La dependencia pagó hasta tratamiento by-pass a su testigo
protegido estrella, quien ahora se encuentra prófugo. Sus declaraciones
se usaron contra Ángeles Dauahare y en el michoacanazo.
Ciudad de México.- Durante cinco años la Procuraduría General de la República (PGR)
gastó alrededor de 10 millones de pesos en sueldo, tratamientos médicos,
cirugías plásticas y una operación de by-pass gástrico que sirvió para
que el principal testigo protegido del sexenio pasador, El Pitufo, bajara de peso y transformara su fisionomía.
Parte
de esas erogaciones constan en facturas a las que MILENIO tuvo acceso y
que forman parte de un expediente penal contra José Salvador Puga
Quintanilla, quien pasó de informante a prófugo, pues la propia PGR
solicitó el 30 de agosto de 2013 orden de aprehensión en su contra en el
juzgado décimo de distrito de Naucalpan, Estado de México.
A este
sujeto se le acusa del secuestro de un empresario cometido en 2008, de
acuerdo con la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/280/2013, que deriva a su
vez de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/234/2008, iniciada tras su
captura.
El Pitufo fue arrestado en flagrancia en 2008;
sin embargo, con el argumento de que tenía información "relevante" del
cártel del Golfo y Los Zetas, fue reclutado como testigo por la Unidad
Especializada de Investigación en Delitos Contra la Salud, que dirige
Irving Barrios en la extinta SEIDO.
Su sobrenombre entonces era El Gordo,
debido a que pesaba 160 kilos, pero bajó a la mitad luego de la
operación que la PGR cubrió con recursos públicos. Además se le han
pagado tratamientos en hospitales privados de alta especialidad, como
Corporativo Hospital Satélite y ABC.
Estos gastos se realizaron
porque padece hipertensión y diabetes. Sumados a su sueldo mensual de 50
mil pesos, la erogación ronda 10 millones de pesos, de acuerdo con
facturas hechas a cargo de la PGR (homoclave PGR850101RC6) con domicilio
Paseo de la Reforma 211-213.
A pesar de los antecedentes de Puga
Quintanilla, el 29 de octubre de 2008 se firmó el convenio para que
fuera testigo colaborador de la dependencia, que fue suscrito por la
agente del Ministerio Público de la Federación Silvia Méndez Mendoza,
quien estaba bajo las órdenes Irving Barrios cuando la titular de la
entonces SEIDO era Marisela Morales.
Sus declaraciones fueron
utilizadas por la PGR para realizar acusaciones de nexos con el
narcotráfico —que se derrumbaron en tribunales— contra el general Tomás
Ángeles Dauahare, el ex comisionado de la Policía Federal Javier Herrera
Valles y el ex alcalde de Cancún Greg Sánchez, así como en el
denominado michoacanazo , entre otros.
José Antonio Ortega
Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal, señaló que la PGR está obligada a investigar a los
servidores públicos que dieron el aval para que un delincuente se
convirtiera en testigo colaborador.
También advirtió que, con la
orden de aprehensión que se solicitó en su contra, hay riesgo de que se
"caigan" casos relevantes en los que testificó.
Por ahora José
Salvador Puga Quintanilla se le "esfumó" a la PGR. Funcionarios
federales admitieron que este hombre "desapareció" y que la Policía
Federal Ministerial no ha sido capaz de ejercer acción penal en su
contra.
Su ingreso al programa de testigos "colaboradores" en el
sexenio calderonista tras convencier a funcionarios de la PGR de que era
compadre de Heriberto Lazcano, El Lazca, el líder de Los Zetas .
: Claves
El casi Jennifer
- Jennifer
es otro testigo utilizado por la PGR, cuyas declaraciones llevaron a
prisión al ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano y al general de
división Tomás Ángeles Dauahare.
- El procurador Jesús Murillo
Karam dijo el año pasado que la dependencia federal investiga a este
testigo protegido, porque así lo solicitó un juez en una de sus
sentencias.
- El nombre real de Jennifer es Roberto López
Nájera, quien fue abogado del cártel de Sinaloa hasta que esa banda
asesinó a su hermano. Entonces desertó y pidió protección federal.
(MILENIO/ Redacción/ 24 de Marzo 2014)
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