MÉXICO, D.F. (Proceso).- El
gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) lograron 10 puntos de acuerdo los cuales, de aplicarse a cabalidad,
podrían modificar radicalmente la investigación sobre los acontecimientos del
26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Sin embargo, las
declaraciones de los funcionarios públicos que acudieron a Washington muestran
que se busca preservar las posiciones originales del gobierno mexicano:
realizar un nuevo peritaje sobre la presunta cremación de los cuerpos en el
basurero de Cocula; mantener la investigación en manos de la misma Procuraduría
General de la República (PGR) –cambiarla de una subprocuraduría a otra es una
medida cosmética–; y evitar que los militares sean entrevistados por el GIEI.
La PGR, sin importar el
cambio de su titular, persiste en su pretensión de culpar de los hechos a las
policías municipales de Iguala y Cocula y deslindar de cualquier
responsabilidad a las fuerzas federales (Policía Federal, Ministerial Federal y
Ejército).
El subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostiene que “el
informe es coincidente con la investigación que hizo el Ministerio Público, ya
que los perpetradores de estos hechos son corporaciones policiacas de Iguala,
Cocula y los expertos apuntan a la responsabilidad del gobierno municipal de
Iguala…”
Sin embargo Campa ignora las
recomendaciones 8 y 9 del informe del GIEI que solicitan: “Investigar si la
actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los
hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de
actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”; e
“investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en
los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias
probatorias.”
El informe, en la página 325,
señala explícitamente: “Los escenarios de violencia de esa noche muestran un
panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo
por el hecho de que se trataba de policía municipal, sino porque ninguna otra
fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo
presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de
agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los
normalistas.”
En la 318 destaca: “Además de
la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores,
en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia, de donde fueron
detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército,
de la Policía Federal y ministerial en distintos momentos.”
El documento señala además
que hay dos momentos en que no hay comunicaciones en el C-4 y que un documento
oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo señala “que no
tiene acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche,
porque la comunicación está intervenida por Sedena.”
Hoy incluso se sabe (Proceso
2033) que tanto el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como el
entonces procurador, Iñaky Blanco, hablaron directamente con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y solicitaron el apoyo del Ejército y
la Policía Federal, mismos que les fueron negados.
Efectivamente, como señala
Campa, hasta el momento en la investigación del GIEI no hay “absolutamente
ningún elemento o evidencia que haga suponer la participación de miembros de
las Fuerzas Armadas”, pero sí hay muchos elementos que obligan a seguir las dos
recomendaciones del GIEI ya citados, pues sus responsabilidades pueden ser por
omisión, al no proteger a los normalistas; como por haber brindado protección a
los actores directos de la desaparición forzada.
Contrario a lo que señala
Campa hay muchos cabos sueltos en la investigación de la PGR y muchos de éstos
ya fueron claramente señalados en el informe del grupo de expertos. Las
diferencias entre las investigaciones no se limitan a si fueron o no cremados
en el basurero de Cocula.
Dentro de estos 10 puntos de
acuerdo hay cuatro que pueden modificar radicalmente el rumbo de la
investigación o convertirse en fuente de conflicto entre la PGR y el GIEI, ya
que obligan a la Procuraduría a someterse a los lineamientos de los expertos:
el 3 que señala que el nuevo equipo de trabajo se conformará con gente “de
confianza de la Procuraduría General de la República (PGR) y del GIEI”; el 5,
que compromete que “las autoridades mexicanas deberán de trabajar de manera
conjunta con el GIEI, informando las diligencias a realizar y líneas de
investigación”; el 7, que obliga a formalizar reuniones entre el GIEI y el
nuevo equipo de trabajo; y el 8, que indica: “El grupo de expertos
proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la
investigación.”
De cumplirse estos cuatro
puntos el cambio de subprocuraduría responsable de la investigación sería más
que cosmético, pero hasta hoy todo indica que la PGR está más empeñada en
preservar “la verdad histórica” para deslindar a las fuerzas federales de
cualquier responsabilidad, a pesar de que cada día surgen más evidencias de que
en el mejor de los casos fueron negligentes, pues tuvieron la información de lo
que ocurría el 26 de septiembre del 2014 con toda oportunidad y no hicieron
nada para evitarlo.
Así que el forcejeo entre los
organismos internacionales y el gobierno federal se prolongará, por lo menos
durante los siguientes seis meses, en los cuales el grupo de expertos
continuará su labor en el país.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ JESÚS CANTÚ/ 27 DE OCTUBRE DE 2015)
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