Debido a la manifiesta incapacidad del Estado para
brindar protección a los ciudadanos, en varias entidades del país han empezado
a multiplicarse, fuera de control, los grupos de autodefensa ciudadana o, como se
les designa eufemísticamente, policías
comunitarias. Símbolo del hartazgo de quienes viven a merced del crimen
organizado, estos grupos –advierten especialistas en seguridad– corren el
riesgo de convertirse en instrumento de las mafias a las que pretenden
combatir, de los grupos guerrilleros o incluso de políticos inescrupulosos.
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Aún no se cumple el plazo que estableció para marcar diferencias
con el gobierno calderonista y a Enrique Peña Nieto ya le hizo explosión el
problema de la autodefensa ciudadana. Comunidades campesinas e indígenas,
cansadas de la irrefrenable espiral de violencia e inseguridad, decidieron
armarse para defenderse del crimen organizado y asumir la tarea que le
corresponde al Estado.
El riesgo, señalan
los especialistas, es que este fenómeno de autodefensa ciudadana o policías
comunitarios se expanda a otros puntos del país donde hay condiciones más
graves de inseguridad, hasta el punto de que esos grupos controlen regiones
enteras y luego sean manipulados por las mafias o incluso por agrupaciones
políticas.
En términos de
seguridad, del pasado 1 de diciembre a la fecha el gobierno de Peña Nieto no se
ha diferenciado del de Felipe Calderón. Según recuentos periodísticos, en los
casi cuatro meses del gobierno actual van más de 2 mil muertos en tanto que los
índices de secuestros, asaltos, desapariciones forzadas, extorsiones y otros
delitos se mantienen e incluso han aumentado en varias regiones.
En este escenario de
violencia e inseguridad han surgido los grupos de autodefensa ciudadana.
Armados con fusiles, pistolas, escopetas y hasta palos y provistos de aparatos
de comunicación, estos tomaron la tarea esencial del Estado de brindar
seguridad, sobre todo en zonas campesinas e indígenas del sur del país –aunque
también las hay en Jalisco y Chihuahua– que resaltan por los altos niveles de
pobreza, marginación, abandono y presencia de grupos criminales.
“Si el Estado no
atiende este problema de manera cuidadosa y racional puede haber más violencia,
se pueden renovar los cacicazgos, los grupos parapoliciacos o abrir una puerta
más para el crimen organizado y el narcotráfico”, advierte Erubiel Tirado,
maestro en derecho por la London School of Economics, profesor de la
Universidad Americana y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en
la Universidad Iberoamericana.
A su vez la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC, fundada en 1995 y
responsable de la Policía Comunitaria de Guerrero), se deslinda de los grupos
de autodefensa de Ayutla que han matado a tres presuntos delincuentes en las
últimas semanas; asegura que podrían estar manipulados por el gobierno de Ángel
Aguirre Rivero para abrirle paso a las trasnacionales mineras o al grupo
criminal encabezado por Víctor Aguirre, El Padrino, de quien presumen que es
pariente.
“Ante el fracaso
evidente del Estado se está abriendo la puerta a la posibilidad de más
desgracias, de abrir más las puertas del infierno” sostiene por su parte el
vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.
La proliferación
Los primeros días de
enero de este año autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región
Costa Chica de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse de la
delincuencia. Tres semanas después resolvieron convertirse en “tribuna popular”
para enjuiciar a 54 personas a las que habían detenido acusadas de delincuencia
organizada.
El pueblo
guerrerense de Ayutla de los Libres se convirtió en atracción política y
mediática: Era la expresión más reciente del fracaso del Estado en su papel de
garante de la seguridad. Los ciudadanos se erigieron en “policías comunitarios”
y en jueces. Juzgaron y condenaron a los presuntos delincuentes, aunque al
final los entregaron a las autoridades estatales a cambio de algunas prebendas.
Pero también mataron a tres personas: dos que no se detuvieron en un retén y
otra, acusada de pertenecer a un grupo del narcotráfico.
Sin embargo, la
aparición de los “policías comunitarios” en diversas partes del país empezó
mucho antes. Desde 2011 han emergido grupos así en otras entidades, como
expresión de inconformidad y hartazgo –sobre todo de pueblos indígenas– por la
inseguridad.
Una revisión
periodística revela que en el país actualmente hay 36 grupos de autodefensa
ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en
Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de
México y uno en Jalisco.
Incluso hay un
antecedente: En 1861 Benito Juárez decretó la creación de cuatro cuerpos de
Policía Rural bajo las órdenes del Ministerio de Guerra. Según Tirado ésta es
la referencia histórica directa de las actuales policías comunitarias de las
zonas rurales.
La Policía Rural ha
tenido cambios en distintos momentos. Actualmente su funcionamiento lo regula
el capítulo III de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos,
que marca la existencia de los Cuerpos de Defensa Rurales; también cuenta con
un Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Rurales.
Aunque no se sabe
cuántos efectivos hay, gracias a una petición de información la Secretaría de
la Defensa Nacional informó hace dos años que tiene en servicio 26 cuerpos
rurales (13 de infantería y 13 de caballería) en 22 estados. Sus tareas son
adquirir información sobre actividades ilegales, patrullar aéreas rurales,
guiar a los cuerpos militares regulares y asistirlos en diversas actividades.
Pero la más antigua
de las policías comunitarias –como ahora las conocemos– es la que integra el
Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la CRAC, que se
fundó el 15 de octubre de 1995 en los pueblos de la montaña de Guerrero para
brindar seguridad, impartir justicia y reeducar al delincuente.
Con 17 años de
operación tiene más de mil 200 policías que son elegidos públicamente por cada
comunidad; se les capacita en funciones de vigilancia, manejo de armas y
derechos humanos, protegen a una población de más de 3 mil personas de 108
comunidades, no están embozados y no reciben salario.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1895, ya en circulación)
(PROCESO/ José Gil Olmos/ 23 de febrero de 2013)
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