Juan José Esparragoza sufre un infarto y el Gobierno dice que no sabe nada
La especie empezó a correr en Culiacán al medio día del domingo: Murió el Azul.
Primero que en Guadalajara, después que en la ciudad de México. Pero
había un dato que no se movía: murió de un infarto. La información,
desde que llegó a Ríodoce, siempre fue imprecisa, dudosa. Por eso se
requirió la confirmación de fuentes diversas, amigos de la familia,
gente ligada al cártel de Sinaloa —Culiacán es una ciudad muy chica y
están por todas partes— y algún policía. Todos coincidieron: murió. Tuvo
un accidente y después de varios días de convalecer sufrió un infarto.
Los restos, dijeron las fuentes, fueron cremados.
Si en días hábiles es difícil conseguir información oficial sobre
temas escabrosos, pensar que en domingo se encontraría a alguien
dispuesto a hablar, en México o en los Estados Unidos, hubiera sido una
ingenuidad.
Al día siguiente, la reacción de las autoridades fue cortante. “No
podemos confirmar nada, yo no tengo información”, dijo el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, entrevistado en Madrid,
cuando la noticia del hecho había circulado por todo el país.
Más tarde, en Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, afirmaría que no darían información al respecto “hasta
estar seguros, hasta que tengamos elementos”. Y agregó: “cuando se tenga
información correcta la daremos a conocer”.
Pasó una semana y ni una ni la otra dependencia volvió a tocar el
tema. La DEA, en contacto con Ríodoce desde Washington, reviró que se
enteró el lunes de la presunta muerte del Azul y que ya su
oficina en México estaba investigando el caso. Tampoco volvió a decir
nada. En medio de la especulación por la falta de elementos
contundentes, el Gobierno mexicano estaba entrampado.
Un triduo para el Azul
Más allá de lo que ocurría en la ciudad de México, en diversos
círculos culiches se reforzaba la versión de que, efectivamente, Juan
José Esparragoza Moreno, uno de los narcotraficantes más poderosos de
este país en las últimas dos décadas, había muerto.
El martes por la mañana se presentó un hombre a la oficina de la
Parroquia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Las Quintas, de
Culiacán, para ordenar tres misas en honor de “José Moreno”. Dijo
llamarse “Manolo”.
Ríodoce pudo constatar que, en el libro de registros de la parroquia, junto con otros nombres, aparece el de “José Moreno”.
En realidad las misas eran para Juan José Esparragoza Moreno, el Azul.
Se realizaron el martes, miércoles y jueves, todas a las 19:15 horas y
asistieron a ellas familiares y amigos de los Esparragoza, entre ellos
María de los Ángeles Beltrán Caro y su hija Rocío Quintero Beltrán, hija
del legendario Lamberto Quintero y viuda de Juan Ignacio Esparragoza,
un hijo del Azul que murió hace dos años después de sufrir un
accidente, al caerse del cuarto piso de un edificio ubicado en Colinas
de San Miguel, en Culiacán.
El lunes, cuando la noticia ya estaba en todos los medios nacionales,
el gobernador fue cuestionado al respecto y solo alcanzó a decir que
“solo son rumores, no tenemos nada oficial”.
El jueves, un funcionario de “inteligencia” del Gobierno estatal fue
cuestionado en torno a si se estaba investigando la muerte del Azul y dijo que no, que solo se acercaron a algunos familiares del capo y que les dijeron no saber nada.
Pero el viernes, cuando apareció la noticia de que se habían
celebrado tres misas en honor de Esparragoza Moreno, se les dio la orden
de investigar el asunto, tratando de establecer la verdad sobre lo que
se estaba publicando. Por la noche, uno de estos elementos ya lo tenía
confirmado.
Sus orígenes
Alguien, no se sabe quién, le puso el Azul por el color de
su piel, profundamente oscura. Nació el 3 de febrero de 1949 en
Huixiopa, Badiraguato, un pueblo de apenas cien casas, muchas de ellas
construidas de barro y varas de guinolo entreveradas. De allí mismo eran
sus padres, doña Rosario Moreno y don Ignacio Esparragoza, un hombre
que se había dedicado a la cría de ganado pero que había aprovechado
bien el boom de la producción de mariguana y amapola a partir de los
años 40 en esa región de la sierra sinaloense.
La familia emigró a Culiacán y con ella Juan José Esparragoza, que
llegó a la ciudad en guaraches de tres puntadas, mismos que se negaba a
dejar. Estudió sin terminar en la secundaria Federal 2, que operaba en
el edificio que ahora ocupa el Cobaes 25, ubicado por la calle Rafael
Buelna.
Convivió, durante años, con sus amigos de la cuadra. Vivía por la
calle Ignacio Zaragoza, en la casa de sus padres, entre Morelos y
Domingo Rubí. Su padre tenía con qué mantenerlos sin problemas, así que
no se esforzaba mucho por trabajar. Eran siete hermanos, tres hombres y
cuatro mujeres. De los varones, uno murió de cáncer y el otro cuando fue
atacado por abejas enloquecidas, en Badiraguato. De las mujeres le
sobreviven tres.
Ya entrado en años el Azul se metió casi de manera natural al negocio
de las drogas, primero sin mucho éxito, si se mide por el tiempo que
pasó en las cárceles.
A mediados de los años setenta fue detenido en la esquina del bulevar
Gabriel Leyva Solano y Ramón Corral con un fuerte cargamento de
mariguana. Fue en una casa pequeña que le servía de bodega. Eran los
tiempos en que convivía con el legendario Pedro Avilés, el León de la
sierra, asesinado por la Dirección Federal de Seguridad el 15 de
septiembre de1978.
Por esa causa, Esparragoza Moreno estuvo preso en Mazatlán cerca de
dos años. Salió de la cárcel pero no estuvo mucho tiempo en Sinaloa,
pues la Operación Cóndor, en 1977, lo obligó a refugiarse en
Guadalajara, Jalisco. De allí se fue a la frontera a probar suerte, pero
de nuevo fue detenido con un cargamento de droga, ahora en Mexicali,
donde estuvo preso varios años, hasta principios de 1983.
A pesar de sus encierros, nunca perdió su derecho a estar en los
círculos importantes del narcotráfico en Sinaloa. El 28 de mayo de ese
año, cuentan sus amigos, asistió a la boda de Rodolfo Sánchez Duarte
—hijo del ex gobernador Leopoldo Sánchez Celis—, quien se casó con
Teholenda López Uriarte. Los padrinos fueron Miguel Félix Gallardo y su
esposa María Elena.
Desde entonces, el Azul sentó sus bases en Jalisco. Ese fue su
segundo hogar después de Sinaloa. Pero lo alcanzó la cacería de capos
que se desató a raíz del asesinato del agente de la DEA, Enrique
Camarena Salazar, en 1985. Cayó preso de nuevo en 1986 después de un
tiroteo. El 11 de marzo de 1986, Juan José Esparragoza ingresó al
Reclusorio Sur de la ciudad de México y con ello iniciaba su tercer y
último encierro. Igual que Joaquín, el Chapo Guzmán, se dijo
agricultor y ganadero. No se le acusó del crimen de Camarena y el juez
de la causa lo sentenció a siete años y dos meses de prisión.
El Azul pasó cuatro años en el Reclusorio Sur y en 1990 fue
trasladado al Reclusorio Norte, donde pasó dos años. En Marzo de 1992
fue recluido en la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad del
Altiplano —antes Almoloya—, donde estuvo un año. En 1993 obtuvo su
libertad gracias a una preliberación otorgada por la Secretaría de
Gobernación.
Salió de la prisión por su propio pie y caminó dos kilómetros hasta
que abordó un taxi para desaparecer. Después solo sus amigos, su familia
y sus socios supieron de él. Regresó a Badiraguato a ver a los suyos,
siempre acompañado de un séquito de hombres armados hasta los dientes.
A finales de 1993 se llevó a cabo la cumbre de narcos donde las
organizaciones criminales se repartieron el país como si fueran dioses.
La reunión fue promovida por Esparragoza Moreno.
Después de esto se instaló en Jalisco, se avecindó en Morelos y sus visitas a Sinaloa eran esporádicas, de paseo o por negocios.
Hace dos años estuvo en Santiago de los Caballeros, visitando
familiares, siempre de bajo perfil, sin fiestas ni música. Para él,
atrás habían quedado las bebidas y las drogas a las que durante años fue
afecto.
Nunca, nadie, ha inventado ni ha cantado un corrido dedicado al Azul.
De perfil diplomático
Durante lustros el Azul fue considerado un poderoso narcotraficante,
pero también, dentro de la mafia, como un diplomático. No se peleaba por
cualquier cosa y fue siempre un puente entre las distintas
organizaciones criminales, y, en ocasiones, entre éstas y el Gobierno.
Tal vez por eso no se le perseguía. La revista Proceso publicó en
diciembre de 2011 un extenso expediente que radicaba en la PGR desde
2002, donde se consignan decenas de elementos que conforman la
estructura criminal del Azul: casas, ranchos, empresas para
lavar dinero, cómplices, rutas para el trasiego de la droga, relaciones
internacionales, casas de seguridad en diversos estados de la república,
sobre todo en Sinaloa, Jalisco, Morelos, el Distrito Federal…
Pero el expediente reposaba en un rincón de la PGR y nadie actuaba
contra el hombre de Huixiopa. Los propios investigadores que
participaron en la investigación se quejaban de que no había servido de
nada el trabajo y los riesgos que corrieron para realizarla, muchas
veces infiltrados en la organización, pues, al parecer, el Gobierno
había negociado con el capo.
No era para dudarse: a mediados de la década pasada, inició en México
la confrontación más fuerte que se haya dado entre el estado mexicano y
las organizaciones criminales, sobre todo por el surgimiento de
cárteles que hacían uso de una violencia que no se conocía en el país.
En el propio cártel de Sinaloa la paz se rompió con la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo,
el 21 de enero de 2008. A partir de ese hecho Arturo Beltrán Leyva les
declaró la guerra a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán, al tiempo que se
aliaba con Vicente Carrillo y con Los Zetas.
El país se incendió y el Azul no pudo hacer nada para
detener la guerra. Habló con Arturo y le dijo que no se dejara llevar
por la rabia, que esa confrontación no conduciría a nada bueno, que
había que mantener la unidad del cártel. Pero el Barbas no cedió y
terminó sus días en Cuernavaca durante un enfrentamiento con la Marina,
que llegó hasta una de sus casas de seguridad, apoyada por la DEA.
Para la DEA, una presa perdida
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Desde los años ochenta del siglo pasado, Juan José
Esparragoza Moreno, el Azul, aparecía en los informes de la
Administración Federal Antidrogas (DEA) como un narcotraficante “muy
peligroso”, astuto y de bajo perfil, pero también como el responsable de
los enlaces del Cártel de Guadalajara con las bandas criminales de
Colombia para traficar cocaína a Estados Unidos.
La DEA quería vivo o muerto al narcotraficante oriundo de Sinaloa y
ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a quien le proporcionara
información para capturarlo. Jamás lo consiguió; el Azul
presuntamente murió hace días de un paro cardiaco y se libró de una
eventual captura, el correspondiente proceso de extradición y quizá de
terminar en una prisión estadunidense.
Tras la disolución del Cártel de Guadalajara después que el 7 de
febrero de 1985 sus integrantes secuestraron y posteriormente torturaron
hasta la muerte al agente de la DEA asignado a la capital de Jalisco,
Enrique Kiki Camarena, Esparragoza se volvió aún más cauteloso
y, con varios paisanos sinaloenses, formó un cártel más poderoso: el de
Sinaloa.
Ya en la década de los noventa, según los más de 30 encausamientos
judiciales interpuestos contra él en varias cortes federales de Estados
Unidos, era una especie de fantasma que se encargaba de las relaciones
de la organización sinaloense con el capo más poderoso del mundo en ese
entonces, el colombiano Pablo Escobar Gaviria.
Junto a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo, entre otros cabecillas del Cártel de Sinaloa, el Azul
fue una pieza clave para meter cocaína colombiana a México y
posteriormente —incluso en colaboración con los cárteles de Tijuana, del
Golfo y de Juárez, entre otros— para pasar la droga por la frontera
norte.
Siempre en segundo plano en comparación con otros capos mexicanos, el Azul
fue difícil de cazar. Ya fuera por la corrupción en el gobierno y en
las corporaciones policiacas de México o por la falta de voluntad de las
autoridades para capturarlo, la Casa Blanca y el Congreso de Estados
Unidos tuvieron que crear una nueva estrategia.
El 3 de diciembre de 1999, el entonces presidente de Estados Unidos,
William Clinton, promulgó la legislación conocida como Kingpin Act, con
la cual Washington comenzó a mermar el poder del Azul.
La Kingpin Act, que sigue vigente, tiene como objetivo “negar a
narcotraficantes significativos, a sus negocios y a sus operadores el
acceso al sistema financiero de Estados Unidos por medio de
transacciones comerciales con compañías o individuos sujetas a la
jurisdicción estadunidense”.
A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC,
sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, el presidente de
Estados Unidos autoriza que se confisquen bienes y congelen las cuentas
bancarias a ciudadanos extranjeros identificados como narcotraficantes
significativos.
Aunque la Kingpin Act se promulgó en 1999, fue en septiembre de 2003
cuando el sucesor de Clinton, George W. Bush, catalogó a Esparragoza
Moreno como narcotraficante significativo y sus finanzas comenzaron a
sufrir.
El 28 de febrero de 2004, por medio del fiscal federal Johnny Sutton,
el Departamento de Justicia informó que en un encausamiento formulado
desde diciembre de 2002, acusó al Azul de importar desde México grandes
cantidades de mariguana para distribuirla en Estados Unidos. En ese
expediente judicial también fueron implicados Arturo Beltrán Leyva, Raúl
González, Juan Robles y Juan Robledo, miembros del Cártel de Sinaloa.
En esa fecha, además de darse a conocer públicamente el primer
encausamiento contra Esparragoza Moreno, se anunció la recompensa que
ofrecía la DEA por el capo. La agencia lo ubicó entre los cinco narcos
más buscados del mundo, listado del que salió y al cual se reintegró
muchas veces.
Bajo ataque financiero
La OFAC realizó su primera acción contra Esparragoza Moreno el 24 de
septiembre de 2012, cuando el Departamento del Tesoro designó a 10
entidades y nueve personas como enlaces del Azul para el
contrabando de drogas y lavado de dinero. Se asentó así que familiares
del capo le servían de fachada para lavar dinero procedente de la venta
de estupefacientes en Estados Unidos.
Entre las nueve personas señaladas se destacaba María Guadalupe Gastélum Payán, una de las esposas del Azul,
a quien se le atribuyó la propiedad de una empresa en Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco. La firma, Grupo Cinjab, S.A. de C.V., junto con Grupo
Impergoza, S.A. de C.V. presuntamente se encargaban de manejar el
desarrollo inmobiliario Provenza Residencial, del centro comercial
Provenza y del parque industrial La Tijera.
También fueron imputados cuatro hijos que el Azul procreó con
Gastélum Payán: Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia
Patricia Esparragoza Gastélum. Ofelia Monzón Araujo, otra presunta
esposa del capo, también fue vetada por la OFAC, igual que Juvencio
Ignacio González Parada, Elvira Araujo Monzón, Ulises Guzmán Ochoa y
Martín Humberto Ponce Félix.
Las empresas afectadas fueron siete gasolineras ubicadas en Culiacán:
Servicios Buenos Aires, Estaciones de Servicios Canarias, Gasodiesel y
Servicios Ancona, Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y Servicios
Villabonita, Petrobarrancos y Servicios Chulavista.
El 10 de octubre de 2012 la OFAC agregó otras dos razones sociales a
esa lista: Socialika Rentas y Catering, S.A. de C.V., registrada en
Cancún, Quintana Roo, a nombre de Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum,
y Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., de Juvencio Ignacio González
Parada.
El 12 de diciembre de 2012, el gobierno de Estados Unidos indicó que
la urbanizadora Desarrollos Everest S.A. de C.V., con sede en Culiacán,
también pertenecía a Gastélum Payán. Y vinculó a Jorge Enrique Esquerra
Esquer, Julio César Estrada Gutiérrez y Carlos Alberto León Santiesteban
con la red de negocios de Esparragoza Moreno.
El siguiente golpe lo asestó el gobierno estadunidense el 22 de
agosto de 2013, al anunciar que Angello de Jesús Solís Avilés, Mario
Parra Sánchez, Manuel Arturo Valdez Rodríguez, Juan Carlos Villegas
Loera y Vanessa Valenzuela Valenzuela trabajaban con Esparragoza Moreno y
Rafael Caro Quintero en el lavado de activos procedentes del
narcotráfico.
La OFAC extendió las sanciones contra el Azul el 30 de
septiembre del mismo año, ya que el Departamento del Tesoro identificó
como colaboradores del capo sinaloense a Álvaro Padró Pastor, esposo de
Nadia Patricia Gastélum, y a Luis Francisco Vallarta Escalante,
relacionado con Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum.
El Departamento del Tesoro destacó que el ciudadano español era socio
de la empresa Piscilanea, S.A. de C.V., ligada a Caro Quintero. La
medida se aplicó también a Casa V, un “salón de eventos sociales” de
Guadalajara que manejaba Padró Pastor y que según la OFAC estaba ligado
asimismo con otro prominente capo: Amado Carrillo Fuente, El Señor de los Cielos.
La más reciente acción oficial del gobierno de Estados Unidos contra El Azul se anunció el 10 de abril pasado.
La OFAC designó como frente de lavado de dinero para el Cártel de
Sinaloa a nueve compañías de bienes raíces ligadas con Provenza
Residencial, y al restaurante Bocados de Autor, S.A. de C.V., en
Culiacán, manejados por los hermanos José, Fernando y Javier Sánchez
González, junto con María Aurora Sánchez Contreras y Eva Luz Rosales
Morfín.
En 2009, la catalogación de Esparragoza Moreno nuevamente como
narcotraficante significativo por la Casa Blanca consolidó la treintena
de encausamientos judiciales federales contra el sinaloense por tráfico
de mariguana, heroína y cocaína, así como por lavado de dinero en
California, Texas, Illinois, Nueva York, Nuevo México, Nueva Jersey,
Georgia, Colorado y Florida, entre otros estados.
Sin embargo, la DEA no ha querido hacer comentarios sobre la muerte del Azul en tanto el gobierno mexicano no confirme el hecho. De ser cierta su muerte, el hecho consolidaría a El Mayo Zambada como líder absoluto del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
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