Reportaje Especial/ Redacción
Ni las autoridades
federales ni las estatales se atreven a decir lo que reportan agencias
internacionales como Stratfor y padecen los habitantes de los límites de
Jalisco y Michoacán: que las matanzas de los últimos días de 2012 y los
iniciales del presente año se deben a la lucha de los Caballeros Templarios y
el Cártel de Jalisco Nueva Generación por seguir expandiendo sus dominios,
luego de consolidarse como las bandas predominantes en sus entidades de origen.
La disputa entre el
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la banda de los Caballeros Templarios
que se desató antes de la Navidad pasada y se mantuvo las primeras semanas de
enero tiene como objetivo el control del territorio Jalmich (la franja
fronteriza de Jalisco y Michoacán), dicen habitantes de la zona, quienes se
sienten a merced de los delincuentes.
El pleito entre los
grupos en conflicto se traduce en el aumento de extorsiones a la población
civil y en la imposición de gobiernos paralelos, ya que las bandas criminales
controlan el movimiento de personas y cobran impuestos a comerciantes y
productores agrícolas.
Las poblaciones
jaliscienses más afectadas por esa guerra son Jilotlán de los Dolores, Pihuamo,
Tecalitlán, Quitupan, Mazamitla, San José de Gracia, Santa María del Oro, La
Barca, Atotonilco, Ayotlán, Tizapán El Alto y Degollado, Tuxcueca, Jocotepec y
Chapala.
En Michoacán, el
conflicto abarca Briseñas, Yurécuaro, Sahuayo, Marcos Castellanos, La Piedad,
Zamora, Cotija de La Paz, Tepalcatepec, Los Reyes, Peribán e incluso
Apatzingán, la Tierra Caliente y cientos de kilómetros de zonas serranas.
Los pobladores de
los dos estados señalan que las escaramuzas y las masacres en la zona se
originaron en el avance de los Caballeros Templarios sobre territorio
jalisciense, la reacción sangrienta del CJNG y la incapacidad de las autoridades
de los dos estados para mantener el orden.
“Tenemos el temor de
que tarde o temprano esta región va a arder o se va desatar algo muy grave
porque, aparte de la lucha por el territorio, atrás de todo está el trasiego de
la droga y hasta la ubicación de zonas de producción de mariguana o de sustancias
químicas prohibidas; no sabemos a ciencia cierta qué pasa pero suponemos que
todos esos factores que se mencionan desatan la ola violenta que ya acabó con
la tranquilidad de decenas de pueblos”, expone un campesino de 65 años, quien
pide no publicar su nombre.
También los
empleados del gobierno saben que en varios municipios no pueden ingresar, y
menos con placas del estado, por lo que algunas obras de infraestructura
carretera o de apoyo a escuelas han quedado truncas por la falta de seguridad o
se entregan sin supervisión alguna.
Los habitantes de
varios municipios tienen que pagar una especie de impuesto de guerra por
realizar su trabajo cotidiano, sean lecheros, carniceros o panaderos. También
se cobra a quienes explotan los bancos de arena y de grava.
“De la venta de 10
litros de leche, los sicarios le exigen al propietario el dinero de lo que
equivale a tres litros; a las trilladoras les cobran 500 pesos por cada
trillada o 100 pesos por hectárea”, relata el testigo.
Empleados de
dependencias estatales que prestan servicios de salud o apoyo a las comunidades
de Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán, Quitupan u otra población limítrofe
tienen que entrar por el sur, rodeando por territorio michoacano para evadir a
los criminales.
Ellos reconocen que
desde hace años la zona está fuera de control del gobierno de Jalisco. Destacan
que tan sólo en el ataque a policías rurales de octubre de 2010 en Jilotlán,
fallecieron al menos 15 efectivos, aunque las autoridades sólo informaron de
nueve bajas.
En la reciente ola
de violencia murió, por ejemplo, Erika Esparza Mora, de 22 años, quien el
sábado 5 viajaba en una camioneta Frontier con su esposo y su hija de dos años
por la carretera Guadalajara-Morelia, en el municipio de Tuxcueca, cuando
fueron atacados por presuntos miembros del CJNG, que aparentemente los
confundieron con rivales del cártel michoacano.
Los agresores iban
en una camioneta Avalanche negra y en una Mitsubishi blanca. A decir de algunos
testigos, el marido de Erika detuvo la marcha al ver que los acosaban, pero al
percatarse de que los agresores iban armados intentó huir. Entonces los
sicarios dispararon.
Posteriormente los
delincuentes comprobaron su error y al ver que Esparza mora estaba herida de
gravedad le dijeron a su esposo que se fuera. Poco después se supo que los
sicarios habían volcado la Mitsubishi y que escaparon a bordo de una camioneta
Tahoe roja. Sin embargo, policías municipales de Jocotepec lograron capturarlos
y les aseguraron dos pistolas calibre .45, una .9 milímetros y tres rifles
AR-15. En el lugar del crimen se localizaron 37 casquillos.
El comando estaba
integrado por 10 sujetos que dijeron pertenecer al CJNG, entre ellos cinco
menores. Declararon que ese sábado “patrullaban” la carretera a Morelia y que
en Tuxcueca, a la altura del crucero a La Manzanilla, les llamó la atención una
camioneta gris, Nissan Frontier, de modelo reciente y sin placas.
Los detenidos que
fueron consignados ante un juez penal por la Procuraduría General de Justicia
de Jalisco y después enviados al penal de Puente Grande son: Manuel González
Alonso, El Güero, de 24 años; Javier Ochoa Bautista, El Jaiba, de 30; Manuel
Mercado Cruz, de 34; Francisco Ismael Grimaldo Mendoza, de 18; Pedro Magallón
Orozco, también de 18, y cinco adolescentes de entre 15 y 17 años.
El domingo 6, a las
8:45 de la mañana, la Policía Rural fue notificada por la Secretaría de
Seguridad Pública estatal del hallazgo de siete cadáveres en Jilotlán de los
Dolores, a la altura del kilómetro 17, sobre la carretera que conduce a
Tepalcatepec, Michoacán, y cerca del rancho El Terrero.
Las víctimas tenían
los ojos vendados, estaban amordazadas y presentaban heridas de bala. Las
autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en el límite entre
los dos estados y el Ministerio Público comenzó la indagatoria correspondiente.
En la madrugada del
mismo domingo, cuatro hombres fueron acribillados en una vivienda en Ciudad del
Sol, en Zapopan. Uno de los fallecidos fue identificado como David Álvarez
Ayala, El R-4, hermano de dos cabecillas del CJNG: Ramón y Rafael, quienes
fueron capturados el 9 de septiembre del año pasado por militares en la calle
Nápoles del fraccionamiento Terranova.
En Quitupan, las
autoridades estatales recogieron los cadáveres de tres hombres ejecutados en la
plaza de la delegación Montoso. Uno tenía aproximadamente 70 años, otro 50 y
uno más como 25. Los tres se llevaron al Servicio Médico Forense para
realizarles la autopsia y tratar de identificarlos.
El lunes 7, la
responsable de la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel El Alto, Sara
del Refugio Chávez Rangel, fue atacada con armas de grueso calibre cuando salía
de su casa.
A pesar de la
inmediata movilización policiaca para buscar a los agresores, éstos lograron
escapar. La funcionaria y uno de sus escoltas, gravemente heridos, fueron
trasladados de emergencia a Guadalajara.
Chávez Rangel ya
había encabezado otras corporaciones policiacas en Guanajuato y en Ojuelos,
Jalisco.
Stratfor: se consolida el CJNG
Un informe reciente
de la agencia estadunidense Stratfor advierte que en Jalisco y otras entidades
mexicanas siguen incrementándose delitos como secuestros y extorsiones, que los
grandes cárteles de la droga realizan para diversificar sus ingresos. En su
edición digital del jueves 17 (en su sitio www.stratfor.com), la consultora
especializada en seguridad prevé que este año la violencia en el país continúe
escalando.
Stratfor también
señala que Los Zetas se han expandido en la entidad en este inicio de año y que
el CJNG amplió sus operaciones. También advierte que los Caballeros Templarios
siguen avanzando en territorio jalisciense, que durante décadas se consideró
controlado por el Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Indica también que
los secuestros, extorsiones y ataques a las autoridades por las bandas
criminales pueden recrudecer en las principales zona urbanas del país, como las
de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Coahuila y
Michoacán.
Indica que el año
pasado el CJNG realizó actividades en estados como Morelos, Colima, Michoacán,
Guerrero y Quintana Roo, a fin de controlar las rutas de tráfico de drogas,
pero también continúa extorsionando y vendiendo drogas al menudeo en Veracruz y
Colima.
Según el mismo
análisis, en abril de 2012 se puso en evidencia el conflicto entre los
Caballeros Templarios y el CJNG, pero no está claro si en esa confrontación
tiene alguna injerencia la llamada Federación de Sinaloa, ya que las dos bandas
han sido sus aliadas.
Varios factores
sugieren que el CJNG se separó de la organización sinaloense el año pasado, al
consolidarse y comenzar a expandirse. Como ejemplo de ello, la consultora cita
varias narcomantas colocadas en Jalisco con amenazas contra la organización
michoacana y mensajes de La Resistencia contra el CJNG.
Sin embargo,
puntualiza Stratfor, nada sugiere que las zonas de operación o la capacidad de
traficar drogas del CJNG se hayan reducido, ya que además de mantener su
despliegue en el país, esta organización entrega su mercancía ilícita en
Estados Unidos porque tiene la misma capacidad de suministro que otros cárteles
dominantes.
Agrega que el año
pasado los Caballeros Templarios se posicionaron definitivamente como sucesores
de La Familia Michoacana, de la que se separaron en 2011: ahora predominan en
su estado y se pelean Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y el sureste de
Jalisco.
El informe advierte
asimismo sobre el poder de Los Zetas, que considera el segundo cártel más peligroso
del país y la más activa “organización criminal que opera ampliamente en México
desde el 2012. Si bien este grupo no amplió su zona de operaciones en 2012,
logró consolidar sus operaciones en estados donde ya tenía una presencia
importante, como Jalisco. Además, demostró notables actos de violencia en otros
estados, como Sinaloa”.
La agencia indica
que a pesar de la relativa reducción de la ola de violencia en 2011, la guerra
de cárteles por el control de los territorios causó estragos en 2012.
Adelanta que pese a
la propuesta de reestructurar la Policía Federal en forma de “gendarmería
nacional” –con 10 mil efectivos entrenados por el Ejército–, no se esperan
grandes cambios en la estrategia de combate al crimen en los próximos 11 meses.
El informe se dio a
conocer en medio de un repunte de la violencia en los límites de Jalisco y
Michoacán, como parte de los enfrentamientos entre los Caballeros Templarios y
el CJNG.
El martes 22, unos
desconocidos colocaron en Tizapán El Alto una narcomanta donde le reprochan al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se esté apoyando
tanto la lucha contra el crimen organizado en Zacatecas.
(PROCESO/ Reportaje Especial /Redacción/30 de enero de
2013)
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