que podrían ser meses, otros uno o dos años.
El investigador académico
español, Jesús Pérez Caballero, experto en seguridad internacional, habló para
ZETA de los pro y los contra de una eventual entrega del citado
narcotraficante: “Desde una perspectiva política, sería una manera de
reconocer, definitivamente, que México todavía no está preparado para retener
en sus prisiones a capos con determinado nivel de poder”. El ángulo positivo
radica en que la cesión del delincuente “estaría ahorrando un problema al
Ejecutivo federal, pues nadie asegura que no haya una tercera huida del
‘Chapo’”.
Sin embargo, Pérez Caballero
destaca que “hay algo bastante negativo sobre la extradición. En Estados Unidos
solo se le va a acusar de narcotráfico. En cambio, cualquier tipo de
investigación sobre corrupción, nexos políticos o asesinatos masivos que haya
promovido como líder del cártel de Sinaloa, es improbable que se realice y
podrían quedar en el olvido”.
El investigador destaca que
lo anterior se ha visto con los paramilitares colombianos de las Autodefensas
Unidas de Colombia que han sido llevados ante la justicia norteamericana.
Colombia ya no les padece más y “Estados Unidos los puede acusar de lo que le
interese”. Pronostica que de darse la extradición, “El Chapo” sí aportaría
información al gobierno del vecino país, pues caso contrario le significaría
una posible cadena perpetua.
“Plantear el debate sobre la
extradición es también aceptar el discurso sobre el narcotráfico que comparten
el gobierno de ambos países. Se trata de una lucha de los gobiernos contra un
puñado de individuos poderosos. Sin embargo, la realidad del narcotráfico es
mucho más gris, con nexos entre las autoridades y los delincuentes. Son
diversos aspectos que trascienden esa gigantomaquia de Presidentes versus Capos
que se deriva de considerar que la extradición solucionaría todo”, puntualizó
el doctor Pérez.
El investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, Doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, estima que
para lograr la extradición “primero se tiene que cumplir con lo que marca la
ley en México y que es enjuiciar penalmente a Joaquín Guzmán Loera. Lo que
tiene prelación es la investigación de la última fuga”.
“El tiempo para la
extradición depende directamente de las autoridades. Sí nos apegamos
estrictamente a derecho Joaquín Guzmán Loera tendría que cumplir parte de la
sentencia en nuestro país y eso, pues llevaría años. Si bien en este entramado
jurídico se encuentra la manera de resolverlo, a lo mejor nos podría llevar
algunos meses. Y si nos brincamos todos los formalismos, se puede llevar en
días. Eso depende de las autoridades mexicanas, de cómo lo intenten resolver”,
dijo Barrón.
Por su parte, el Doctor
Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO y de CIDAC, refiere que el
caso de la fuga de “El Chapo” Guzmán era un pasivo muy grave para la actual
administración y que “en Estados Unidos se termina con la capacidad de
corromper a las autoridades para tener un régimen de privilegio u obtener
fallos judiciales favorables. En ese sentido sería más rígida y más pesada la
sanción que podría aplicársele en ese país. Inclusive, siendo la prisión
vitalicia”.
El maestro Fernando Espinoza
de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara, tiene otra
óptica. “Bueno, yo pienso, ¿a quién beneficia en realidad la extradición? ¿Le
beneficia al Estado mexicano? ¿Le beneficia a los Estados Unidos de América? o
¿le beneficia al ‘Chapo’ Guzmán? Yo creo que en este contexto como se manejan
las cosas, al que le beneficia es al ‘Chapo’”.
“Curiosamente. Porque el
‘Chapo’ tiene una gran capacidad de negociación, porque él va a negociar con lo
que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere información porque la
tiene. Eso de antemano lo sabemos. Los Estados Unidos lo que quieren es parte
del dinero que él tiene, porque el negocio de la droga es el dinero”, afirmó el
catedrático, quien pronostica que la extradición podría darse en un año a más
tardar.
LOS EXTRADITABLES
El 30 de septiembre de 2015
el gobierno federal hizo entrega de 13 delincuentes de la baraja criminal
mexicana, en su mayoría narcotraficantes, entre los que destacaban Édgar Valdez
Villareal “La Barbie”, Jorge Eduardo Costilla Sánchez “El Coss” y el
jalisciense Antonio Reynoso González (socio de “El Chapo” Guzmán).
Sin embargo, la lista de
objetivos del gobierno norteamericano es muy amplia. Desde narcos y polleros,
hasta presuntos homicidas y violadores son reclamados en extradición
internacional. La mayor parte de los extraditables están actualmente detenidos
en prisiones del país.
Entre los reos más
importantes que en un futuro podrían ser entregados en la línea fronteriza
entre ambas naciones se encuentran los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar de
apellidos Treviño Morales, mejor conocidos como “Z-40” y “Z-42”, ex líderes de
la organización delictiva Los Zetas.
Vicente Carrillo Fuentes, ex
jefe del Cártel de Juárez, y los miembros del Cártel del Pacífico Ismael
Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Pelos”,
Pelayo, Inés Coronel Barrera, Víctor Emilio Cázares Salazar y Miguel Ángel
Guzmán Loera “El Mudo”, hermano de “El Chapo”, también aparecen en
averiguaciones de Cortes de Distrito estadounidenses.
Sin olvidar a los ex sicarios
y jefes de plaza del Cártel de los Arellano Félix encabezados por “El
Ingeniero” Fernando Sánchez Arellano, Teodoro García Simental “El Teo”, Carlos
Herrera Ávalos y/o Gustavo Rivera Martínez “EP-1” y Juan Francisco Sillas Rocha
“El Ruedas”.
Del Cártel del Pacífico Sur
son extraditables Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H” y Gerardo Álvarez Vázquez
“El Indio”. De La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios están enlistados
Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Jesús Méndez Vargas “El Chango”, Arnoldo
Rueda Molina “La Minsa” y Rigoberto Andrade Rentería, entre otros.
Muchos otros presuntos
criminales, entre ellos los legendarios narcos Ernesto Rafael Fonseca Carrillo
“Don Neto”, Miguel Ángel Félix Gallardo y los prófugos Rafael Caro Quintero e
Ismael “El Mayo” Zambada, son candidatos anunciados por el gobierno extranjero.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ LUIS
CARLOS SÁINZ MARTÍNEZ/ FOTOS. INÉS GARCÍA/
18 DE ENERO DEL 2016 A LAS 12:40:44)
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