La Contraloría General del Estado inhabilitó al ex gobernador de Baja
California Sur, Narciso Agúndez Montaño, así como también a otros importantes ex
funcionarios de Baja California Sur.
Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez y
Garibaldo Romero Aguilar, no podrán desempeñar cargos
públicos en los próximos seis
años y deberán cubrir una fuerte sanción económica.
La Contraloría General del Estado inhabilitó para ocupar cargos públicos,
cargo o comisión en el servicio público por seis años al ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño, al ex secretario General de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez
y al ex oficial Mayor de Gobierno Garibaldo Romero Aguilar, por la comisión de
delito patrimonial por el orden de los 27 millones 973 mil 800 pesos.
La titular del órgano fiscalizador del gobierno estatal, Maritza
Muñoz Vargas dio a conocer que las sanciones aplicadas a los ex
funcionarios son el resultado de auditorías practicadas por esta dependencia,
mismas que fundamentan la resolución de inhabilitarlos en la función pública así
como la aplicación de sanciones económicas.
Informó que además de su inhabilitación para el desempeño de cargos públicos,
los ex funcionarios también serán sancionados económicamente con:
- 27 millones 973 mil 800 pesos al ex gobernador Narciso Agúndez y
- 13 millones 986 mil 900 pesos al ex secretario General de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez , y
- 13 millones 986 mil 900 pesos al ex oficial Mayor de Gobierno, Garibaldo Romero Aguilar por la comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones; concretamente en la enajenación de siete bienes inmuebles ubicados en El Pedregal del Cortés en la ciudad e Cabo San Lucas.
Maritza Muñoz Vargas mencionó que si de las constancias del
procedimiento administrativo de responsabilidades se desprende la posible
comisión de un hecho delictuoso, esta dependencia remitirá los expedientes a la
Procuraduría General de Justicia para los efectos legales que procedan.
Explicó que la resolución se toma luego de comprobar que se ejecutó
un acto jurídico consistente en la enajenación
de siete bienes inmuebles propiedad del estado ubicadas en el municipio de Los
Cabos, a un precio notoriamente inferior al valor real de dichos bienes en el
mercado ordinario.
Informó que desde el 21 de junio, cuando se radicó ante la Contraloría
General del Estado el expediente CGE/065/2011, se realizaron las diligencias
necesarias para dar cumplimiento a las etapas procesales que señala la ley en la
materia, y fue el día 28 de octubre del presente año cuando se dictó la
resolución administrativa correspondiente, del cual se desprende un daño
patrimonial por 27 millones 973 mil 800
pesos mas un tanto de multa, lo que da un total de 55 millones 947 mil 600
pesos.
Finalmente dijo que los tres ex funcionarios han sido notificados de esta
resolución.
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