La capital del país vive una efervescencia de
construcciones. Gigantescas, la mayoría de ellas. La Ley de Desarrollo Urbano
de 2010, herencia de Marcelo Ebrard, le abrió las puertas al desmedido mercado
inmobiliario que no se detiene ante nada, ni siquiera ante los derechos de los
ciudadanos. Quienes resultan afectados por los megaproyectos de las empresas
inmobiliarias y quieren denunciar o quejarse son obligados a recorrer un
laberinto burocrático que suele desembocar en ninguna parte.
Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Susana Kanahuati y Josefina MacGregor tienen intensa actividad en
la red social de Twitter. Aconsejan qué hacer cuando una constructora derriba
árboles sin permiso, dicen cómo explorar la página de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para verificar el uso de suelo aplicable
para un predio u orientan a ciudadanos con viviendas dañadas por edificaciones
vecinas…
Forman parte de un
grupo multidisciplinario de 40 ciudadanos que a golpe de denuncias contra
construcciones que alteran el entorno de sus colonias y su calidad de vida,
adquirieron conocimientos de la normatividad urbana de la Ciudad de México.
Son ciudadanos que
analizan leyes, reglamentos, normas, decretos… todo lo que tenga que ver con el
desarrollo urbano de la capital. Quieren proponerle a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), presidida por Manuel Granados –quien fuera
subalterno de Miguel Mancera en la Procuraduría General de Justicia– reformas
que unifiquen criterios jurídicos. Buscan lo que diputados locales les han
comentado que es “muy difícil”: Tener certeza jurídica.
Integrantes también
del Patronato San Ángel, en entrevista con Proceso, Kanahuati y MacGregor
coinciden en que la gran actividad de las redes sociales en la Ciudad de México
para denunciar anomalías es el resultado de la falta de respuesta de las
autoridades delegacionales y del gobierno central, ante lo que, afirma la
segunda, es “un mercado inmobiliario de locura, con una Ley de Desarrollo
Urbano que dejó Marcelo Ebrard en 2010 y que abrió las puertas para que las
empresas inmobiliarias operen como ellas quieren. Es una ley a favor del
inmobiliario, no del ciudadano”.
“La Seduvi dice: ‘Yo
informo de cambios de uso de suelo y doy permisos de buena fe’. La delegación
dice: ‘Yo doy manifestación pero no reviso la autenticidad de documentos’ y
sólo actúa si hay una denuncia ciudadana. El Instituto de Verificación
Administrativa (Invea) actúa si le avisa la delegación y si tiene verificadores
y la Procuraduría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) no tiene
facultades para implementar una sanción, y si pides información de alguna
construcción, te la niegan alegando que es por protección de datos personales.”
Las redes sociales
han dado algunos resultados satisfactorios, señalan las activistas. Recuerda
Kanahuati: “Hubo una guerra de Twitter a finales del año pasado cuando nos
enteramos de que la Asamblea tenía un paquete de más de 40 solicitudes que les
envió la Seduvi para que les aprobaran el cambio de uso de suelo; al final
evitamos que se aprobaran de un golpe”.
Vecinas de una zona
clasificada como patrimonial, aprendieron la ruta de la denuncia recorriéndola:
Dan seguimiento a 45 denuncias sólo en las colonias San Ángel, San Ángel Inn y
Tlacopac, en la delegación Álvaro Obregón.
En el camino
encontraron datos que justifican la inquietud de los habitantes de la ciudad
frente a grandes construcciones: “De 100% de las construcciones que hay en la
ciudad, solamente 3% están haciendo estudios de impacto urbano”.
Omar Karim de la
Vega, presidente del Comité Condesa, otro recurrente usuario de las redes
sociales y con amplia experiencia en litigar contra constructoras, se suma a la
entrevista y pone un ejemplo concreto: “En julio de 2011 la constructora Baita,
del secretario de Desarrollo Urbano, Simón Neumann, provocó un socavón en la
calle de Zamora, donde construye un edificio de 15 niveles con 200
departamentos: Capital Condesa.
“La PAOT ya había
advertido del riesgo porque la excavación era muy profunda, además de que su
estudio de impacto urbano y el dictamen de vialidad estaban vencidos y tiene
inconsistencias en materia de obras, y la delegación (Cuauhtémoc) protege esto,
sólo suspendieron para que rellenaran el socavón.”
TRIQUIÑUELAS
Otro tipo de
irregularidad frecuente en la ciudad es la entrega de certificados de
zonificación por parte de la Seduvi a empresas o particulares que presentan
documentos “apócrifos” para apropiarse de terrenos, que luego transforman en
grandes edificaciones.
Explica MacGregor:
“El empresario va a la Seduvi con testigos y todo, con boletas de predial, para
pedir un certificado de zonificación alegando que durante el temblor su
edificio de 10 pisos se cayó. La Seduvi entrega el certificado y con eso la
inmobiliaria saca su manifestación de construcción; y mientras los vecinos van,
alegan y demandan ante el Ministerio Público por falsificación de documentos,
construyen el edificio y después la Asamblea lo regulariza. En Tizapán y en Las
Águilas hay 27 averiguaciones previas por eso y no pasa nada”.
De la Vega agrega
otro ejemplo: “Juan de la Barrera 25 es un inmueble expropiado por el Instituto
de la Vivienda en 2000 a favor de los vecinos que ahí vivían, porque era un
predio de un gringo que murió intestado en los setenta. En el gobierno de Marcelo
Ebrard, ¡oh, sorpresa!, aparece un fulano que impugna la expropiación y dice
que él es el dueño del predio y gana el juicio, desaloja a los vecinos, que son
de bajos recursos y no tienen capacidad de defenderse”.
Ese predio, agrega,
fue vendido al arquitecto Javier Sánchez Corral, que adquirió otros inmuebles
en la misma manzana, de manera que “tiene un terreno de 6 mil metros cuadrados
donde puede meter 600 viviendas, porque en la lista del programa delegacional
le dan seis niveles”.
Sánchez Corral, apunta
De la Vega, “compró un terreno en Pachuca 2, que fue incluido indebidamente en
la Gaceta Oficial en una lista de 62 predios de la delegación Cuauhtémoc a los
que se les permite hacer prácticamente lo que quieran; pero resulta que en la
lista que Ebrard le dio a aprobar a los diputados en 2008, es sólo de 62, es
decir, no estaba Pachuca 2.
“La obra se detuvo
porque logramos demostrar el fraude, no sólo por la inclusión indebida en la
Gaceta Oficial sino porque cuando demandamos en 2012 ante la PAOT, presentaron
un documento firmado por Carlos Lazo y Cristina Margáin, quienes supuestamente
habían vendido a Sánchez Corral; pero ambos están muertos, él en 1953 y ella
años después. Presentamos las actas de defunción, pero la propiedad sigue
siendo de Sánchez Corral.”
La Ley de Desarrollo
Urbano impulsada por Marcelo Ebrard en 2010 causó el incremento de 70% en las
denuncias recibidas por la PAOT. Mientras en 2009 ese organismo concentró mil
471 quejas, un año después fueron 2 mil 501.
De acuerdo con el Reporte
de Gestión de la dependencia, en 2011 y 2012 la tendencia se mantuvo con 2 mil
373 y 2 mil 284 denuncias, respectivamente; en cuanto a este año, hasta el
jueves 11 la PAOT tenía 967 investigaciones abiertas por denuncias ciudadanas y
actuaciones de oficio por diversas irregularidades.
Las tres principales
causas en los expedientes abiertos en 2013 son: violaciones al uso de suelo
(353 casos), ruido y vibraciones (204) y afectaciones a áreas verdes en zona
urbana (139).
Según las denuncias
ciudadanas recabadas por la dependencia, este año prácticamente no hay
delegación que se salve de las irregularidades en el ordenamiento ambiental y
territorial. Los primeros cinco lugares de incidencia son Álvaro Obregón (115),
Cuauhtémoc (98), Benito Juárez (81), Coyoacán (70) y Miguel Hidalgo (61).
Las señales de
alarma por el crecimiento irregular tomaron fuerza en los últimos dos años. Por
denuncias ciudadanas a principios de 2011 diputados del PAN en la ALDF lograron
identificar obras ilegales en Benito Juárez (136), Cuajimalpa (162), Gustavo A.
Madero (69) y Álvaro Obregón (15).
En una comparecencia
ante la ALDF, en octubre de ese año, el entonces titular de la Seduvi Felipe
Leal reveló que por un amparo obtenido por la empresa inmobiliaria Ciber
México, la dependencia liberó 732 cambios de uso de suelo para la realización
de obras de mayores dimensiones a las permitidas por los planes y programas
delegacionales.
Ante medios, la
organización de colonos de las Lomas de Chapultepec, Salve Lomas, revelaron que
de 2009 a 2012 detectaron 200 construcciones irregulares y que de todo lo
construido en esa delegación en ese periodo, 90% violó el Plan de Desarrollo
Urbano en asuntos tan delicados como el cambio de uso de suelo.
Con el gobierno de
Mancera la dinámica de las irregularidades continúa y también las denuncias por
parte de ciudadanos que han exigido al mandatario despedir al titular de la
Seduvi, Simón Neumann, por considerar que tiene un conflicto de intereses.
El pasado 28 de febrero
Eloísa Alvarado, del Comité Vecinal de las Lomas de Chapultepec, denunció ante
los medios que en noviembre de 2012 Neumann se reunió con vecinos que habían
logrado que se mantuviera clausurado un proyecto de construcción de 29 pisos.
Se presentó como dueño de la constructora Agri y ofreció a los vecinos una
patrulla para que le permitieran continuar con la construcción sin modificarla.
Además de Agri,
Neumann también ha tenido participación en otras inmobiliarias, Dekah y Baita,
según indagatorias de vecinos.
La inconformidad
ciudadana por el boom inmobiliario se manifestó el martes 9 con una
concentración en la delegación Benito Juárez y un breve bloqueo de las avenidas
Cuauhtémoc y Municipio Libre; los vecinos querían hablar con el delegado Jorge
Romero Herrera, a quien reclaman su negativa a ejercer su facultad de clausurar
y demoler obras que no cumplen con la normatividad.
Vecinos de colonias
con vocación unifamiliar, como Del Valle, Nápoles, Mixcoac, Crédito
Constructor, General Anaya, y de barrios originarios, como Santa Cruz Atoyac,
San Simón Ticumac o Xoco, manifestaron su indignación porque su calidad de vida
se ha visto mermada por la imposición de grandes desarrollos inmobiliarios.
Entre los
inconformes estaba Oswaldo Santana Mendoza. Vecino del pueblo de Xoco, Santana
ha visto dañado su patrimonio por la construcción del desarrollo Ciudad
Progresiva Mitikah, un proyecto ubicado en lo que fue el Centro Bancomer y su
estacionamiento, entre las avenidas Churubusco y Universidad.
El proyecto
arquitectónico comprende siete torres, una de ellas de 60 pisos y que tendrá
uso mixto: habitacional, comercial, oficinas y hotel; en otra se prevé una
clínica de 12 pisos; las otras cinco de 21, 32, 11, 18 y 26 niveles serán para
uso habitacional y comercial.
“El pueblo de Xoco
tiene 3 mil 500 habitantes y en Mitikah calculamos que van a vivir unos 10 mil,
porque se construirán más de 2 mil 500 departamentos; el proyecto dice que el
edificio va a consumir casi 300 mil litros de agua al día y generar 12
toneladas de basura. ¿De dónde van a salir los servicios? ¿Nos van a quitar el
agua para dársela a ellos?”
El megadesarrollo es
propiedad de un fideicomiso bancario del que es fiduciario HSBC.
ANARQUÍA URBANA
Vecino de la colonia
Del Valle desde hace 50 años, Jesús González Schmal se sumó a la manifestación
ciudadana el martes 9, pues ha sido testigo de la “anarquía urbana que ha
degradado la vida de los habitantes”.
González Schmal
cuenta a Proceso: “Tenemos un inventario de 236 obras que están incumpliendo
las normas de construcción, de uso de suelo, de exceso de altura, de
insuficiencia de cajones de estacionamiento y la factibilidad del agua no se ha
acreditado”.
Hay casos de
falsificación de documentos para “acreditar” derechos adquiridos. Uno de ellos
es el de Adolfo Prieto 1249 donde, explica el ex diputado federal, “había dos
casas unifamiliares, se demuelen y se construye un taller para reparar autos
Mercedes Benz, cuando el uso de la zona es habitacional para tres niveles
máximo; ya clausuró PAOT, ya clausuró el Invea y la delegación levanta los
sellos; cuando va uno a la delegación le dicen al ciudadano que apareció un
certificado de derechos adquiridos, va uno a la Seduvi y dicen que el
certificado no compagina con el expediente, aunque hay una denuncia por
falsificación de documentos interpuesta por la PAOT, hay una parálisis absoluta
de la PGJDF”.
En la revisión de
esos casos identifica como las principales irregularidades la utilización de la
norma 26, aplicable a la construcción de obras de interés social: “Llega el
cliente, le dicen que el precio de interés social llega hasta la obra negra,
pero como le pone baño, firmes en las paredes, contactos en las recámaras,
pisos, esto triplica o cuadruplica el precio y la autoridad se hace tonta;
autoriza la Seduvi y por tanto es legal, pero en rigor no lo es, porque se han
sobrepasado los costos”.
En esa condición se
encuentran las construcciones en Bruno Traven 93 y Uxmal 1112, en la colonia
General Anaya, casos denunciados por Ángeles Rodríguez, María del Carmen Díaz y
Alfonso Aceves, vecinos de la colonia donde el uso de suelo permite la
construcción sólo de tres niveles.
Los documentos
obtenido por los vecinos confirman que en Bruno Traven 93 la Seduvi dio permiso
para edificar 14 viviendas en tres pisos, pero en realidad serán 30
departamentos en siete pisos; en Uxmal, el permiso que se tramitó es para
construir 28 departamentos y se construyen 62 en seis niveles.
“Se supone que por
la norma 26 las viviendas podrían costar menos de 709 mil pesos, pero las están
vendiendo hasta en 3 millones”, dice Ángeles Rodríguez.
Alfonso Aceves hace
un cálculo: “Sabemos que por el terreno de Uxmal se pagaron 18 millones de
pesos; si vendieran cada departamento al precio de vivienda popular, la
inmobiliaria obtendría menos de 50 millones, pero en venta de lujo, obtendrían
186 millones”.
En el caso de Uxmal
1112, propiedad de la inmobiliaria Camino Real a Xochimilco, además de estas
irregularidades, explica Díaz, la excavación fue tan profunda que emana agua
del subsuelo de forma constante desde el año pasado. “Cuando yo manifesté lo
que ocurría a los funcionarios de la delegación, lo que me dijeron es que no me
preocupara, que no era agua potable, pero la angustia es que van a edificar
sobre barro”, apunta.
Asesor jurídico de
la diputada perredista Dinorah Pizano, González Schmal advierte que la
manifestación ciudadana es una expresión de la desesperación ante la falta de
respuesta de las autoridades delegacionales y de la Seduvi no sólo para
clausurar obras, sino para demoler.
Aunque sostiene que
el desequilibrio urbano en la delegación Benito Juárez fue creciendo en los
últimos tres trienios, reconoce que “hay una anarquía extendida, que a nivel
central no hay nadie que supletoriamente intervenga cuando la delegación es
incompetente, deshonesta o corrupta (…) pese a que en el DF ha habido gobiernos
progresistas, no han cumplido con la sociedad de dar unas condiciones urbanas
de desarrollo equilibrado, sensato y que no atropelle, como sucede en la
ciudad”.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/ 25 de abril de 2013)
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