Bajo el manto sacralizado de las leyes secundarias en
materia energética va a solaparse el mayor saqueo a la nación del que se
tenga conocimiento en la historia mexicana. Pero ni siquiera ha sido
necesario un nuevo marco constitucional como el reciente para que eso
ocurra. Ese usufructo ya se ejercita desde hace varios lustros. Otro
ejemplo: cuando el viernes 18 aún se discutía la Ley de Hidrocarburos en
el Senado, entraban en vigor los Acuerdos Transfronterizos sobre la
materia firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y México,
mediante el cual este último entregó un cheque en blanco a su
contraparte en materia de exploración y explotación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El viernes 18 de julio el pleno del Senado
de la República aún discutía la nueva Ley de Hidrocarburos que legaliza
la apertura de contratos a compañías privadas petroleras, incluyendo a
las poderosas trasnacionales norteamericanas, pero los Acuerdos
Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) firmados entre Estados Unidos
y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación
de Pemex a sólo 20% de estos yacimientos donde se calcula que existen
172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos
de gas natural.
La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que
conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre de 2013 por
el Senado estadunidense mientras en México se discutíala reforma
constitucional en materia energética: originalmente se le prometió a
Pemex una participación “mínima” de 50% y ahora se reducía a 20% en
estos yacimientos.
En tribuna, el mismo 18 de julio, la senadora del PRD Dolores
Padierna recordó que estos acuerdos son anticonstitucionales. “Dicho de
otra manera, la privatización energética en exploración y explotación de
hidrocarburos se aprobó antes de aprobar el cambio constitucional”,
sentenció.
“Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas, competidoras de
Pemex, en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar
tecnológicamente. No sabemos por qué no se actuó en Pemex. El hecho
contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección el
interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban
trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a
una eventual distribución o reglas de ambos países para que nuestros
hidrocarburos no se los llevaran al vecino país”, argumentó la
legisladora.
Padierna advirtió el punto fundamental de los ATH entre México y
Estados Unidos que explicaba la celeridad para aprobar en el Congreso
mexicano las leyes secundarias: en el artículo 1 de este acuerdo se
establece que “estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las
empresas que están trabajando en el área limítrofe con México”.
En otras palabras, no se podrán modificar las licencias y el acuerdo
no aplica a la jurisdicción de aguas territoriales con Texas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1969, ya en circulación)
(RIODOCE/ PROCESO/ julio 26, 2014)
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