Oficialmente
se emiten licencias para miembros del crimen organizado y tarjetas de circulación para autos robados,
con las cuales delincuentes evaden la justicia. Los casos no son investigados
Homicidas,
traficantes y secuestradores, son detenidos en posesión de documentos expedidos
por la Secretaría de Finanzas de Baja California, y a la fecha, ningún
funcionario es investigado por esa causa.
Los cómplices de
criminales enquistados en las oficinas gubernamentales logran evadir a la
autoridad, que se conforma con procesar a capos por delitos mayores y no hacen
el desglose a las subprocuradurías para que éstas indaguen los delitos de
suplantación y falsificación. El resultado es que estos casos no se siguen de
oficio.
En octubre de 2012,
Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue detenida
-y luego deportada- al intentar cruzar la garita de Tijuana a San Ysidro. Al
momento portaba una licencia que se le otorgó en Tijuana, con dirección en esta
ciudad, su fotografía y el nombre de una residente legítima.
Al capturar al más
reciente cabecilla del Cártel Arellano Félix,
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, se le encontró una licencia de
Baja California presuntamente emitida en 1998, a nombre de Fernando Canales
Villanueva.
A su opositor,
Eduardo García Simental “El Teo”, el Consejo Estatal de Seguridad de Baja
California le detectó, en 2009, dos licencias locales con distintos nombres. Y
en enero de 2010, al ser detenido en Baja California Sur, se hacía pasar por un
ingeniero.
De hecho, en octubre
de 2009, la Procuraduría del Estado anunció que estaba investigando a la
Secretaría de Finanzas por el otorgamiento de los documentos mencionados, luego
de que el grupo criminal que García Simental encabezaba, secuestró y asesinó a
Rogelio Sánchez, jefe de la oficina de
licencias en Tijuana, porque su contacto en la misma dirección, un joven
llamado Isaac Alcalá, dijo a los delincuentes que su jefe había dado esos datos
a la autoridad.
A pesar del
asesinato de un funcionario público, después de cinco años, ese expediente
tampoco tuvo avances para detectar qué empleados estaban proveyendo de
documentación a la célula delictiva de “El Teo”.
IMPUNIDAD CONTINUADA
El 20 de julio de
2014, la Procuraduría estatal anunció la detención del michoacano Juan Carlos
Almazán Mendoza “El Pillo”, ex policía municipal en aquella entidad.
La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró en Tijuana que se trata del
presunto líder de la célula de Los
Templarios en Nueva Italia, Michoacán, con nexos directos con los cabecillas
del cártel. Peor aún, admitió que existe la posibilidad de que pretendieran
agruparse para operar en Baja California. Almazán fue aprehendido a solicitud
de la Procuraduría de Michoacán, donde se dieron cuenta que el detenido se
había trasladado a Tijuana -la fiscalía local fue informada de este hecho en noviembre
2013-, donde lo mantuvieron ubicado, mientras les otorgaban las órdenes de
aprehensión por secuestro y homicidio.
Al ser detenido, “El
Pillo” se identificó como un empresario de la construcción, con una
identidad distinta que la autoridad no
hizo pública, y que tampoco desglosó para su investigación.
Otro caso
documentado, el de Daniel Arce González (35 años), quien asesinó a Josué Crok
la tarde del 17 de junio de 2014 frente al restaurante de mariscos Rincón del
Mar en la Avenida Highland en National City, California. El presunto homicida
cruzó después a Tijuana, violando así la libertad condicional que se le había
impuesto por el delito de tráfico de drogas.
Para las
corporaciones coordinadas de California
y Baja California, se trata de un sujeto dedicado al trasiego de droga entre
Tijuana y San Diego, a quien le estaban dando seguimiento, pero el homicidio
cometido contra Crok y su huida, obligó a un cambio de estrategia.
Pasaron 37 días para
que la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana lo pudiera
ubicar en condiciones de ser detenido con el menor riesgo posible. En ese
momento, Arce González circulaba en una calle de la colonia Madero, tuvieron
una identificación positiva y lo abordaron. El homicida trató de evadirse mostrando
documentación con un nombre distinto, una licencia oficial de conducir expedida
por la Secretaría de Finanzas con número 2106008157, Tipo D, para choferes que
manejan vehículos de alquiler. El documento estaba a nombre de Luis Carlos
Figueroa y, pese a tener una dirección en Avenida Central número 61, Los
Olivos, La Mesa, en Tijuana, la tramitó en Rosarito apenas el 21 de marzo de
2014.
Sin embargo, como
los agentes ya conocían su verdadera identidad, Arce González finalmente fue
detenido y entregado al Instituto de Migración, entidad que posteriormente lo
entregó a las autoridades de Estados Unidos, país donde está siendo juzgado.
Respecto a quién le otorgó o cómo obtuvo esa licencia oficial para conducir, no
se instruyó averiguación alguna porque la Procuraduría del Estado simplemente
no se enteró.
En la tercera semana
de julio de 2014, la Policía Municipal de Tijuana detuvo por una falta
administrativa a Luis Francisco Lozano Beltrán “El Paco Trokas”. Apenas en
junio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado había identificado a este
hombre como uno de los 60 “Más Buscados” (ZETA edición 2099). La autoridad
informó que se trataba de un delincuente que había sido detenido el 25 de
septiembre de 2009, y liberado el 1 de octubre del mismo año por falta de
elementos.
Sin embargo, Lozano
Beltrán también tenía un expediente en la Policía Municipal; había sido
arrestado la madrugada del 8 de junio de 2009 en compañía de cinco sujetos por
detonaciones en el fraccionamiento El Lago, Delegación Cerro Colorado, en
posesión de una metralleta Uzi robada el 30 de abril del mismo año a un
policía, durante el atraco a un comercio.
Los capturados
fueron entregados al Ejército, después regresaron a la Municipal, donde Lozano
Beltrán amenazó a los uniformados diciendo que “trabajaba” para Raydel López Uriarte “El Muletas”, que
pronto saldría la cárcel. Y advirtió a los agentes que López Uriarte los
mataría.
Al final, los
delincuentes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR)
junto con el arma aquí descrita y 13 casquillos. Lozano Beltrán fue remitido
por la posesión de una licencia oficial de automovilista número 51 0070441, con
dirección en Lomas de Rosarito, tramitada el 8 de abril de 2014; documento que
le fue entregado con el falso de nombre de Francisco Beltrán Espinoza, además,
por “usurpación de identidad”, un delito menor que alcanza fianza, y pese a que
la Policía Municipal lo grabó declarando que pagó 60 dólares para que le dieran
el documento oficial con identidad falsa, ante el Ministerio Público del Fuero
Común se desdijo. Aseguró que el funcionario que le hizo el trámite se
equivocó, poniéndole los apellidos de su mamá. No obstante, este delito se está
investigando, confirmó la Subprocuraduría en Tijuana.
INVESTIGACIONES OFICIALES
De los casos
anteriores y en lo que va del año, la Subprocuraduría de Tijuana solo fue
informada del caos de Luis Francisco Lozano Beltrán “El Paco Trokas”, quien se
identificó con la Policía como Francisco Beltrán Espinoza, pero en la PGJE negó
haber comprado documentos falsos, afirmando que todo se trató de un error.
En este expediente,
la PGJE aún se encuentra en proceso de averiguar si hubo suplantación,
falsificación, o si se alteraron sistemas de informática, y de ser así, quién
lo hizo. Además, falta saber si hay una persona dentro del gobierno a quien se
le deba responsabilizar por estos hechos, o si la culpa está en manos de
tramitadores externos.
El detalle es que, a
pesar de los casos que se presentan una y otra vez, a la fecha no hay otras
indagatorias de presuntos criminales mayores con identidades y documentos
falsos.
De enero a julio, la
Procuraduría en Tijuana solo ha recibido tres investigaciones más por
falsificación: dos de licencias falsas, a nombre de Luz María Pérez y Luis Alberto
Cisneros Heredia; y solo un caso por falsificación de documentos de vehículo,
relacionado con el robo de autos en California.
Se trata de un
hombre que acudió a denunciar que a su nombre aparecía un vehículo que no es de
él, además, robado, y al localizarlo, tenía la serie de otro carro que circula
legalmente y con dueño en Estados Unidos.
“Así es como pasan
aduana y sacan placas sin problemas, pero estamos en proceso de analizar de
dónde proviene, desde la importación, quiénes participaron, cómo ingresó, cómo
se hizo el trámite de importación” explicó el subprocurador en Tijuana,
Gilberto Cota Alanís.
Recordó que existe
el problema de algunas tramitadoras, incluso en Estados Unidos, que se anuncian
para sacar licencias en ambos lados, “y la gente los cree, el señor que vivía
en Los Ángeles se dio cuenta de la falsificación cuando vino a renovar el
documento a Baja California”.
El licenciado Cota
Alanís detalló respecto a las posibilidades de fincar responsabilidad: “La
situación para que sea delito es que la persona sepa que está usando un
documento falso”, y en el caso de los
funcionarios de finanzas que sepan que los documentos que les están entregando
para el trámite son apócrifos.
El directivo agregó
que a veces no es posible detectar si los documentos son legítimos, “sabemos
que hay tarjetas del IFE alteradas, pasaportes mexicanos alterados,
lamentablemente es una situación de las bandas delictivas, y lamentablemente
pueden sorprender a cualquier servidor público”.
Sin embargo, expuso
que si el documento es auténtico, con información falsa, se puede dar
seguimiento a las firmas electrónicas que lo autorizaron, además de verificar
quiénes lo aprobaron en las diferentes fases. “Y eso es lo que se está
haciendo”.
Para
identificaciones positivas, “la huella es más fácil de detectar y determinar la
identidad real, es donde se ha identificado que no es la persona del documento,
que es genuino porque lo expidió la autoridad, pero es adulterado en el
contenido”, concluyó el subprocurador.
Por su parte,
Bladimir Hernández Díaz, contralor general del Estado de Baja California,
apuntó que actualmente la Contraloría lleva a cabo una investigación en la
Secretaría de Finanzas por expedición de documentos con falsedad de contenido,
iniciada el 20 de julio de 2014. Se calcula que tardarán dos semanas en
concluir este proceso emprendido por información vertida en los medios de
comunicación, acerca de una mujer que intentó obtener una visa para cruzar a
Estados Unidos con documentos falsos comprados en Mexicali.
Según el
funcionario, se trabaja en varias líneas: “Una, verificar si lo que se denuncia
en medios se puede comprobar documentalmente, si hay personal que labore
actualmente en la Secretaría de Finanzas y que pudiera estar implicado, o sean
documentos elaborados fuera del gobierno.
“Si internamente es
un asunto de corrupción, hay que mejorar procedimientos de vigilancia del
trabajo de los servidores públicos. Si fue externa, hay que mejorar los puntos de seguridad que deben
tener los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas. En cualquiera de
los casos existe un delito”, aseveró Hernández, para luego agregar que desde
hace dos años están trabajando con un sistema -que forma parte de un proyecto
nacional- para dar seguimiento informático a quién hace determinado trámite, a
quién le toca vigilar qué sistema. Las claves de acceso les permiten dar un
seguimiento puntual a todo el proceso para emitir un documento oficial.
“Debemos ver si
podemos demostrar fehacientemente que fue una o varias personas la que
introdujeron de manera fraudulenta sus claves para un uso ilegal, o pudiera ser
una falta de supervisión del propio servidor público, que por carga de trabajo
no haya hecho una supervisión correcta y no haya detectado algunos elementos en
el documento que podían sugerir” concluyó.
CÓDIGO PENAL DE BAJA CALIFORNIA
1. Suplantación.-
Artículo 175, con penalidad de seis meses a seis años, y cuatrocientos a
seiscientos días multa. Alcanza fianza.
2. Falsificación.-
Artículo 259, pena de seis meses a tres años y de veinte a cien días multa.
Alcanza libertad bajo caución.
(SEMANARIO
ZETA/ Rosario Mosso Castro/28 de Julio del 2014 a las 22:30:01)
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