MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Si México fuera un
país democrático, los funcionarios y legisladores defenderían el
interés público en lugar de utilizar sus cargos para lucrar
personalmente. Personajes como Pedro Joaquín Coldwell, Purificación
Carpinteyro, Ninfa Salinas, Luis Videgaray y Javier Lozano podrían
desarrollar libremente sus negocios en el ámbito privado, pero sería
estrictamente prohibido que ocuparan un cargo público a menos que se
deshicieran completamente de todos los intereses económicos, personales y
profesionales que pudieran distraerlos de sus responsabilidades con la
ciudadanía.
Habría que exigir
transparencia absoluta e inmediata de todas las cuentas, relaciones y
compromisos de los legisladores y funcionarios federales. Quien no
divulgue, que renuncie.
El 15 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto y su gabinete
quisieron demostrar su supuesto compromiso con la transparencia al
organizar una extravagante conferencia de prensa para dar a conocer
versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. Resultó una gran
farsa. La información difundida se limitó al monto de sus salarios como
servidores públicos, así como a algunos datos generales sobre obras de
arte y bienes inmuebles que habían recibido “en donación”. Hasta la
fecha la sociedad se mantiene en total oscuridad con respecto a los
verdaderos intereses financieros, profesionales y personales de los
funcionarios federales y sus familiares.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos es meridianamente clara. Todo servidor público
debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte”.
Esta ley aplica para los integrantes del Poder Ejecutivo,
como Coldwell y Videgaray, y para los del Poder Legislativo, como
Carpinteyro, Salinas y Lozano. Los reglamentos correspondientes de la
Cámara de Diputados y del Senado de la República reproducen las mismas
prohibiciones. Sin embargo, la ciudadanía no cuenta con la información
necesaria para poder exigir el cumplimiento de estas importantes
disposiciones legales. En consecuencia, impera una vergonzosa simulación
y una peligrosa impunidad que amenaza con destruir por completo el
carácter público de nuestras instituciones.
Y más allá de transparentar los conflictos de interés
imperantes, también habría que realizar reformas para evitar que
siquiera existan. En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios
públicos, al asumir sus cargos, se obligan a deshacerse de todos los
compromisos económicos que en algún momento pudieran influir
negativamente en su desempeño. Esto va mucho más allá de la simple
“declaración patrimonial” con la que contamos en México. Además de
declarar sus posesiones, deben modificarlas, o remitirlas a fideicomisos
“ciegos”, para prevenir cualquier conflicto de interés en el futuro.
Otros países disponen de reglas más avanzadas. Así,
Israel prohíbe de forma tajante emplear en una dependencia gubernamental
a personas estrechamente vinculadas con los sectores o los actores
regulados por la institución. En lugar de esperar a que el funcionario
cometa algún delito, estas normas buscan combatir el problema de raíz al
bloquear la infiltración del Estado por parte de intereses
particulares.
Este tipo de disposiciones no son ajenas al régimen
jurídico mexicano. Por eso los requisitos que se aplican a quienes
aspiran a ser consejeros electorales, comisionados del IFAI o auditor
superior de la Federación responden precisamente a la necesidad de
evitar un posible conflicto de interés. Lo más saludable sería extender
esta lógica a otros ramos del gobierno. Así como está prohibido que un
secretario de Estado o un reciente candidato a un cargo de elección
popular sea consejero electoral, el dueño de una empresa en la rama
energética debe estar impedido por ley para ocupar posiciones en la
Secretaría de Energía. Asimismo, alguien que haya actuado como consultor
o empleado de los principales medios de comunicación debería estar
excluido de las comisiones de telecomunicaciones en el Congreso de la
Unión o de los más altos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los conflictos de interés constituyen la contracara de la
privatización. Ambas dinámicas abonan el desmantelamiento del carácter
público del Estado. Con la privatización se busca descuartizar al Estado
para entregarlo en pedazos a intereses particulares. Con los conflictos
de interés, los actores privados se infiltran en el Estado para minarlo
y debilitarlo por dentro. Las dos prácticas son igualmente reprobables,
y como sociedad tendríamos que rechazarlas de manera contundente. El
desarrollo político y económico que tanto anhela el pueblo mexicano
solamente será posible a partir de una clara defensa de la esfera
pública y de los intereses generales, por encima de los intereses
corruptos de quienes buscan lucrar con sus responsabilidades públicas.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
/3 de julio de 2014)
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