Así
como en las últimas semanas han salido a flote los estragos provocados
por el meteoro Manuel en las comunidades de La Montaña de Guerrero, en
la última semana los habitantes de la Sierra Madre del Sur elevaron su
voz para reclamar la atención del gobierno de Ángel Aguirre. Su
situación es desesperante pues, dicen, un número aún no cuantificado de
las parcelas donde sembraban amapola –el único cultivo que les redituaba
dividendos– fue arrasado por el meteoro. Hoy, dicen, además de estar
solos y sin recursos, se encuentran a expensas de la violencia criminal.
CHILPANCINGO,
GRO. (Proceso).– La devastación causada por la tormenta Manuel en La
Montaña y en La Sierra Madre del Sur –considerada la principal zona de
producción de amapola del país– muestra la precariedad del entorno en el
que las comunidades no sólo han sido olvidadas por el gobierno, sino
que enfrentan cotidianamente la violencia de las bandas delincuenciales
controladas por caciques y políticos ligados al narcotráfico.
El
meteoro no sólo arrasó con casas –lo que provocó que miles de personas
buscaran cobijo y alimentación en lugares menos inhóspitos–, también
afectó las vías de comunicación, así como cultivos de maíz y un número
aún no cuantificado de parcelas dedicadas al cultivo de enervantes.
Para
muchos campesinos, la extracción de opiáceos es el único medio de
obtención de recursos para sobrevivir en esta región donde no existen
medios de producción alternativos y los programas sociales son
considerados como paliativos asistencialistas que no resuelven la
pobreza y la marginación, comentan a Proceso productores locales.
En
La Montaña, conformada por 19 municipios, muchos de ellos incluso se
refieren a la amapola como La flor dadivosa o Maíz bola; a los paquetes
de goma de opio les dicen niños y niñeras. En la región los personeros
de los cárt eles suelen ir a las comunidades indígenas a comprar la
droga, en algunos casos de manera paralela al convoy de seguridad que
resguarda a los pagadores de los programas federales, dicen los
entrevistados.
Por lo que atañe a La Sierra –integrada por una
franja que incluye 14 municipios de las regiones Centro, Costa Grande y
Tierra Caliente–, la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa
por la confrontación entre los sicarios de las bandas que se disputan
las zonas de producción y trasiego. Desde principios de agosto la
violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Se habla de más
de 2 mil desplazados.
En contraste, la riqueza forestal y mineral
de La Montaña y La Sierra es usufructuada desde hace décadas por
empresas que operan bajo un esquema de fomento y apoyo gubernamental.
Pese a la deforestación, los conflictos sociales y los asesinatos, las
autoridades no hacen nada por frenar esa situación.
Y aunque el
precio de la goma de opio se ha devaluado, los productores prefieren
sembrar enervantes para tener dinero porque el precio del maíz y el
frijol está más depreciado y sólo sirve para el autoconsumo.
En el
periodo de esplendor del narcotráfico en la entidad –en las décadas de
los ochenta y los noventa– un kilo de goma de opio se pagaba en 60 mil
pesos.
Hoy, los productores reciben en promedio 12 mil pesos por
la misma cantidad: “De 10 a 12 pesos el gramo, dependiendo la
consistencia de la goma. Si está firme, cuesta más. La mejor goma es la
que se cosecha en tiempo de secas”, sostiene uno de los entrevistados.
Según
él, la ganancia mayoritaria sigue siendo para los intermediarios –los
representantes de los grupos criminales que controlan las plazas–, así
como para autoridades gubernamentales y algunos mandos castrenses que,
aseguran los productores, forman parte de una amplia red de lavado de
dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad
desde el sexenio pasado.
Los señalamientos contra el gobernador
Ángel Aguirre Rivero acerca de la supuesta protección que brinda a su
sobrino Víctor Aguirre Garzón, presunto líder del Cártel Independiente
de Acapulco (Cida), han sido constantes.
Otro caso es el del
presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez,
quien es hijo de Celso Ortega Rosas, La Ardilla, el presunto
narcotraficante capturado el 22 de diciembre de 2008 por agentes
federales. La Ardilla fue ejecutado en 2011 en el poblado de
Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, donde se afincó el grupo que
comandaba, Los Ardillos, según refirió en esa ocasión el general
retirado Juan Heriberto Salinas Altes, quien estaba al frente de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1928 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/16 de octubre de 2013)
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