Imanol Caneyada
El próximo 14 de marzo, una delegación del
gobierno mexicano deberá presentarse ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a raíz de la demanda que la tribu elevó al organismo
internacional hace dos años
En este momento son
varios los funcionarios del Gobierno federal que preparan las maletas para
viajar a Washington, además del vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
de Sonora, Enrique Martínez Preciado, con el objeto de presentarse en la
audiencia a la que convocó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) el próximo 14 de marzo.
La razón, el caso MC
19/11 Pueblo Yaqui, en la que la tribu demanda al Estado mexicano que respete y
haga valer el decreto de Lázaro Cárdenas, en el cual, el ex presidente
reconocía plenamente los derechos de los yaquis sobre el territorio que ocupan
y les dotaba del 50% del agua de la presa Angostura y todos los escurrimientos.
El Estado mexicano,
como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende
la CIDH, está obligado a acudir a la reunión, la cual se celebrará a las 14:45
horas en la Sala 704 del Edificio GSB de la OEA, ubicada en el 1889 F St. NW,
Washington D.C.
En el oficio enviado
por el embajador Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos y
Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Martínez Preciado
(documento clasificado como información reservada), con fecha del 15 de febrero
de 2013, se hace del conocimiento del vocal ejecutivo de la CEA que en el marco
del 147vo. periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el Estado mexicano deberá
presentarse a la reunión de trabajo convocada por el organismo para abordar el
caso MC 19/11 Pueblo Yaqui.
“A fin de uniformar
la postura de las dependencias involucradas en este asunto, me permito
convocarlo a una reunión preparatoria el viernes 22 de febrero de 2013, a las
10:00 horas, en una sala por confirmar en la Cancillería”, consigna el oficio.
De igual forma, el
embajador le sugiere al funcionario estatal que tome las medidas providenciales
para procurar su documentación migratoria en orden, “así como para realizar las
reservas de los boletos de avión y de hotel en Washington DC. Adjunto listado
de hoteles de la ciudad de Washington para su estadía”, concluye la misiva.
A su vez, Mario
López Garelli, en representación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, con fecha
del 13 de febrero de este año, convocaba de oficio al Estado mexicano “para la
reunión de trabajo durante sus próximas sesiones para tratar cuestiones
vinculadas con el asunto MC 19/11, Pueblo Yaqui”.
El documento está
dirigido al representante permanente de México ante la Organización de Estados
Americano, embajador Joel Antonio Hernández García, quien canalizó la
convocatoria a la SRE.
¿Qué es el MC 19/11?
Abogado James C.
Hopkins, director del Indigenous Law and Policy Program de la Universidad de
Arizona.
Es el número de
expediente que la CIDH le asignó a la petición formal que las Autoridades
Tradicionales Yaquis, a través de James C. Hopkins, director del Indigenous Law
and Policy Program de la Universidad de Arizona, para que el órgano
internacional interviniera ante la violación sistemática de los derechos del
pueblo yaqui sobre los recursos naturales del territorio que les asignó Lázaro
Cárdenas en el decreto de 1937, y el ecocidio que el Estado mexicano ha
permitido en el mismo.
La petición se
presentó en diciembre de 2010. Para el 14 de febrero de 2011, la CIDH le daba
admisibilidad a la demanda y se lo comunicaba formalmente al día siguiente, 15
de febrero.
Después de una ardua
batalla legal en la que el Gobierno mexicano desechó todas las demandas
presentadas por la Tribu yaqui, una batalla que pasó por la comparecencia de
James C. Hopkins ante la ONU en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo del año pasado,
la CIDH ha resuelto finalmente convocar a las partes en lo que será,
posiblemente, el fin del proceso.
Posteriormente, el
organismo emitirá una recomendación que el Estado mexicano estaría moralmente
obligado a seguir, pues suscribe plenamente las políticas de defensa de los
derechos humanos en el continente que promueve la Organización de Estados
Americanos, de la cual es miembro desde 1948.
Lo anterior, que
podría parecer letra muerta, cobra especial relevancia con las modificaciones
que sufrió el artículo 1ro, constitucional en junio de 2011.
“Artículo 1o. En los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece”.
Enrique Martínez,
titular de Comisión Estatal del Agua en Sonora.
Por su parte, James
C. Hopkins, en representación de las Autoridades Tradicionales Yaquis, presentó
el 4 de octubre de 2011 un documento de 19 páginas en el que expone de forma
exhaustiva las condiciones de miseria y explotación en las que vive la tribu
yaqui, la violación sistemática de los derechos históricos que tienen sobre el
territorio y los recursos naturales del mismo (reconocidos en el decreto de
Lázaro Cárdenas por el gobierno mexicano) y el paulatino ecocidio que los
agricultores y las empresas instaladas en la región han perpetrado contra los
recursos.
Este 14 de marzo, el
Estado mexicano comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; los yaquis confían en que el organismo internacional les otorgue la
razón; con ello, la relación entre el Estado mexicano y la tribu adquirirá una
dimensión nueva, de interlocución de pares y no de concesiones y dádivas.
(PRIMERA PLANA/ Imanol Caneyada/Mar 8, 2013)
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