La
proliferación de narcofosas en el estado está rebasando la capacidad de
las autoridades estatales. Un médico forense convocado por la PGR
revela que se rompieron los protocolos internacionales y federales al
usar maquinaria pesada para abrir los depósitos ilegales y al trasladar
los cadáveres descuidadamente. Además, a juicio de analistas académicos,
todo indica que si bien los gobiernos panistas dejaron crecer el
problema, el del priista Aristóteles Sandoval no avanza en el
esclarecimiento de los crímenes ni garantiza la seguridad de la
población.
GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Desde noviembre
de 2013 hasta el pasado domingo 2, en Jalisco se han encontrado
oficialmente 117 cadáveres en fosas clandestinas, pero el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) pasó por alto los protocolos
federales para ese tipo de exhumación.
El médico forense Alfredo
Rodríguez García señala que el uso de maquinaria pesada para abrir las
llamadas narcofosas provocó el destrozo de evidencias e incluso de
cuerpos, lo que provocó molestia en el personal de la Procuraduría
General de la República (PGR) y dificulta la identificación de las
víctimas. Agrega que sólo se entregaron los restos de cuatro personas
plenamente identificadas a sus familias:
“Hay varios peritajes que
se van a echar para atrás por parte de un juez federal y por la PGR
ante los problemas que se observan en el levantamiento de los cadáveres,
pues hay evidencias destrozadas porque removieron la tierra que podían
traer las osamentas o la revolvieron con otra del lugar donde fueron
enterrados los occisos; acabaron con el material básico para la
identificación del fallecido e, incluso, no usaron bolsas para trasladar
el cadáver en forma hermética. Tampoco utilizaron los sellos que se
requieren para ese tipo de acciones antes de transportar los restos
humanos a las áreas de trabajo.”
Sin embargo, el director del
IJCF, Marco Antonio Cuevas Contreras, rechazó esas afirmaciones en
entrevistas con varios medios locales. Afirmó que en el procedimiento de
exhumación no se dañó a los cadáveres porque se aplicaron los
“protocolos y técnicas arqueológicas” establecidos.
Al respecto,
Rodríguez García, forense en la ciudad estadunidense de San Diego,
California, señala que el director del IJCF no tiene el perfil adecuado
para ese cargo.
“El señor puede decir que todo está bien y que
responden a todos los protocolos. Pero, para empezar, él no tiene
ninguna especialidad en medicina forense, nunca había tenido nada que
ver con esa área del conocimiento humano.
“En el instituto hay
sólo una persona que recibió capacitación como entomólogo especializado
en el tema, pero lo traen como camillero; no hay aplicación de la
entomología forense ni estudios de antropología. El instituto tenía un
antropólogo y a una persona que reconstruía rostros, a quien dieron de
baja en la pasada administración. No tienen equipo de antropología
forense especializado para estos casos.”
A decir de Rodríguez
García, “en la Ciudad de México ese es el reporte que se tiene por parte
de un juez de Distrito y de personal de la PGR: que no se cuidaron los
procedimientos de la cadena de custodia, que están mal realizados los
procedimientos”.
Agrega que esto salió a relucir cuando los
cuerpos encontrados en La Barca fueron trasladados a la capital del país
y se pidió la colaboración de peritos de otros países para avanzar en
la identificación de los restos.
Además, por una propuesta suya se
realizarán estudios de piezas odontológicas para saber si algunos de
los asesinados estuvieron antes en Estados Unidos, ya que allá se lleva
registro de ese material de identificación.
Proceso Jalisco solicitó la opinión del director del IJCF, pero su oficina de Comunicación Social no respondió a la llamada.
Rodríguez
habla del tipo de trabajo que hacen los peritos convocados por las
autoridades federales: “Estamos sacando fotos de tatuajes y muestras de
ADN para confrontar con bases de datos de Estados Unidos y buscar
registros en bancos de dactiloscopía, de antropología forense y de
genética, a fin de ayudar en la identificación de los cuerpos”.
Añade
que algunos investigadores estadunidenses tampoco están de acuerdo con
el trabajo de los peritos del IJCF, pero quizá más grave es que “el juez
a quien menciono destaca que invalidará una buena cantidad de
procedimientos forenses porque se hicieron muy mal varios peritajes y no
se respetó el protocolo internacional signado por México, acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación desde 2012”.
El
número oficial de desaparecidos en el país es de 27 mil y, según Alfredo
Rodríguez, “es de pensar que la mayoría de ellos están muertos, pero
hay muchos sicarios en la cárcel que pueden dar información sobre los
lugares donde hay narcofosas; los pueden interrogar militares o agentes
federales. Es urgente que se diseñe un programa de testigos protegidos o
de investigación con el desarrollo de bases de datos que ayude a la
gente a ubicar a sus parientes”.
Explica que el éxito en la
identificación de un cadáver permite asegurar hasta en 50% el
esclarecimiento de un crimen. Aclara que en ciertos casos los asesinos
dan muestra de avance en sus técnicas de inhumación de cadáveres:
“Algunos son introducidos en bolsas de plástico y cubiertos de cal para
aminorar los olores fétidos, o preservar los restos más tiempo, quizás
porque quieren que se conozca la identidad de los muertos o quieren
mandar algún mensaje a sus enemigos, a las autoridades o a la sociedad”.
La dimensión de la violencia
El
hallazgo de un promedio de 23 cadáveres por mes desde noviembre pasado
ubica a Jalisco entre los estados más golpeados por la disputa de la
plaza entre grupos del crimen organizado, como lo son Tamaulipas, el
Estado de México y Michoacán, indica Francisco Jiménez Reynoso,
investigador de la Universidad de Guadalajara.
Ese dato, por sí
solo, hace pensar a los analistas que las bandas del narco optaron por
ocultar las evidencias de sus crímenes en la entidad, pese a que la
anterior administración, que encabezó el panista Emilio González
Márquez, se jactaba de que tenía el estado “blindado”.
No
obstante, “ya vimos que eso no era tan cierto, que el discurso de las
autoridades del anterior sexenio era pura palabrería y no resultaba
compatible con la realidad silenciosa que aquí se detecta”, dice el
académico.
“Asuntos como el de las narcofosas (continúa) se
manejan de bajo perfil; sólo cuando los medios descubren el dato se
convierte en noticia. Aquí no hay escándalo mediático y el discurso
oficial tiende a minimizar los hechos. Así sucedía en el gobierno de
Emilio González, pero la situación se repite con el actual gobierno (de
Jorge Aristóteles Sandoval), aunque éste puede argumentar que el
problema venía desde el anterior sexenio.”
Para él, no puede dejar
de observarse que “Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, hoy fiscal
general, encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en el pasado
gobierno panista”, por lo que falta investigar a fondo qué tan coludidos
pueden estar policías municipales y estatales en las narcofosas
descubiertas, pues “no es posible que haya cientos de personas
ejecutadas y enterradas en forma clandestina y que nadie haya escuchado
ni visto nada”.
Jiménez Reynoso considera que urge depurar las
corporaciones policiacas en los municipios donde se han descubierto las
narcofosas o en aquellos en los cuales se reportan más desapariciones
forzadas por ajustes de cuentas, extorsiones o secuestros: “Hay que
hacer mapas de criminalidad, ubicar por zonas geográficas los municipios
con alto índice de levantones; se debe contrastar toda esa información
con el número de personas desaparecidas, que en Jalisco es de 2 mil
300”.
E insiste en que “no se explica por qué ellos (los policías)
nunca se dieron cuenta de la existencia de narcofosas en lugares como
La Barca, Zapopan, Tlajomulco y en el límite entre Tlaquepaque y Tonalá,
además de los otros municipios involucrados”.
El pasado 20 de
febrero, en Tlajomulco de Zúñiga, la captura de un presunto integrante
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus declaraciones
permitieron localizar otras fosas clandestinas con 19 cuerpos en la zona
de La Calera. A consecuencia de este descubrimiento, varios agentes
decidieron abandonar su trabajo.
El investigador de la UdeG dice,
con base en la información disponible, que la mayoría de los asesinados
son hombres pero se ignora si eran criminales adversarios de los
asesinos o víctimas de secuestro. Por lo pronto, opina que no debe
descartarse el “efecto cucaracha” en varios municipios del sur de la
entidad, limítrofes con Michoacán, o en el norte, colindantes con
Zacatecas, y que delincuentes de alta peligrosidad se sumen a los que ya
están aquí:
“Es claro que debe existir alguna pista sobre lo que
se está descubriendo en Jalisco. Es factible pensar que existía traslado
de cadáveres o de personas secuestradas, que en apariencia nadie veía o
nadie quería ver. Es tiempo de investigar en los cuerpos de seguridad
de los municipios y del estado para dimensionar el tamaño del problema
que enfrentamos.”
Cosecha roja
A finales de febrero la
Fiscalía General del Estado informó que en el rumbo del Cerro del Gato,
localizado en los límites de Tlaquepaque, El Salto y Tonalá, autoridades
estatales encontraron los restos de seis personas en una fosa
clandestina.
Según las autoridades, el hallazgo fue posible por
una llamada anónima al servicio de emergencias 066. El denunciante
advirtió que de un predio aledaño al camino al Cerro del Gato emanaban
olores fétidos, posiblemente de cuerpos en descomposición.
Tras
comprobar el hecho, los policías de Tlaquepaque que acudieron al lugar
informaron a la Fiscalía General y a peritos del IJCF, quienes se
encargaron de trasladar las osamentas al Servicio Médico Forense para
tratar de identificar a las víctimas y las causas de su muerte.
Con
ese descubrimiento, en sólo tres meses se recuperaron en municipios
conurbados 42 cuerpos, pero a pesar de la conmoción que causó esta
información, puede ser sólo una parte de un problema que dejaron crecer
las administraciones panistas del estado, pero que el actual gobierno
del priista Aristóteles Sandoval no ha logrado resolver, indica Jiménez
Reynoso.
Asimismo, entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se
descubrieron 75 cuerpos en los límites entre La Barca, en Jalisco, y
Vista Hermosa, Michoacán. Vecinos de esos municipios y militares
reconocieron que el número de cuerpos enterrados superaba el ciento y de
manera extraoficial informaban que los crímenes eran obra del Cártel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que algunos de los cadáveres
correspondían a miembros de Los Caballeros Templarios caídos en la
guerra por el control de territorios.
Entre los restos de La Barca
se identificó a seis mujeres y al menos a dos militares de alto rango
ligados al aparato de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa
Nacional, recuerda el forense Alfredo Rodríguez.
El caso de La
Barca se conoció por un operativo federal para buscar a dos agentes
ministeriales, quienes desaparecieron en el límite entre Jalisco y
Michoacán. Después de arraigar a decenas de policías de Vista Hermosa,
éstos revelaron la ubicación de las narcofosas. Semanas después, ya en
diciembre, otras inhumaciones ilegales fueron localizadas en el Valle de
Tesistán. Ahí, en el predio La Cumbre, se encontraron 17 cadáveres, se
supone que también ejecutados por el CJNG.
/ 14 de marzo de 2014)
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