Autoridades
estatales detuvieron a cuatro policías más por su presunta participación en
recientes ataques en contra de estudiantes normalistas que dejaron un saldo de
seis personas muertas, 25 heridos y la desaparición de 43 alumnos, en un caso
que ha desatado la indignación dentro y fuera de México.
El
procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo el jueves en rueda de
prensa que con los cuatro agentes detenidos suman 26 policías de la
municipalidad de Iguala arrestados, además de cuatro presuntos integrantes del
cartel de las drogas Guerreros Unidos.
El
funcionario dijo que aún buscan a otros agentes, incluido el jefe de la policía
de Iguala, donde el fin de semana se encontraron fosas clandestinas con 28
cadáveres que aún son sometidos a pruebas para ser identificados, pero que
algunos temen sean de algunos de los estudiantes desaparecidos.
Su
oficina, añadió, también ha presentado una solicitud al Congreso estatal para
que le quiten el fuero al alcalde José Luis Abarca, que mientras lo tenga
impide a las autoridades procesarlo.
Blanco
dijo que el alcalde -hoy prófugo- tenía “la obligación jurídica” de evitar los
ataques, debido a que era el jefe de la policía, pero en su lugar decidió
continuar con sus actividades la noche del 26 de septiembre cuando sucedieron
los hechos.
“Prefirió
seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir”, dijo
el procurador.
“La
fiscalía estima que se encuentra debidamente acreditado que teniendo la calidad
de garante, el señor Abarca Velázquez fue omiso (sic) en su deber dejando a
merced de elementos de seguridad pública a las hoy víctimas”, añadió.
Los
43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa
desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al
sur de la ciudad de México, tras el ataque el 26 de septiembre de policías
municipales a los autobuses en los que viajaban.
Los
estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los
habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del
alcalde, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades
locales.
De
repente, se oyeron disparos a una docena de cuadras y la gente huyó despavorida
del miedo. Algunos piensan que ambos incidentes están relacionados pero
funcionarios federales dijeron el martes que aún no tienen una explicación
sobre lo ocurrido ese 26 de septiembre.
Durante
el discurso hombres vestidos de civiles, de apariencia ruda, habían estado
custodiando a Pineda Villa, una mujer que, según las autoridades, tiene
familiares con vínculos con el crimen organizado. Funcionarios federales y
estatales han acusado a la policía de Iguala de estar infiltrada por miembros
de Guerreros Unidos.
El
procurador estatal dijo que hasta ahora, sin embargo, nadie ha presentado
alguna denuncia contra la esposa.
En
los últimos días, miembros del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD) -al que pertenecía el alcalde hasta hace unos días cuando fue
expulsado- aseguraron que autoridades federales fueron alertadas del posible
involucramiento de Abarca con el crimen organizado y con el asesinato de un
activista.
El
procurador general Jesús Murillo, uno de los que supuestamente supo, dijo que
un miembro del PRD, René Bejarano, le mencionó el posible vínculo del alcalde
con el crimen de un activista y que le pidió elementos de prueba, las cuales
nunca recibió.
“Evidencias
no había, desde luego versiones, rumores”, dijo Murillo a corresponsales
extranjeros esta semana. “No puedo trabajar por sospechas, tengo que trabajar
con evidencias”, justificó.
En
la víspera, decenas de miles de estudiantes, profesores, activistas y
habitantes marcharon y bloquearon las principales avenidas en el estado sureño
de Guerrero para demandar la ubicación de 43 estudiantes del magisterio
desaparecidos hace más de una semana tras ser atacados por policías locales, en
un caso que ha recibido la condena dentro y fuera de México.
(AP)
(RIODOCE/
REDACCION/ Octubre 9, 2014)
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