SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- Las cientos de familias que
investigan la desaparición de sus seres queridos y se reunieron durante
tres días en esta ciudad con funcionarios estatales y federales,
legisladores, expertos internacionales y representantes de organismos
internacionales, clausuraron el Foro Internacional con una exigencia al
Estado mexicano: que realice una búsqueda efectiva y científica en todos
los casos para que los desaparecidos regresen con vida a sus hogares.
Al hacer las conclusiones sobre los tres días de trabajo en la
Universidad Autónoma de Coahuila -entidad pionera en la búsqueda de
personas- los participantes coincidieron en que el Estado mexicano debe
reconocer la emergencia humanitaria ante la ola de desapariciones que ha
hecho víctimas, según se estimó, a entre 24 mil y 70 mil personas;
acordaron crear un Programa Nacional de Búsqueda que dé respuesta
inmediata a los casos y una Ley General de Desaparición de Personas que
tipifique este delito en todo el país, así como aceptar la examinación
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre otras
propuestas.
Durante la clausura del Foro Internacional sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias, Armando Luna, secretario de Gobierno de
Coahuila, señaló que las desapariciones son la crisis humanitaria más
grave del país y la asignatura pendiente más grande, además de destacar
que el gobierno estatal tiene un compromiso político para encontrarlos
con vida.
A su vez, Yolanda Morán, madre del joven desaparecido Dan Jereemel,
dijo: “No cesaremos nunca de buscar a ese pedazo de nuestro ser que
puede ser cualquiera de nosotros. Señor gobernador, no baje los brazos,
haga de su estado un ejemplo a seguir para el gobierno federal y sus
homólogos”.
El subprocurador de la PGR, Ricardo García Cervantes, político
coahuilense que participó con su equipo durante los tres días de
trabajo, indicó que “lo que se ha dicho por escrito será recordado y
exigido, ya está dicho y escrito y hay que hacerlo. Quiero reivindicar
mi derecho, el de mi equipo de trabajo y el de la institución que decidí
representar en este evento, reivindicar el derecho de decir ‘nuestros
desaparecidos’… mi propia convicción y mi propio compromiso no está
sujeto a consenso, eso está en mi conciencia”.
Los presentes, principalmente mujeres -madres, hermanas, hijas o
esposas de desaparecidos- saltaron de su asiento y exclamaron: “¡Vivos
se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Las madres unidas jamás serán
vencidas!”, frases que han lanzado miles de personas en Guatemala,
Argentina, Perú, Colombia y Chile, y que gritan las centroamericanas
con hijos migrantes desaparecidos en México.
La Declaración de Saltillo, como se denominó el documento final
emanado del foro, establece en su introducción: “En nuestro país, las
desapariciones se han convertido en una situación grave al grado de
poder afirmar que nos encontramos ante una emergencia humanitaria, fruto
de un conflicto armado interno. Las cifras de desapariciones -siempre
inciertas- oscilan entre las 24 mil y las 70 mil víctimas. En el caso de
los migrantes, las cifras son aún desconocidas. Esta emergencia
humanitaria es multifactorial y exige una respuesta de Estado.
“Los perpetradores actúan sin distingo de competencia ni
jurisdicciones, trasladan rápidamente y a grandes distancias a las
víctimas, tienen equipos de acción inmediata para desaparecer. Frente a
lo cual el Estado no se mueve y su desempeño se reduce a una atención
mínima y deficiente. (…) Reconociendo que el Estado mexicano no ha
respondido satisfactoriamente respecto de la protección o restitución de
los derechos de las víctimas, ni de haber satisfecho el derecho a la
verdad y la justicia en ninguno de los casos. Ante la emergencia
humanitaria y la falta de respuesta eficaz del Estado, las familias
hemos retirado la confianza a la autoridad y ésta tiene que hacer un
esfuerzo claro y concreto para restituirla”.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, aprovechó para destacar la
labor que ha realizado el gobierno de Coahuila, pionero a nivel nacional
en reconocer y legislar sobre el problema, y señaló que esa misma
experiencia debe ser adoptada en otros estados, como Chihuahua, donde no
se ha reconocido la desaparición forzada.
Sus palabras hicieron que el contingente de madres de esa entidad aplaudiera la iniciativa.
El obispo Raúl Vera, impulsor de la organización de las familias, no
asistió al cierre del evento como estaba anunciado, porque se encontraba
en una misión humanitaria en Siria.
“Si esto prospera podemos considerarlo un parteaguas en esto que nos
duele tanto y que podemos considerar una emergencia nacional”, dijo el
asesor de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
México, al momento de leer las decenas de propuestas surgidas de las
mesas de trabajo en las que familias y funcionarios reflexionaron por
primera vez en la historia reciente del país quién desaparece, por qué,
quiénes son los perpetradores, qué se puede hacer, cómo los pueden
buscar, a quién le corresponde hacerlo y cómo debe hacerlo. “Esto se
puede convertir en recomendaciones”, afirmó tras leer las propuestas.
Las temáticas de las mesas de trabajo en las que participaron unas
200 personas se centraron en la búsqueda efectiva, investigación
criminalística, armonización legislativa y atención integral a las
víctimas.
“Reafirmamos nuestro papel de colaborar con las autoridades en la
búsqueda e investigación de los desaparecidos, mejorar el marco legal y
que los programas de atención integral se formulen con base en nuestras
necesidades (…) Al Estado le corresponde aprovechar esto y cumplir con
sus deberes ante la nación”, se indicó en la declaratoria final.
(RIODOCE.COM.MX/ Redacción / junio 9, 2013)
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