Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)
y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) exigieron al presidente Enrique
Peña Nieto investigar de manera exhaustiva el origen de las amenazas contra el
reportero de la revista Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, así como de disponer
de las medidas necesarias para garantizar su integridad física.
En una carta fechada
el pasado lunes 22, ambas organizaciones expresaron a Peña Nieto su
preocupación por las denuncias que presentó el semanario fundado por Julio
Scherer García, en el sentido de que “ex funcionarios del estado de Veracruz
podrían estar planeando secuestrar o dañar al periodista Jorge Carrasco
Araizaga”.
En el documento,
WAN-IFRA y el IPI reproducen la información obtenida por Proceso en el sentido
de que “agentes de seguridad en Veracruz han participado en esfuerzos de
vigilancia y recolección de antecedentes sobre la identidad de Carrasco, con la
intención de secuestrar o atacar el periodista”, situación que podría derivar
de sus investigaciones periodísticas sobre la muerte de Regina Martínez,
corresponsal de la revista en la entidad.
“Estamos
profundamente preocupados por estas denuncias, e instamos a las autoridades
mexicanas a investigar de inmediato la situación y tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de Carrasco”, pidieron a Peña Nieto
Galina Sidarova, presidente de la Junta Ejecutiva del IPI, y Jacob Mathew,
presidente de WAN-IFRA.
“Con el debido
respeto –expresaron al Ejecutivo– nos permitimos recordarle que el Estado
mexicano está obligado por el derecho internacional a proteger a los
periodistas que llevan a cabo su función de informar al público. Por lo tanto,
las denuncias presentadas contra las autoridades de Veracruz deben ser
investigadas con prontitud y seriedad”.
Los directivos de
ambas organizaciones solicitaron a Peña Nieto cumplir con el compromiso que en
nombre de su gobierno hizo el subsecretario de Normatividad de Medios de la
Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, de que “el gobierno
federal utilizará todos los instrumentos legales disponibles para asegurarse de
que los estados no cometan abusos, independientemente de su partido político”.
Sánchez signó el
compromiso en una reunión que sostuvo con una misión de WAN-IFRA y el IPI en
febrero pasado, durante una visita oficial de integrantes de esas
organizaciones a México.
En la misiva, Galina
Sidarova y Jacob Mathew recordaron que la frase pronunciada por Sánchez
Hernández surgió precisamente a partir de que los emisarios de las
organizaciones le manifestaron “su preocupación por casos como el de Veracruz,
donde las autoridades han adoptado una actitud particularmente hostil hacia los
periodistas críticos”.
Puntualizaron que
durante la visita de trabajo, los representantes de las organizaciones se
reunieron con funcionarios del estado de Veracruz, encuentro que “no inspiró ninguna
confianza en el compromiso de las autoridades para proteger a los profesionales
de los medios”.
Sidarova y Mathew
manifestaron a Peña Nieto que después de la gira de trabajo, WAN-IFRA e IPI
publicaron el informe “La situación de la libertad de prensa en México”, que
“reveló que algunas autoridades estatales se habían convertido en un serio
obstáculo a la libertad de expresión en el país”.
Los directivos
destacaron que el informe –del que da cuenta Proceso en la edición que circula
actualmente– resalta que durante los últimos seis años México se ha convertido
en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, y
recomienda esfuerzos coordinados entre los gobiernos locales y el federal para
“mejorar la situación de seguridad de los medios de comunicación”.
En la carta, los
activistas señalaron a Peña Nieto que para ellos “las denuncias de que los
propios funcionarios (públicos) puedan estar involucrados en amenazas de muerte
a los periodistas, deberían ser considerados por su oficina como una cuestión
de suma urgencia”.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/25 de abril de 2013)
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