El ayuntamiento de Los Cabos sospechosamente autorizó la construcción de una
tienda en San José del Cabo, a pesar de que violaba la Ley de Desarrollo Urbano
y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.
Gerardo Zúñiga Pacheco/Hilda Martínez Guerra
San José del Cabo, Baja California Sur.- Tuvieron que pasar
2 años y terminar el trienio de la ex alcaldesa de Los Cabos, Mirna Xibillé de
la Fuente para que pudiera destaparse la corrupción que giró en torno a la
construcción del supermercado Walmart de esta ciudad.
Con el escándalo internacional por el pago de sobornos a funcionarios
mexicanos, hoy por hoy, el propio ayuntamiento reconoce que “hubo algunas
irregularidades” y –a decir de arquitectos e ingenieros— la construcción y
apertura de la tienda departamental estuvo fuera de toda normatividad e incuso
violento el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y la Ley de Desarrollo Urbano de
Baja California Sur.
“Nosotros cuando asumimos la administración, la tienda ya estaba en
operaciones, y obviamente, la obra estaba totalmente finiquitada. Ahorita
estamos revisando el caso y la posición de nosotros es que no debe haber
impunidad y vamos a tomar medidas para mitigar cualquier desorden urbano”, dijo
el director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los
Cabos, Roberto Flores Rivera.
Desde un principio, el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Abogados de Los
Cabos, dirigidos –en ese entonces— por José de Jesús Ide Ornelas, Gerzain Guzmán
Roa y Adrián Ordaz Real, asumieron una posición crítica sobre la construcción de
la tienda en San José del Cabo en el 2010, derivado de que “estaba fuera del
marco legal” y estaba siendo catalogada como un “proyecto irregular”.
La principal inconformidad, explica a ZETA Gerzain Guzmán
Roa, quien esta semana dejó el cargo de presidente del Colegio de Ingenieros, se
centraba en que “la tienda estaba siendo construida en un terreno de zona
urbana, y sobre una carretera que tiene un tráfico intenso de vehículos la mayor
parte del día, y el cual se incrementaría de manera notable, cuando el
supermercado, estuviera funcionando”.
Por esta situación, arquitectos e ingenieros, respaldados por abogados, se
pusieron de acuerdo y comenzaron a enviar oficios desde diciembre del 2010 a
Elías Nuño Robles, hoy ex director de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología
del ayuntamiento local, quien “nunca tuvo la gentileza de contestarles” hasta
que finalmente, y por iniciativa propia, elaboraron un estudio y emitieron un
dictamen técnico sobre la construcción de la tienda de la cadena comercial.
Durante la elaboración del estudio, descubrieron que en las últimas 2
administraciones, la de Luis Armando Díaz, René Núñez Cosío y Mirna Xibillé de
la Fuente, habían estado aprobando proyectos de espaldas a la sociedad, con
mucho impacto urbano, vial y ecológico, y comprometiéndose a dotar de servicios
que en algunos casos, no pudieron cumplir.
En la revisión de algunos proyectos, los profesionistas encontraron firmas
estampadas de sus propios compañeros como “Director Responsable de Obra” en
proyectos irregulares, y donde encontraron que el cuerpo de regidores,
especialmente, se habían tomado facultades que no les competían, amparándose
bajo el Artículo 115 de la Constitución, que a la letra dice: “Cada municipio
será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley, determine.
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá
por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del estado”.
Entre toda la serie de irregularidades que arquitectos, ingenieros y
abogados, encontraron desde la construcción hasta la apertura de la tienda
Walmart en San José del Cabo, destaca lo siguiente:
1.- El gobernador del estado y el alcalde en turno –en ese tiempo, Narciso
Agúndez Montaño y Mirna Xibillé de la Fuente— no crearon la Comisión Consultiva
de Desarrollo Urbano, como órgano de consulta auxiliar para elaborar, formular,
evaluar y modificar planes y proyectos de desarrollo, como los obligaba el
Artículo 14 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, y por
consiguiente, la aprobación del proyecto Walmart, dependió unilateralmente del
alcalde, del director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología, del
presidente de la Comisión de Planeación Urbana del Cabildo y de los
regidores.
2.-Los aludidos expidieron autorizaciones, licencias y permisos de uso de
suelo y construcciones, a pesar de que el proyecto del supermercado, contravenía
a los planes y programas de desarrollo urbano, como lo establecen los artículos
97 y 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
3.- La secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del Estado y la
dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los
Cabos, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, no
vigilaron el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, y
por consiguiente, no levantaron infracciones, impusieron sanciones
administrativas e incluso no invalidaron los permisos, autorizaciones y
licencias, como los facultaba el Artículo113 de la Ley de Desarrollo Urbano.
4.- El supermercado se construyó sobre un terreno que tenía el uso de suelo
predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y
era de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo estaba condicionado a
un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no
deben rebasar los 10 metros de altura, incluido el tinaco, según el Plan de
Desarrollo Urbano. Sin embargo, la cadena comercial, levantó una construcción de
20 mil 129.70 metros cuadrados en un terreno de 23 mil 682 metros cuadrados. Más
del 1000 por ciento de lo que contempla la Ley.
5.- El supermercado colinda con la carretera Transpeninsular, y una calle de
nombre Valerio González en la colonia Centro, por lo que su construcción,
apertura y operación, generaría mucho impacto en el movimiento de camiones de
carga y vehículos particulares de los clientes, sobre todo porque es paso
natural de ambulancias, bomberos, protección civil y está rodeada de cinco
instituciones educativas y de una central camionera.
6.- Por lo reducido del espacio, y derivado de que las instalaciones del
supermercado ocuparon el 85 por ciento del bien inmueble, la tienda de la cadena
comercial, no tenía manera de poder construir el mínimo de cajones de
estacionamientos que exige la Ley para centros comerciales, como son 850.
Si
acaso, construyó 146 espacios: 130 en un subterráneo y 16 en la entrada de la
tienda.
La corrupción
Para Armando Covarrubias Villaseñor, el líder de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) en Los Cabos, el caso del
supermercado Walmart de San José del Cabo, y también el de Cabo San Lucas –dijo—
deben formar parte de la investigación federal que el pasado 26 de abril abrió
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la
Procuraduría General de la República (PGR), en torno al escándalo de corrupción
de Walmart en México.
Y es que desde su punto de vista, el pago de sobornos a funcionarios
mexicanos alcanzó a todos los niveles gubernamentales en el estado. “Desde
funcionarios municipales, estatales y federales, porque es evidente que si
autorizaron la operación de la tienda Walmart, con toda la serie de
irregularidades que surgieron desde la construcción hasta la apertura, es porque
corrió mucho dinero, y parte de los 24 millones de dólares que se reveló pagaron
en México, cayeron en Los Cabos”, consideró.
El líder empresarial explicó que independientemente de toda la serie de
irregularidades, autoridades municipales y federales, ahora se prestaron para
autorizar una obra de construcción del desvío de aguas broncas que corren por el
cauce natural del arroyo de Cabo San Lucas, y quienes, dijo, “pretenden
desviarlo al arroyo de Salto Seco” para que en caso de un huracán el agua que
puede impactar la tienda, se vaya hacia las colonias.
“Eso es muy grave”, dijo y adelantó que un grupo de empresarios de
Canacintra, están recabando información y documentos para entregar una copia del
expediente a la PGR y sea tomado en cuenta en el número de acta circunstanciada
AC/PGR/UEIDCFP/MP-043/2012, aprovechando que el Agente del Ministerio Público de
la Federación, inició la solicitud formal de información a particulares,
personas morales e instituciones de gobierno, como un primer paso para recabar
datos y pruebas que puedan ser valorados y determinar si existen o no elementos
suficientes para continuar con la indagatoria, y abrir, en caso de que sea
procedente y como un segundo paso, una averiguación previa que lleve al deslinde
de responsabilidades penales en contra de los ex servidores públicos, cuyo caso
–recordó— “tiene indignado” hasta al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El empresario recordó que el principal testigo del pago de los sobornos del
caso Walmart, Sergio Cicero Zapata y el cual hizo la revelación al diario New
York Times, estuvo operando en Los Cabos y fue quien “arregló todas las
autorizaciones, licencias y permisos de uso de suelo y construcciones a favor de
la cadena extranjera”.
Sobre este hecho de corrupción, el ex alcalde de Los Cabos, René Núñez Cosío,
y antecesor de la ex alcaldesa, Mirna Xibillé de la Fuente, se desligó porque
dijo que “el caso lo traía la entonces presidenta de la Comisión de Planeación
Urbana del Cabildo, Nélida Alfaro Rosas, porque cuando llegó a mis manos, yo
solicité un estudio de impacto vial y una opinión técnica del Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN)”.
Sin embargo, el ex edil recordó que en ésas estaban, cuando renunció al cargo
y se fue a buscar la candidatura a gobernador por el PRD, y ya no regresó al
puesto, porque su sucesora, se negó a entregarle la estafeta, bajo una serie de
argucias. “Después supe que lo autorizaron, a pesar de que yo tuve por varios
meses el caso en mi oficina y mi postura había sido la de tener estudios sobre
el proyecto de inversión”, comentó.
— ¿El proyecto tenía viabilidad o no?, se
le preguntó.
“Para mí no tenía ninguna viabilidad, por eso lo estuve deteniendo durante
varios meses, porque el terreno estaba en un corredor urbano que no permitía
este tipo de construcciones, según la Ley de Desarrollo Urbano y el Plan de
Desarrollo Urbano, ya que el tipo de tienda rebasaba por mucho las dimensiones y
características establecidas, y por obvias razones, necesitábamos un plan de
impacto vial, ya que la carga vehicular de la zona era bastante, y, lógico,
subiría con una tienda de esta magnitud”.
Los acuerdos
Por toda la presión que desde un principio ejercieron los arquitectos,
ingenieros y abogados, la ex alcaldesa, Mirna Xibillé de la Fuente, terminó por
ceder, y aunque la tienda, ya había sido terminada de construir en 2011, sostuvo
una serie de reuniones con los profesionistas y directivos de la cadena
comercial en las oficinas del IMPLAN, las cuales terminaron el 28 de marzo del
2011, justamente a un mes de dejar el poder, y el cual sería asumido por el hoy
alcalde, José Antonio Agúndez Montaño.
En esos encuentros estuvieron presentes Nélida Alfaro Rosas, presidenta de la
Comisión de Planeación Urbana del Cabildo; Elías Nuño Robles, director de
Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología; Kurt Honold, representante de
Walmart; Jesús González Andujo, presidente del IMPLAN y los representes de los
colegios de ingenieros, arquitectos y abogados.
Los profesionistas, funcionarios y empresarios, tomaron los siguientes
acuerdos:
1.- Atender las observaciones viales del dictamen técnico de los arquitectos
e ingenieros en forma inmediata, relacionada a la propuesta vial integral, como
son banquetas, camellones, semáforos peatonales, puente peatonal y paso inferior
vehicular de sentido de norte a sur para ingreso a la tienda.
2.- Supervisión de los trabajos ejecutados para revisar la calidad.
3.- Elaboración de un nuevo estudio de impacto vial integral y ampliar la
cobertura de semáforos hasta la calle Malvarrosa y adaptar semáforos peatonales
en el crucero de las calles Valerio González y Malvarrosa en el cruce con la
carretera Transpeninsular.
4.- Autorizar la entrega de licencia para la apertura de la tienda, una vez
realizadas todas las adecuaciones viales en la zona.
5.- Los colegios de arquitectos e ingenieros se comprometieron avalar la
obra, una vez terminadas las obras viales sugeridas.
Sin embargo, de poco o nada sirvieron estos acuerdos que hasta se firmaron
con un Notario Público, porque la cadena extranjera ignoró y desdeñó a las
autoridades y urbanistas, aun cuando, el 16 de marzo del 2011, pagó cuatro
fianzas de arriba del millón de pesos como “una garantía” de que resolvería el
serio problema de vialidad que generó hoy la apertura de la tienda en San José
del Cabo, como previamente anticipó un estudio de impacto vial en diciembre del
2010, y la cual utiliza como patio trasero una popular calle, la Valerio
González, conocida por ser una vialidad de mucho flujo vehicular especialmente
en horas pico y que conecta con el Centro Histórico y la carretera
Transpeninsular que conduce a Cabo San Lucas y la llamada Ciudad Lineal.
El estudio de impacto vial arrojó hace dos años que la apertura de una tienda
de esa magnitud en la zona, implicaría un gran movimiento de camiones de carga y
vehículos particulares de los clientes potenciales de la cadena, y los cuales se
vendrían a sumar al tráfico vehicular que se registraba en la zona.
Datos recabados por ZETA, y corroborados con el estudio
vial, expusieron que la calle Valerio González, es una salida natural de
ambulancias, bomberos y unidades de protección civil, porque sus instalaciones
están muy cerca de la zona, aunado al hecho de la cercanía con una central
camionera y de cinco instituciones educativas, como son la Universidad Mundial,
Secundaria Mijares, Conalep, Jardín de Niños y el Cecatur.
Después del escándalo internacional de Walmart, el director de Planeación y
Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, Roberto Flores
Rivera, ahora sí se apresuró a “pedirle a la tienda que cumpla con lo
prometido”.
“Ya estamos hablando con los directivos y estamos solicitando
reuniones para ver algunos puntos que no se han cumplido como el puente
peatonal, los semáforos peatonales y el subterráneo o paso inferior vehicular de
sentido de norte a sur para ingreso a la tienda”, comentó.
Al respecto, un directivo de Walmart en Los Cabos, y quien solicitó no
publicar su nombre, en virtud de que no era una voz autorizada para ofrecer una
versión oficial por parte de la firma, explicó a ZETA que la
compañía estaba terminando de elaborar un estudio de impacto vial integral en un
radio mayor a mil metros que van desde la glorieta de Fonatur hasta la Y del
estadio de futbol, y donde se instalaron contadores electrónicos del lado
izquierdo para ofrecer una solución al problema de tráfico y vialidad, sobre
todo ahora que el ayuntamiento y Fonatur –dijo– tienen planeado modificar la
zona, y por consiguiente, no quieren hacer trabajos innecesarios, sino empatar
su parte con la de las autoridades.
Los impactos negativos que en este momento registra la zona, según el estudio
de impacto vial, es reducción de fluidez vehicular; impacto auditivo por la
circulación de grandes camiones; impacto ambiental; deterioro acelerado de la
vialidad de la calle Valerio González por tráfico de carga pesada; peligro de
peatones; bloqueo parcial de salida de los cuerpos de emergencia; bloqueo de
estacionamientos privados y de comercios de la zona; deterioro de calidad de
vida de los vecinos; depreciación de las propiedades y riesgo inminente para los
jóvenes estudiantes por el constante flujo de operadores de tráiler.
Los responsables de haber autorizado la construcción, apertura y operación
del supermercado de Walmart, y según la conclusión del Colegio de Abogados,
son:
1.- Mirna Xibillé de la Fuente, ex alcalde de Los Cabos.
2.- Elías Nuño Robles, ex director de Planeación de Desarrollo Urbano y
Ecología.
3.- Nélida Alfaro Rosas, ex presidenta de la Comisión de Planeación Urbana
del X Ayuntamiento de Los Cabos.
4.- José Manuel Curiel Castro, ex síndico del X Ayuntamiento de Los
Cabos.
5.- Los ex regidores del PRD, PAN, PRI y PVEM, Enrique Pascual Navarro,
Gildardo Rodríguez Quiñonez, Carlos Julio Miranda, Guillermo Sandez Puppo, Jaime
Manuel Camacho Castillo, Gustavo Castro Sánchez, Héctor Aragón Agúndez, Felipe
Ortiz Cruz, José Antonio Gutiérrez Sarmiento y Maximino Fernández Ávila.
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