Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F.
(apro).- Será en los próximos cuatro años en que la Procuraduría General de la
República (PGR) ofrezca resultados exitosos, confió su titular Jesús Murillo
Karam al director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco,
durante un encuentro en el que se revisó el informe de la organización sobe los
desaparecidos en México.
Al término de la
rueda de prensa en la que HRW presentó el informe Los desaparecidos de México.
El persistente costo de una crisis ignorada, que documenta 249 casos de
desaparición, 149 cometidos por agentes estatales, Vivanco reveló que el ex gobernador
de Hidalgo explicó que, entre las dificultades que tiene para llevar adelante
investigaciones de violaciones a derechos humanos, destaca que la
administración anterior dejó una PGR “desmantelada”.
“El procurador nos
dijo que él recibía una institución que no contaba con los recursos, que tenía
muchos cargos congelados, que no tenía realmente el personal adecuado, y que el
que tenía estaba muy por debajo de sus niveles; además, que él tenía un plan de
trabajo para fortalecer la PGR y que confiaba que de aquí a cuatro años más o
menos la institución iba a poder mostrar resultados, que no quería hacer
demagogia”, contó Vivanco.
El defensor, quien
calificó a Murillo Karam como “aliado de las causas de los derechos humanos”,
dio el beneficio de la duda al político priista.
“Si sostiene que la
PGR está desmantelada y que no está en condiciones ni a la altura de los
desafíos enormes que tiene México en materia de derechos humanos, creo que hay
que darle el beneficio de la duda, porque quien lo dice es Murillo Karam y no
es cualquier político”, apuntó.
Vivanco acotó que
siendo “aliado” de los derechos humanos, el procurador general de la República
está obligado a responder a los familiares de miles de víctimas de las
desapariciones ocurridas durante el anterior régimen, obligación que debe
compartir con el propio presidente Enrique Peña Nieto.
Ponderó como
positivo que Murillo Karam se haya pronunciado por no recurrir al arraigo y en
promover su modificación constitucional.
Acompañado del
responsable de la investigación, Nik Steinberg, Vivanco sostuvo que la prueba
de los compromisos del gabinete de Peña Nieto para atender las desapariciones
del régimen pasado serán “los signos claros de que este tema ha pasado a ser un
tema prioritario en la agenda de derechos humanos” en su gobierno.
Recordó que durante
el sexenio de Felipe Calderón ni siquiera en el discurso había una defensa de
los derechos humanos y que, por el contrario, se distinguió “hasta diciembre de
2011 en sostener públicamente reuniones con los militares para felicitarlos y
decirles ‘aquí había cucarachas y había que limpiarlas’, y que 90% o más de las
víctimas eran del crimen organizado que se mataban entre ellos”.
En vísperas de que
el gobierno federal difunda el padrón de desaparecidos durante la “guerra
contra el narcotráfico”, Vivanco sostuvo que para evitar que en la actual
administración persita esta práctica “hay que hacer justicia, hay que combatir
la impunidad, esto no puede quedar simplemente en estadísticas o en informes o
en conceptos genéricos o abstractos”.
Sin pronunciarse
sobre la eventual relación oficial sobre desaparecidos, que sugirió debe
cotejarse con la lista de asesinatos, el activista insistió en que esta
iniciativa “debe resultar en la investigación, en el castigo y procesamiento
ejemplar de soldados y oficiales, tanto del Ejército como de la Marina, con
total transparencia, de cara al país y con sentencias que sean proporcionales a
las atrocidades que aquí se han cometido por la fuerza pública en una guerra
contra el narcotráfico donde todo fue permitido”.
Después de señalar
con ironía que con la cifra escandalosa de 27 mil desaparecidos México se pone
“a la vanguardia” de otros países de América Latina, que han registrado menos
casos durante las dictaduras militares de los setenta y ochenta, Vivanco
exculpó de cualquier responsabilidad al actual gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo,
insistió en que pese a que no tuvo que ver en la política de seguridad que
derivó en los catastróficos resultados, Peña Nieto tiene la obligación de
investigar los crímenes cometidos durante la llamada “guerra de Calderón”.
“México cuenta con
la infraestructura, con los recursos, en esto hay experiencia en el pasado, es
cuestión de decidir si es una prioridad o no. ¿Es una prioridad en materia de
derechos humanos hacer justicia frente a los desparecidos o las ejecuciones o
las torturas?”, preguntó.
Nik Steinberg
destacó que en esta tragedia “los verdaderos ministerios públicos son los
familiares, las madres y los padres de los desaparecidos”, toda vez que las autoridades
judiciales no atienden las denuncias por desaparición y ponen en duda la
honorabilidad de las víctimas.
Entre los absurdos
que HRW recabó en la investigación de más de un año, añadió Steinberg, destaca
que la PGR aplicó pruebas de ADN a las esposas de hombres reportados como
desaparecidos para cotejar esa información con los restos de los cuerpos
localizados en San Fernando, Tamaulipas.
“Son datos que
causan risa, pero también llanto porque no es posible que ocurran situaciones
tan absurdas en medio de la tragedia”, deploró.
El equipo de HRW se
reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, así como con
funcionarios de la Marina, además de Murillo Karam.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/ 21 de febrero de 2013)
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