En Olinalá, Guerrero, ella era la ley, hasta que fue detenida y recluida en una cárcel de Nayarit. Hoy, a la líder de la policía comunitaria la defienden prestigiosos abogados y ONG, mientras sus víctimas la señalan y aseguran que el gobernador la protege
Un grupo de ciudadanos víctimas de la policía comunitaria que dirigía
Néstora, llegaron al DF a denunciarla
“Olinalá es el paso obligado entre la montaña de Guerrero, donde se
siembre la mariguana, y los estados de Puebla y Morelos, donde se
comercializa”
Integrante del Consejo de Orden
y Vigilancia de la asociación civil
Por un Olinalá Seguro
Armando Patrón Jiménez, una de las víctimas, viajó desde Olinalá al DF
para dar la versión de los hechos
Los cautivos lo describen como campo de concentración. Lo llaman El Paraíso, pero funcionaba a la inversa, como un infierno.
Enclavado en una montaña de Guerrero, funciona como cárcel que
manejan policías de comunidad y en donde internaban a decenas de
secuestrados por la Policía Comunitaria.
La policía, alejada de los gobiernos formales, fue manejada por
Néstora Salgado, ahora presa en un penal de alta seguridad de Nayarit y
protegida por organizaciones internacionales de derechos humanos.
También, según dicen quienes fueron víctimas de sus leyes, la defiende el despacho de abogados Gómez Mont.
Quienes fueron cautivos en El Paraíso han dado su testimonio y dicen
que eran vigilados 24 horas por guardias armados con R15 y escopetas.
También relatan cómo pasaban los días y meses hacinados en el lodo y
obligados a defecar en botellas de plástico y comer en medio de la
inmundicia.
Víctimas de este cautiverio describen las circunstancias de la cárcel
de la organización al margen del gobierno que manejaba Néstora Salgado,
la comandante o “Camelia la Texana”, como es conocida en el municipio
de Olinalá, Guerrero, en donde hizo valer su ley y enfrentó al Ejército y
a la Marina Nacional.
Ella surgió de un movimiento “legítimo ciudadano” a finales de 2012 para tomar en sus manos la seguridad de Olinalá.
Pero líderes han denunciado que Néstora fue una creación del
gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien con la ayuda del senador
perredista Sofío Ramírez Hernández y Luisa Ayala Mondragón, exregidora
de Olinalá, la empoderaron.
Juan Rendón Mancilla, del Consejo de Orden y Vigilancia por un
Olinalá Seguro, atestiguó el apoyo económico que el gobernador Ángel
Aguirre brindó a Salgado al entregarle, a ella y sus policías, dinero y
dos camionetas para las labores de vigilancia.
La policía comunitaria surgió, según relatan los líderes, porque la
comunidad de Olinalá estaba cansada de las extorsiones, secuestros y
asesinatos cometidos por el grupo delictivo conocido como Los Rojos,
vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva, que se desbocó y sembró
el terror en aquella región.
El 21 de agosto del año pasado Néstora fue detenida en un operativo
conjunto entre Marina, Ejército, Policía Federal y Ministerial y
recluida en Tepic, Nayarit.
Actualmente ella es, para muchos, una dirigente social que con razón
busca ser protegida por organismos internacionales de derechos humanos y
evitar su prisión.
Sin embargo, para otros tiene un rostro diferente, el de la mujer
transgresora que en base en la idea de la “reeducación”, ordenó
secuestros de ciudadanos a cuyas familias les exigió el pago de un
rescate.
Reporte Indigo conversó con algunas de sus víctimas, entre ellas
adolescentes, hombres maduros y trabajadores del gobierno de Guerrero,
secuestrados por la Policía Comunitaria al mando de la comandante
Néstora.
Como presos pasaron días o meses en aquel infierno llamado El Paraíso.
Un ‘paraíso’ infernal
Los presos de El Paraíso comían una cucharada de frijoles con dos tortillas gordas de maíz, diariamente.
Las botellas de plástico de Coca Cola, partidas a la mitad, servían de inodoro.
Aún no clareaba en la montaña de Guerrero cuando eran obligados a bañarse con agua fría y secarse en su misma ropa.
Luego comenzaba una larga faena de trabajo forzado en los campos de siembra de maíz. Ni pensar en un pago.
Todo ocurría en una casa putrefacta, de adobe, techo de lámina y
malla ciclónica, que servía como cárcel, como campo de concentración.
En aquellas alejadas comunidades, durante los días de cautiverio, era
común que los guardias escucharan una estación de radio comunitaria en
la que se debaten temas políticos y cuyos oradores conminan a sus
escuchas a rebelarse contra el gobierno local y federal.
En esa misma frecuencia la voz del relator exalta las hazañas de
Lucio Cabañas, el maestro rural que se erigió en líder de la Sierra de
Guerrero en los 60.
Un grupo de ciudadanos víctimas de la policía comunitaria que dirigía
Salgado, llegaron al Distrito Federal a denunciar las acciones de
Néstora Salgado.
Con sus manos ásperas de hombre de campo, Juan Rendón Mancilla
muestra una identificación que lo acredita como integrante del Consejo
de Orden y Vigilancia de la asociación civil Por un Olinalá Seguro.
El hombre de pelo y bigote cano habla sin tapujos, consciente de la gravedad de sus acusaciones y de las posibles implicaciones.
Pero Rendón Mancilla explica que lo que ocurre en algunos municipios
de Guerrero, fundamentalmente en Olinalá, tiene una explicación que
trasciende a Néstora Salgado y a sus policías comunitarios, quienes
posiblemente solo sirvieron de chivos expiatorios.
¿Nexos con el narco?
Lo suelta de golpe.
“Olinalá es el paso obligado entre la montaña de Guerrero, donde se
siembra la mariguana, y los estados de Puebla y Morelos, donde se
comercializa”, dice Rendón Mancilla.
Por eso es que, desde que se suscitó el levantamiento de armas
ciudadano de finales de 2012, elementos del Ejército Mexicano y la
Marina vigilan celosamente las entradas y salidas del municipio.
Él fue uno de los muchos que, ante el olvido de las autoridades, sacó
sus pistolas para procurar justicia por su propia mano y frenar de
golpe la ola de extorsiones y crímenes que por esa fecha azotaban a
Olinalá y sus alrededores.
Pero cuando llegaron las fuerzas federales a Olinalá –institucional,
como se describe a sí mismo– guardó sus armas y dejó la responsabilidad
en los “marinos y verdes”.
Néstora y sus hermanos se negaron.
Dice que la mujer, a quien conoce de cerca, manifestó desde siempre
su deseo de legalizar las policías comunitarias, de hacer valer su ley
por encima de la autoridad del Estado.
Entonces se autonombró comandante de la Policía Comunitaria, pues
nunca la eligió la comunidad de Olinalá, municipio que, dicho sea de
paso, no forma parte de las regiones consideradas indígenas del estado
de Guerrero.
Luego vino el apoyo del gobierno de Aguirre Rivero, apunta. Néstora y
sus policías se sumaron y empoderaron hasta cometer excesos que están
documentados en averiguaciones previas en donde se acusa a la comandante
de secuestro.
Rendón Mancilla no tiene empacho en señalar que detrás de Néstora hay
muchos hombres de poder y mucho dinero de por medio, intereses.
¿Cómo es que ella, Néstora, puede pagar los servicios de un despacho
de abogados tan importante, que cobra en dólares, como la firma Gómez
Mont?, cuestiona y se ríe.
Dice no desearle mal a Néstora porque, al fin y al cabo, todos son
conocidos y originarios de Olinalá. Aunque la comandante tiene doble
nacionalidad, mexicana y norteamericana.
Lo que sí, apunta Rendón Mancilla, es que el Gobierno Federal tome
cartas en el asunto para frenar los excesos de los comunitarios. Dejar
en claro los alcances de la Ley 701 del Estado de Guerrero y, sobre
todo, que no quede en duda que por encima de todos, aplica la
Constitución.
Reporte Indigo tiene en su poder documentos de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a través de los cuales los
comandantes regionales y de grupo de la Policía Comunitaria emiten
órdenes de aprehensión en contra de agentes ministeriales por haber
violado la Ley 701, que reconoce los Derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Néstora impuso su ley y ahora se dice víctima
¿Néstora se enfrentó a las autoridades? Claro que lo hizo.
Secuestró a Armando Patrón Jiménez, síndico procurador de municipio
de Olinalá (cargo similar al de secretario de Seguridad Pública), a
quien acusó de borrar evidencias en torno al crimen de dos ganaderos de
la región y de robar una vaca.
Por esas fechas ocurrió el levantón del funcionario del gobierno
priista de Olinalá, y Néstora Salgado anunció a los medios de la región
que lo envió a “reeducarse”.
Patrón Jiménez viajó desde Olinalá para dar la versión de los hechos.
En entrevista refiere que justo porque le pidieron ayuda para
esclarecer el caso de un doble homicidio, acudió a efectuar un
levantamiento de datos y ayudar a los familiares a rescatar los cuerpos.
En eso estaba, explica, cuando Néstora y sus “avispas” (como se les
conoce a los integrantes de la Policía Comunitaria) llegaron hasta el
lugar, comenzaron a tomarle fotos y a grabarlo.
Acto seguido ordenó su detención y traslado hasta una de sus cárceles
junto con su chofer, Gustavo Rodríguez Padrón, quien también fue
levantado.
En poco más de una semana que el funcionario de extracción priista
estuvo privado de su libertad, Néstora y los suyos les exigieron a los
familiares 500 mil pesos para su liberación y 200 mil por la de su
acompañante.
Estaban en negociaciones cuando, en un operativo conjunto, las
fuerzas federales efectuaron el rescate de 39 personas que estaban
detenidas en “El Paraíso”, además del síndico y Rodríguez Patrón.
Lo que Néstora protagonizó en la región fue el inicio de la
guerrilla, recapitula el síndico procurador, quien sin duda apunta que
el problema ha tomado un claro tinte partidista, pues quien financió a
Néstora fue el gobernador Ángel Aguirre, del PRD, y el gobierno de
Olinalá es del PRI.
También dieron su testimonio en entrevista Yesenia y Rubí, dos
jovencitas que fueron levantadas por los comunitarios a pesar de que en
ese momento eran menores de edad y fueron acusadas de vender droga en el
centro de Olinalá.
Hoy mayores de edad, las dos jovencitas temen por la integridad de
sus familiares, que no tienen la opción de salir de Olinalá. Pese a la
detención y encarcelamiento de Néstora, están libres los hermanos de
esta, quienes mantienen las amenazas contra todos aquellos que se
atrevieron a denunciarla ante las autoridades o Derechos Humanos.
Eugenio Sánchez González, otro de los secuestrados por Néstora, dice
con la voz entrecortada: “¿Víctima Néstora? ¿Y nosotros qué?”.
El hombre de oficio carnicero que estuvo dos meses y cinco días
privado de su libertad, describe con la mirada perdida que nunca
olvidará su estancia en El Paraíso.
También, como al resto de los denunciantes, Néstora pidió rescate a
su mujer, a quien amenazó con encerrarla si no retiraba las dos
denuncias que interpuso contra ella desde el primer día que fue
levantado por los policías comunitarios.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
solicitó al gobierno mexicano tomar medidas cautelares para garantizar
la integridad de Néstora Salgado García, quien se encontraría en riesgo
debido a su encarcelamiento en la prisión federal de máxima seguridad de
Tepic, Nayarit.
Habría que preguntarle a la Comisión si conoce el lado oscuro de quien llama “lideresa indígena”.
Miércoles 7 de mayo de 2014)
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