El 12 de marzo, el Senador Alejandro
Encinas, recibió a Tomas Rojo, vocero de la tribu Yaqui, para diálogar sobre el
Acueducto Independencia. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 9 de mayo
(SinEmbargo).– Más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Servicios y Asesoría para la Paz
(Serapaz), Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y el Centro de Derechos
Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que a dos años del fallo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la
construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora, el Acueducto
continúa operando de forma irregular.
El 8 de mayo de 2013 la
Primera Sala de la SCJN aprobó el amparo interpuesto por la tribu Yaqui en
contra de la Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del
Acueducto Independencia.
Por decisión unánime, los
cinco ministros de la Corte coincidieron en que los impulsores del proyecto
violaron el derecho de consulta del pueblo, por lo que la Manifestación de
Impacto Ambiental quedó invalidada.
En el fallo, la SCJN ordenó
que se llevara a cabo una Consulta a la Tribu Yaqui y que en caso de que se
demostrara un daño “irreparable” a este pueblo indígena, entonces se
suspendiera la operación del Acueducto Independencia.
“Ambas partes de dicha
resolución se han incumplido hasta el día de hoy, pues la obra continúa
operando de forma irregular y los derechos de los Yaquis continúan siendo
violados. Actualmente, el proceso de consulta a la Tribu Yaqui sigue suspendido
sin que existan las condiciones para que se retome”, destacaron las organizaciones
en un comunicado.
Entre los puntos que destacan
las organizaciones que no se han cumplido se encuentran:
– La Semarnat no ha otorgado
toda la información solicitada por la Tribu Yaqui en octubre de 2013.
– Mario Luna Romero,
Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando
Jiménez Gutiérrez, vocero de la Tribu Yaqui, se encuentran presos desde
septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron. El Poder Judicial de
la Federación otorgó un amparo a ambos defensores de la Tribu Yaqui,
reconociendo las irregularidades del proceso penal. En particular, en el caso
de Fernando Jiménez Gutiérrez, el Juez Federal ordenó su libertad inmediata.
– El Acueducto Independencia
sigue operando, privando de agua a la Tribu Yaqui, causándoles daños graves e
irreparables como ha sido señalado también por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
Las organizaciones también
señalan que otros defensores de la Tribu Yaqui “han sido objeto de amenazas,
hostigamientos y criminalización”.
Por lo anterior, las
organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado urgente a las diversas
instancias del Estado mexicano que tienen responsabilidad en el caso a que
cumplan de inmediato con lo dispuesto por la ley y acaten el mandato de la
SCJN.
A la Semarnat -incluyendo las
instituciones dependientes de la misma como la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- se
le insta a suspender de inmediato la operación del Acueducto Independencia y
continuar con la entrega de la información solicitada a fin de que la Tribu
cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada, de
acuerdo con a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo
que establecen los acuerdos internacionales firmados por México en la materia,
detallaron las organizaciones.
Del mismo modo instaron al
gobierno del estado de Sonora para detener la criminalización de los defensores
ambientales de la Tribu Yaqui y eliminar los obstáculos para la liberación de
los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez.
Al Poder Judicial de la
Federación le solicitó “impartir justicia pronta y expedita tanto en el caso de
la operación irregular del Acueducto, como del proceso judicial que se le sigue
a Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo, defensores ambientales e
integrantes de la Tribu Yaqui”.
ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
En enero de 2010, sin
informar ni consultar a la Tribu Yaqui, el gobierno de Sonora presentó el
proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora Sí) donde se proponían diversas obras
hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre ellas,
se propuso el Acueducto Independencia que desde el Río Yaqui trasvasa agua
hasta la ciudad de Hermosillo.
La Semarnat emitió la
Autorización de Impacto Ambiental para la construcción y operación del
proyecto, sin cumplir lo que establece la ley respecto de la obligación de
informar, consultar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas.
Fue entonces que la Tribu
Yaqui decidió presentar una demanda de amparo, recibiendo una sentencia
favorable en mayo de 2012, la cual fue impugnada por las autoridades federales.
Debido a la importancia y trascendencia del asunto, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación decidió atraer el caso.
Después de un largo periodo
de litigio, el 8 de mayo de 2013, la Corte resolvió el amparo a favor de la
Tribu Yaqui, lo que significa que el Acueducto quedó, en los hechos, sin
permiso para operar, por lo que debería haber sido suspendido, situación que no
ha sucedido hasta el día de hoy en que se sigue extrayendo agua para
trasladarla a la ciudad de Hermosillo.
En los hechos, detallan las
organizaciones, el Acueducto Independencia está operando en violación del
artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
ocasionando un daño irreparable e irreversible a la Tribu, lo que ya ha sido
constatado con el “Peritaje antropológico respecto al impacto social por la
operación del Acueducto Independencia” elaborado por la Coordinación Nacional
de Antropología del INAH.
“La insistencia del gobierno
del estado Sonora en continuar con la operación irregular del Acueducto
Independencia, la decisión de Conagua y de la Semarnat de permitir la ilegal
operación del Acueducto, la actuación omisa del Gobierno Federal y del Poder
Judicial ha resultado en altos costos políticos, económicos y sociales tanto
para la Tribu Yaqui, como para el estado de Sonora y para el país, toda vez que
el caso ha escalado a nivel internacional como referente de criminalización de
los defensores ambientales y falta de cumplimiento de la ley en México”, señala
el comunicado.
El Acueducto Independencia en
Sonora, desvía hacia la ciudad de Hermosillo el agua del Río Yaqui, lo que
limita el recurso a la tribu Yaqui. A mediados de 2010, la Semarnat, a través
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó 50 millones de metros cúbicos
del recurso hídrico para la construcción de este acueducto.
(SIN EMBARGO/ Redacción / mayo 9, 2015 -
20:19h)
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