MÉXICO, D.F. (apro).- Un grupo de organizaciones sociales
pidió al Instituto Nacional de Protección de Derechos Humanos (Inprodh) y
a Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) que participen “como
garantes de la objetividad e imparcialidad” en las investigaciones que
lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de Puebla sobre el caso
del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En un desplegado difundido este jueves en medios nacionales, las
agrupaciones destacan que los organismos defensores de los derechos
humanos deben tomar cartas en el asunto, “toda vez que no confiamos en
la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de
la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Puebla, por la
existencia de conflictos de interés”.
Además de reprobar los “excesos” de la policía estatal contra los
pobladores de San Bernardino Chalchihuapan –durante la manifestación del
pasado miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco–, la Coordinación
Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos, el Movimiento
Nacional Los de Abajo, el Frente de Usuarios y Mototaxistas del Estado
de Puebla, la Asociación y Expropiación de Cholula y el Frente Campesino
exigen “garantías de objetividad e imparcialidad en las investigaciones
para hacer justicia” al menor de 13 años.
También piden una indemnización para la madre del menor, Elia Tamayo
Montes, y las personas que resultaron lesionadas en los hechos, así como
la libertad “de los 35 presos políticos de Puebla y el alto a la
criminalización de los movimientos sociales”.
Bajo el título “Un llamado al diálogo para Puebla”, las
organizaciones destacan que este jueves se realizará en la Ciudad de
México una mesa de diálogo con el gobierno de Puebla para encontrar una
solución a las demandas planteadas, y reiteran al gobernador Rafael
Moreno Valle “nuestra disposición al diálogo con garantías para
solucionar nuestras demandas”.
Como último punto proponen que se legisle para crear una ley de
participación ciudadana que brinde una solución democrática a los
problemas generados por la “ley bala” y varias más, entre ellas la de
expropiación y la que privatiza el agua.
Por separado, el procurador general de Justicia de Puebla, Víctor
Carrancá, reiteró que no hay evidencia de la utilización de balas de
goma por parte los elementos de la policía estatal en la manifestación
del pasado miércoles 9, y aseguró que el objeto que explotó cerca del
niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue lanzado por “infiltrados”.
“Si fueran balas de goma no tendríamos una lesión como la que tuvo el
menor”, señaló Carrancá en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio
Fórmula.
Añadió: “Es imposible que la Policía llevara balas de goma. En el
momento del hecho la policía estatal está cerca del puente, donde hay
una malla ciclónica y era imposible lanzar algún objeto”.
De acuerdo con el funcionario estatal, en la confrontación “un grupo
de personas que yo los he diferenciado del grupo de manifestantes” lanzó
cohetones a los policías.
Ese grupo, subrayó, estaba conformado por gente joven “que se cubrió
el rostro”. No obstante, afirmó que ya tiene identificados a algunos de
los que participaron en el enfrentamiento y serán detenidos una vez que
se concluya la segunda etapa de la investigación y se integre la
averiguación previa.
El procurador poblano reconoció que en el enfrentamiento los policías
utilizaron gases lacrimógenos, pero eso –dijo– no pudo herir al menor,
quien posteriormente perdió la vida.
Sin embargo, el pasado jueves 24 elementos de la policía estatal confirmaron al periódico Intolerancia
que en el desalojo dispararon contra los pobladores de Chalchihuapan
con cartuchos de gas lacrimógeno caducos, que al no estallar se
convirtieron “en proyectiles contundentes” que hirieron a los
manifestantes.
/ 31 de julio de 2014)
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