Ciudad
de México/Madrid, 13 de mayo (SinEmbargo/ElDiario).– ”Prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias y negociación ilegal”. Ese el cóctel de presuntas
ilegalidades que la magistrada de instrucción (jueza) Patricia Fernández
investiga en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar en
Sevilla, España. La concesión ha quedado paralizada por la juez de Instrucción
número 3 de Sevilla ante la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra
empresa que optaba a la adjudicación.
Ecologistas
en Acción tacha de “chapuza” el concurso público por el que la Junta de
Andalucía ha concedido la explotación de los recursos mineros al consorcio
formado por Minorbis y Grupo México, responsable en 2014 de un vertido de 40
millones de litros de ácidos y metales pesados en el río Sonora (México). Lola
Yllescas, responsable de la organización ecologista, recuerda que denunciaron
ante la Consejería de Economía, responsable de minas, que no se cumplían los
requisitos ambientales mínimos para explotar la mina y se alegra de que “la
jueza nos dé la razón, pero lamentamos y censuramos la actitud de la Junta, que
no nos ha hecho ni caso. Funcionan de espaldas a los ciudadanos”.
La
Junta insistía, en el pliego de condiciones de reapertura de la mina, que la
adjudicataria tendría que “cumplir los estándares más elevados de protección y
seguridad ambiental”, pero Ecologistas en Acción denunciaba que el plan de
restauración solo tenía un peso del 30% en la puntuación total del concurso.
Además, en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social
y medioambiental, Minorbis-Grupo México no llegaba ni al aprobado: tan solo 1,8
puntos de 10.
Greenpeace
denunció en un documento de propuestas ambientales para esta legislatura en
Andalucía que los 640 derechos mineros que la Junta ha sacado a concurso en los
últimos años “se han realizado sin informes ambientales completos e
independientes y sin la participación pública en la toma de decisiones”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Juanjo
Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, critica que los proyectos no se hayan
hecho públicos a pesar de que su organización así lo ha solicitado en el
Consejo de Participación de Doñana. Desde que se anunció la reapertura de
Aznalcóllar, los ecologistas han mostrado su preocupación por que se repita un
desastre como el de 1998, cuando una balsa que contenía metales pesado reventó
y la contaminación llegó hasta el Parque Nacional de Doñana. La limpieza del
desastre supuso un coste de 90 millones para las arcas públicas.
WWF
lo considera un riesgo innecesario y apuesta por un cambio de modelo económico
sostenible que genere empleo en la zona minera. “La minería es una actividad
predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la
zona”, subraya Carmona. Aznalcóllar cuenta con un polígono de empresas del
sector verde, pero el ecologista cree que se está dejando de lado la economía
verde basada en actividades como las energías renovables o el turismo de
naturaleza.
LA HISTORIA
El
diario español El Mundo publica este día que en un auto dictado el pasado día 7
de mayo, la magistrada Patricia Fernández pone de manifiesto que el consorcio
formado por Minorbis y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos
establecidos en el procedimiento.
“Y,
a pesar de eso, la Junta de Andalucía le otorgó el 16 de marzo los derechos de
explotación de la mina por un periodo de 30 años”, publica el diario bajo la
firma de José María Rondón.
Este
día, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció
que paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. “Cuando un juez tiene
serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe
paralizarse y esclarecerse”, dijo a El Mundo.
Grupo
México es propiedad del segundo hombre
más rico de México, según Forbes, Germán Larrea Velasco. La empresa es
responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos
Bacanuchi y Sonora.
Apenas
ayer, el Gobierno de Perú acusó al grupo empresarial de intentar corromper a
líderes locales para evitar la oposición a un proyecto minero.
A
la empresa de Larrea también se le ha señalado por la muerte de 65 mineros en
la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Es además causante de la
muerte de cinco trabajadores mineros en la mina de Charcas, ubicada en San Luis
Potosí y de la muerte de dos mineros de la empresa minera Alva Ram de Agujita
SA de CV.
No
obstante esto no impidió que ganara la concesión de la mina de Aznalcóllar que
en abril de 1998 causó un desastre ecológico producido por un vertido de
residuos tóxicos en el Parque nacional y natural de Doñana, en Andalucía.
El
pasado 20 de marzo, El Confidencial publicó que Grupo México gestionaría la
mina de Aznalcólla, en Sevilla y que con sus medidas ambientales se evitaría un
desastre como el de Boliden. La información indica que Minorbis-Grupo México
ganaron por un estrecho margen a la otra empresa que se presentaba (Emerita
Resources España (Grupo Forbes & Manhattan): 75.9 puntos frente a los 73,6
de la perdedora.
El
medio español aseguró que según las bases del concurso, los criterios de
valoración fueron estructurados en cuatro bloques: plan de investigación,
proyecto de explotación, viabilidad económico-financiera y mejoras.
Fuentes
del Gobierno andaluz dijeron a El Confidencial que las “medidas ambientales
[eran] superpotentes, [y estaban] muy por encima de la media europea” y también
resaltaron que el consorcio evitaría “el desastre de Boliden”.
Este
día, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció
que paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. “Cuando un juez tiene
serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe
paralizarse y esclarecerse”, dijo a El Mundo.
Díaz,
a quien de acuerdo con el reporte del medio le ha estallado el caso en el
transcurso de las negociaciones para su investidura como presidenta de la
Junta, ha pedido “celeridad en el esclarecimiento sobre Aznalcóllar porque de
ello dependen miles de trabajadores”.
Susana
Díaz, dijo a El Mundo, que ha intentado dejar claro que todo el procedimiento
de concesión ”ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de
los servicios jurídicos”, porque “siempre se ha buscado el máximo de
transparencia, tanto en este proceso como en otros que tenga la Junta”.
Los
opositores a Tía María afirman que la futura mina de cobre contaminará con
polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo. Foto: EFE.
Los
opositores a Tía María afirman que la futura mina de cobre contaminará con
polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo. Foto: EFE.
Apenas
el día de ayer, el Gobierno de Perú anunció que rompió las conversaciones con
la minera Southern Copper y exigió que el dueño de la empresa, el mexicano
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco –dueño de Grupo México–, acuda a Lima para
explicar las denuncias por extorsión a líderes opositores al proyecto Tía
María.
La
Ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, informó que el
Presidente Ollanta Moisés Humala Tasso espera que la minera aclare su
responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero al dirigente Pepe Julio
Gutiérrez como condición para levantar la protesta en el poblado de Islay,
Arequipa, según se informó por medio de un comunicado.
El
pueblo de Arequipa ha iniciado un paro de 72 horas en contra del proyecto del
empresario minero mexicano.
“Se
han suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios
que fueron propagados la semana pasada. Esos audios podrían indicar un nivel de
comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido
básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a
aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, declaró.
El
canal peruano Willax TV difundió el jueves pasado un audio en donde el
presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez,
presuntamente encarga a un abogado pedir a la minera una compensación económica
a cambio de abandonar la protesta en la que se han registrado incidentes que
han dejado tres muertos.
La
filial en Perú del Grupo México lamentó el lunes que esa “incorrecta acción
[que se evidencia en los audios] fue ocasionada por terceros ajenos a la organización”
y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación peruana y su
código de conducta ética, sobre el que destacó los valores de honestidad,
justicia e integridad.
Southern
Copper anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto,
horas después de que su portavoz oficial en Perú informara su cancelación por
lo que definió como “terrorismo antiminero”.
La
Ministra Ortiz agregó este martes, sin embargo, que el Gobierno peruano puede
iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de
encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que
investigue el caso.
(DOSSIER
POLITICO/ SINEMBARGO / ELDIARIO/ 2015-05-13)
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