Pero mantienen la inmunidad, sencillo e ingenioso
MEXICO, DF. (apro).- El Senado aprobó,
por 81 votos a favor y ninguno en contra, reformas a los artículos 61, 111 y 112
constitucionales para eliminar el "fuero" de los tres poderes de la Unión:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a escala federal como central, a través
de un procedimiento que fue calificado como "sencillo e ingenioso", pues se
respeta la inmunidad hasta en tanto no exista una orden judicial.
El
senador perredista Pablo Gómez, impulsor de esta reforma que presentó desde
2007, explicó que con ella "se igualarán los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial con cualquier ciudadano".
Luego precisó que los funcionarios
públicos "no pueden ser privados de su libertad, pero sí pueden ser procesados
penalmente y seguir en el desempeño de su cargo hasta que venga la
sentencia".
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el
priista Pedro Joaquín Coldwell, destacó que esta reforma "ataca frontalmente" la
impunidad prevaleciente, pues abarca tanto al presidente de la República como a
secretarios del gabinete, gobernadores, alcaldes, legisladores locales y
federales, jefe de gobierno capitalino, ministros de la Suprema Corte,
magistrados electorales, así como consejeros del Instituto Federal Electoral
(IFE).
Para Joaquín Coldwell, la impunidad "es la principal causa que
está ocasionando el deterioro de la cohesión social en nuestro país, y también
conlleva la degradación y el envilecimiento de nuestro sistema de
justicia".
Mientras el legislador panista Guillermo Tamborrell puntualizó
que esta reforma también protege a diputados y senadores que no pueden ser
sancionados por expresar sus opiniones durante el tiempo que desempeñen su
cargo.
La iniciativa aprobada indica que al existir presunta
responsabilidad de cualquier servidor público, "el juez de la causa determinará
si da lugar a la expedición del acto de vinculación a proceso penal".
En
términos de procedimiento, el juez solicitará a la Cámara de Diputados el fin de
la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición
de la autoridad.
La solicitud de fin de la inmunidad se resolverá por
mayoría absoluta en las cámaras legislativas, a diez días hábiles del pedimento
judicial. En el caso del presidente de la República, la cámara de origen será la
de Diputados y el Senado fungirá como revisora.
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