La
edificación de la Plaza 11 de julio fue suspendida al no acreditar su
cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de construcción; el
Senado de la República investiga el caso. Paralizar la obra significa una
pérdida de 200 mil pesos diarios y el riesgo de tener que devolver a la
federación 95 millones de pesos no invertidos. De los árboles talados y
removidos, cinco especies no sobrevivieron
Ni
Gobierno del Estado, ni municipio de Tijuana, lograron certificar que las obras
que se ejecutan con recurso público federal en el Parque Benito Juárez, cuenten
con las debidas licencias de uso de suelo, remoción o tala de árboles, ni con
la autorización correspondiente para explotar bancos de material, como la arena
que del predio es sustraída.
Estas
posibles irregularidades también son investigadas por la Comisión del Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República.
Pero
mientras se corrobora si el proyecto es o no sustentable, a decir de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) la
clausura de la obra significa para el erario una pérdida diaria de 200 mil
pesos, cantidad que debe ser indemnizada a la empresa Jay Construcciones, de
acuerdo al contrato que se suscribió para la edificación del Multiforo y la
construcción de la torre emblema de la Plaza 11 de julio.
LAS RAZONES DE LA CLAUSURA
Aunque
es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la única
autoridad con facultades para expedir permisos para tala, hasta el momento ni
la autoridad que desarrolla la Plaza 11 de julio, ni sus promotores, han
presentado los permisos federales correspondientes para la remoción o tala de
164 árboles del Parque Benito Juárez.
La
documentación exhibida ante las autoridades que así se lo han requerido, como
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la expedida por la dirección
de Protección al Ambiente del Municipio de Tijuana, lo cual el TCA consideró
carente de sustento “fehaciente” para demostrar el cumplimiento de la
normatividad en uso de suelo, construcción e impacto ambiental, por lo que
ordenó la clausura de la obra.
Desde
su inicio, la Plaza 11 de julio ha sido cuestionada por el impacto al medio
ambiente que significa el modificar el Parque Benito Juárez para que la obra de
concreto pueda erigirse.
La
modificación de uso de suelo de tres predios públicos en los que se levanta el
inmueble promovido por el Patronato 11 de julio, que encabeza Carolina Aubanel
Riedel, tampoco ha sido aclarada del todo. Por ello los grupos de ciudadanos
inconformes con la obra que califican de arbitraria la han denunciado desde su
concepción, en 2010, como irregular.
Fue
hasta marzo de 2015 que lograron ser escuchados, al atender el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo una queja presentada por el grupo que dirige Sabino
Arellano, por la expedición de permisos que el Municipio de Tijuana otorgó para
la edificación de la plaza, sin el seguimiento normativo correspondiente.
Ante
el Tribunal, los quejosos acusaron al presidente municipal en turno, Jorge
Astiazarán, de permitir el desarrollo de la obra sin comprobar que ésta fuera
sustentable.
En
marzo de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado requirió
al municipio proveer pruebas que demostraran que las obras proyectadas en el
predio con Clave Catastral RG-023-001, dónde se ubica el Parque Benito Juárez,
procuren un beneficio para la sociedad.
El
16 de abril de 2015 la magistratura emplazó al municipio a exhibir en un
término de tres días la totalidad de los documentos y permisos relacionados con
la obra, el gobierno de Jorge Astiazarán no cumplió, por lo que le fue ordenado
suspender la ejecución del proyecto, lo cual tampoco obedeció.
ASTIAZARÁN MULTADO POR DESACATO
En
abril de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a Jorge
Astiazarán materializar la resolución, pero el presidente municipal de Tijuana
ignoró la ordenanza y se limitó a presentar documentación que no se consideró
válida, por lo que fue multado con un mes de salario mínimo vigente.
La
sanción administrativa le tendrá que ser aplicada vía nómina, por violentar “la
suspensión definitiva concedida en el presente juicio”.
La
multa se impuso el jueves 24 de septiembre de 2015, acompañada de una nueva
resolución del Tribunal, acreditar en tres días (hábiles) el “completo
cumplimiento a la suspensión
definitiva”.
Caso
contrario, se advirtió a Astiazarán, sería acreedor “a una multa de tres meses
de salario mínimo vigente”.
Fue
así que el mediodía del martes 29 de septiembre, el XXI Ayuntamiento de
Tijuana, a través de los inspectores de Desarrollo Urbano, procedió a parar la
construcción del proyecto.
La
clausura es por tiempo indefinido, hasta que jurídicamente se sustente la
viabilidad ambiental y técnica del proyecto, algo en lo que apenas se ocupa el
área jurídica del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y que la Secretaría
General de Gobierno, a cargo de Francisco Rueda, dice no tener fecha para
delimitar.
MUNICIPIO AUTORIZÓ TALA
Una
vez clausurada la construcción de la Plaza 11 de julio, el secretario de
desarrollo urbano y ecología de Tijuana, Roberto Sánchez Martínez, y el
director de protección al ambiente de Tijuana, Gabriel Alonso Veytia Burgueño,
admitieron que el municipio permitió la remoción, reubicación y tala de
árboles.
La
solicitud para tal acción la requirió, y le fue autorizada, al Patronato 11 de
julio.
El
20 de agosto de 2013 la Dirección de Protección al Ambiente emitió un dictamen
procedente referente a la reubicación de 97 ejemplares y la tala de un árbol de
la especie eucalipto.
Asimismo,
el 24 de abril de 2015 se dio otra autorización “para el trasplante de 66
especies de diferentes tipos y alturas y solamente la tala de cinco diferentes
especies”, detalló el titular de la dependencia.
Cada
especie se encuentra debidamente registrada en un catálogo, cada árbol se
encuentra debidamente removido y trasplantado en otra área de la ciudad,
principalmente en la Zona Río, alrededor del CREA y atrás de la glorieta de Tomás
Aquino, dijo.
Y
admitió: “Cuatro a cinco especies no sobrevivieron a la remoción del
trasplante”.
TRIANGULACIÓN EN SOLICITUD DE LICENCIAS
De
las licencias de construcción, Roberto Sánchez precisó que la primera de ellas
se expidió el 29 de noviembre de 2010, a petición de Ricardo Cisneros
Rodríguez, director general del Patronato 11 de julio.
La
Plaza 11 de julio, obra que se desarrolla en una superficie 225 mil metros
cuadrados, está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del
Estado (SIDUE), la cual tendría que ser la encargada de requerir permisos y
licencias, de acuerdo a la normatividad, opinó Roberto Méndez, ex presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana.
Fue
hasta el 7 de agosto de 2013, cuando se requirió la tercera prórroga para la
obra, que SIDUE requirió los permisos para su ejecución, lo hizo a nombre del
ingeniero Gabriel Arvizu Loyola, delegado de la dependencia en Tijuana,
autorización que venció el lunes 28 de septiembre, un día antes de la clausura
y no había sido revalidada.
PROYECTO BAJO INVESTIGACIÓN
El
8 de julio de 2015 la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, secretaria de la
Comisión de Protección al Ambiente, presentó una proposición con punto de
acuerdo por la que se exhortó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de impacto
ambiental para la construcción del proyecto Zócalo 11 de julio. También se le
requirió notificar sobre los permisos y autorizaciones para la construcción de
la obra.
En
tanto, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), se le exhortó a investigar sobre la tala de árboles dentro del
Parque Benito Juárez.
En
el mismo punto de acuerdo se instruyó al gobernador de Baja California,
Francisco Vega de Lamadrid, reforzar la vigilancia en esa área verde “y se
evite de manera inmediata la tala de árboles”. Hasta el momento ninguna
autoridad ha respondido.
La
comisión también trabaja en un punto de acuerdo para elevar las multas, tanto a
particulares como a las propias autoridades que permitan o realicen daños a la
naturaleza.
PRESUPUESTO LIMITADO Y SIN APLICAR
Edificado
meramente con recurso público federal, la clausura del proyecto Zócalo 11 de
julio representará un menoscabo económico para el erario de Baja California,
pues tendrá que pagar una indemnización a la empresa que lo edifica, además de
que corre el riesgo de tener que devolver a la federación 95 millones de pesos
no ejercidos en la obra.
En
2013 el gobierno federal asignó 100 millones de pesos para el arranque del
proyecto, el cual quedó a cargo de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado quien, a su vez, lo concesionó a la empresa Jay
Construcciones.
En
2014 la federación etiquetó una partida similar, con lo que dio arranque la
edificación del Multiforo y la cimentación del edificio emblema de la Plaza 11
de julio.
Para
2015 se esperaba una cantidad igual, pero el recorte presupuestal de la
federación redujo la partida destinada para la plaza a 50 millones de pesos,
cantidad que se especificó para la “conclusión del Multiforo, edificio del
Instituto de la Cultura de Baja California, andadores y áreas verdes de la
Plaza 11 de julio”.
A
la fecha el avance de la obra se aprecia lento, siendo el Multiforo la obra de
mayor progreso con un 95 por ciento de avance.
Ello
ha derivado en una aplicación incompleta de los recursos destinados para el
desarrollo de la acción.
De
los 250 millones que la federación ha canalizado en tres años para la ejecución
de la plaza, SIDUE solo ha aplicado 155 millones; el resto, 95 millones de
pesos están en riesgo de que el gobierno federal los requiera si no se ejercen
dentro del actual ejercicio fiscal. La clausura de la obra aumenta el riesgo de
incumplimiento.
En
su origen, para el desarrollo del proyecto se estableció un 75 por ciento de
inversión privada y solo la aplicación de un 35 por ciento de recurso público.
PATRONATO INCUMPLE
Desde
su conformación en 2010, el Patronato 11 de julio ha sido beneficiado con
recurso público para operar como gestor de la plaza del mismo nombre, pero
hasta el momento su representación no ha dado resultados. La obra continúa sin
contar con postores que inviertan en ella.
Tanto
la federación como el gobierno de Baja California, han asignado recursos
públicos para el organismo civil encabezado por Carolina Aubanel. Mientras la
federación le ha asignado recursos a fondo perdido destinados para la promoción
turística, el Estado ha tomado del presupuesto etiquetado al rubro de educación,
para aportar al sostenimiento del patronato.
Los
montos y el manejo de este apoyo no han sido transparentes.
Lo
único claro es el poco resultado de los estudios de costo-beneficio y el
análisis del modelo de negocio en los que el organismo dice aplicar los
recursos que le son proveídos, porque hasta el momento la Plaza 11 de julio
carece de inversionistas interesados en invertir en el proyecto.
Por
ello el patronato no ha presentado ante la Junta de Asociaciones Público
Privadas del gobierno del estado las propuestas, situación que también ha
frenado la ejecución de la obra.
En
lo que va del 2015 ha requerido de dos prórrogas al gobierno de Francisco Vega
para poder reunir a los posibles candidatos a participar en la inversión de la
Plaza 11 de julio.
La
última prórroga la solicitó en agosto pasado y vence en febrero de 2016, si
para entonces continúa sin postores y un modelo de negocio que lo haga
sustentable económicamente “el estado tendrá que definir qué tendrá que hacer,
porque no puede dejar una obra inconclusa”, señaló Manuel Guevara, titular de
SIDUE.
Hasta
el cierre de esta edición, ningún integrante del patronato quiso dar una
postura sobre la clausura y la situación del proyecto.
AUBANEL: SÍ SE CUENTA CON TODOS LOS
PERMISOS
Por
una omisión del jurídico del gobierno del estado, que no contestó en tiempo y
forma, se clausuro la Plaza 11 de julio, señaló Carolina Aubanel Riedel,
presidenta del Patronato 11 de julio.
“Hay
omisiones en la acción, pero ya trabajan en ello”, dijo al referirse a las
autoridades estatales. Aseguró que sí se cuenta con todos los permisos y
licencias tanto locales como se Semarnat y Profepa, caso contrario, “no
habríamos podido gestionar recursos federales”, pero negó que por el proyecto
se haya talado un solo árbol.
Calificó como cíclicos los ataques contra la
obra, particularmente previo a las elecciones, y con ello “no perjudican al
patronato, sino el progreso de la ciudad, cuando no se ha gastado ni un peso de
los tijuanenses en el proyecto”, asentó.
Respecto
a la prórroga solicitada para la presentación de propuestas, anotó que, a
sugerencia de las propias autoridades del estado, se contrató al despacho de
Federico Carstens para que realice el estudio financiero del proyecto, el cual
se tendrá listo para el 29 de febrero, fecha en que concluye la prórroga.
Respecto
al manejo de los recursos públicos, sostuvo que el patronato solo recibe del
erario el sueldo del director Ricardo Cisneros, el pago de una secretaria y
papelería.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juárez / Fotos. Ramón T Blanco/ 05 de Octubre del 2015 a las 12:00:30)
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