martes, 14 de mayo de 2019

LA ACUSACIÓN DE TRUMP


Donald Trump tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente mexicano dice que no caerá en la provocación. Es un insulto abierto del presidente de Estados Unidos al especular venenosamente que el Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime. Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un momento donde crecen las sospechas de que el gobierno tiene un pacto no escrito con el Cártel del Pacífico y su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría con criminales para lograr la pacificación del país.

“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se va a actuar con rectitud, con integridad. No va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y la autoridad. No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como se llegó a hacer”. Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes se reveló en este espacio que dentro del equipo de López Obrador han sugerido regresar al status quode principio de los 80’s, donde un cártel domine el país y coadyuve en la pacificación.

Hay razones para conjeturar que, formal o informalmente, eso está sucediendo. A mediados de enero pasado, se publicó en este espacio que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la oferta de amnistía a narcotraficantes que propuso en campaña López Obrador para enviarle un mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada porque el 19 de julio, salió de México extraditado. Durante la campaña, López Obrador fue detenido en dos retenes en el norte del país controlados por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando lo identificaron.

Lo más notorio, sin embargo, es que en la cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo se está persiguiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes a huachicoleros son en zonas controladas por Los Zetas o donde están enfrentados al Cártel del Pacífico y su brazo armado. Coincidentalmente en este miércoles aciago para López Obrador en el tema del narcotráfico -cuyo combate renunció públicamente a hacer hace varias semanas-, apareció en Naucalpan una nueva narcomanta atribuida al jefe de los sinaloenses, Ismael El Mayo Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido anunciando en todo el país por esa vía: “Comienza la limpia en el país regresa la vieja escuela”.

No hay ninguna evidencia que permita afirmar de la existencia de un pacto entre el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, pero todas sus acciones y decisiones en materia de seguridad pública, los ha excluido del combate y sus líderes están exentos, por declaración presidencial, de persecución. La percepción popular de que existe tal vinculación, lo llevó este miércoles a negar que exista un pacto con las organizaciones criminales. La declaración se dio después de que apareciera el tweet de Trump a las siete de la mañana, donde escribió: “Los soldados mexicanos recientemente sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica distractora para los narcotraficantes en nuestra frontera. ¡Mejor que no suceda otra vez! Estamos enviando soldados armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejército en varias ocasiones, aunque en el pasado los presidentes mexicanos respondieron a Trump o a otros funcionarios estadounidenses. No había sido tan contundente, sin embargo, acusándolo de proteger a narcotraficantes y ser parte de su estrategia. El tweet de Trump mezcló su molestia por las caravanas de inmigrantes y la insuficiencia que ve en su contención por parte del gobierno mexicano, y a propósito de un incidente el 13 de abril, cuando soldados mexicanos detuvieron a punta de pistola a dos solados estadounidenses en el Condado de El Paso, que fue interpretado por el Pentágono como una confusión.

El presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el Ejército mexicano. “Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo y que así como nos hemos venido entendiendo en estos meses, vamos a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad.Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. Vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha de un pacto con criminales se ha socializado. Las apuestas suben. Al presidente le urge más claridad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. Combatir a los cárteles, no otorgándoles una carta de impunidad, como hasta ahora, es el camino.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTYRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/25 DE ABRIL DE 2019)


LA MEDICIÓN INCORRECTA


Dos gobiernos han decidido que la definición de la victoria del combate al narcotráfico se rija por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza -aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento-, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidar a Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

El éxito de una estrategia de seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los asesinen.

Una forma medible y comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias, por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión o comisión, el gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado Mexicano.

Hay que cambiar la definición de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma, le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la pacificación.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL /ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE ABRIL DE 2019)

LOS DISCURSOS NO VENCEN CRIMINALES


Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas sociales, aclaró en su conferencia de prensa mañanera este lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Por qué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aún si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países, los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, sino se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de los zetas, empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín El Chapo Guzmán, que ha declarado ante el ministerio público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el presidente, ser pobre o percibirse pobre, es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, “para que se actúe con eficacia”, lo que significa, si se le  entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la cuarta transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

López Obrador está inmerso en el problema planteado por el filósofo David Hume en el Siglo XVIII sobre el ser y el deber, que lleva a una “falacia naturalista”, al confundir descripción con prescripción. Por ejemplo, la descripción es la violencia y la inseguridad, mientras que la prescripción es que con alternativas económicas los criminales deben dejarán de delinquir; o es un nuevo régimen, por lo que ya no debe existir colusión del gobierno con delincuentes. Esta confusión, escribió Hume, es parte de la naturaleza humana, pero cuando se trata de la vida de las personas, una revisión objetiva del rumbo escogido, bien vale la pena.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 23 DE ABRIL DE 2019)

MATANZA EN MINATITLÁN


La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año- el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.

Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera de Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.

Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de Los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.

Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al Cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la negligencia.

La explicación es que López Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.

Las cifras históricas de homicidios dolosos en su gobierno, son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren en su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80’s, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.

Pactar de facto con el Cártel del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80’s en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea—como se está viendo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 22 DE ABRIL DE 2019)

MÉXICO, PANTEÓN DEL CRIMEN



Colima, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Veracruz y Nayarit, son los estados con más fosas clandestinas durante los primeros meses del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimaciones de autoridades, colectivos y periodistas, arrojan que se han localizado más de 280 cadáveres y más de 130 sepulturas anónimas. Los propios funcionarios federales califican de “danza de cifras” el fenómeno que no ha sido posible cuantificar oficialmente

Del primero de diciembre de 2018 al 7 de mayo de 2019, particulares y autoridades de distintos niveles de gobierno han localizado más de 130 fosas clandestinas que contenían en su interior -por lo menos- 280 cadáveres de hombres y algunas mujeres, así como fragmentos que hacen imposible cuantificar a cuántos cuerpos pertenecieron.

Así lo revela un recuento realizado por ZETA con base en reportes emitidos por gobiernos estatales, de la Federación, colectivos y notas periodísticas publicadas durante los últimos cinco meses completos.

La cifra de tumbas clandestinas coincide con lo declarado a mediados de abril en Veracruz, por parte de la flamante comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, quien aseguró que en la presente administración federal se reconocía el hallazgo de aproximadamente cien fosas con un incierto número de cuerpos y restos humanos.

Efectivamente, hay incertidumbre en cuanto a los números reales de cavidades en tierra y número de cadáveres, pues algunas dependencias rasuran las estadísticas y los colectivos u organizaciones civiles suman y suman, en lo que la funcionaria dependiente de la Secretaría de Gobernación califica como “una danza de cifras”.

CEMENTERIOS

De acuerdo con los eventos contabilizados por este Semanario (y desglosados por fecha al final de esta redacción), se han registrado hallazgos de cementerios clandestinos o por lo menos una inhumación clandestina en doce entidades federativas en el periodo que se reseña:

* Baja California

* Ciudad de México

* Chihuahua

* Coahuila

* Colima

* Guerrero

* Jalisco

* Nayarit

* Puebla

* Sinaloa

* Sonora

* Veracruz.

La dificultad para obtener indicadores certeros estriba en la difusión del número de fosas, pues en algunos casos no se señala cuántos sepulcros se localizaron y solo se detalla el número de cuerpos exhumados por las autoridades. También en el número de cadáveres hay descontrol por el rescate de fragmentos de cuerpos que no se sabe a qué número de personas pertenecieron.

El mayor problema se registra precisamente en el Estado con más hallazgos, Veracruz, donde se hacen cuentas y recuentos por parte de autoridades y colectivos, pero pareciera que se contabilizan cuerpos encontrados desde años anteriores, dependiendo el predio donde los trabajos de extracción no concluyen y continúan las excavaciones.

A finales de marzo, Colectivo Solecito informó que habían terminado las labores de búsqueda de restos humanos en el predio conocido como Colonias de Santa Fe en aquella entidad,  y que en 156 áreas se habían localizado 298 cuerpos. La información proporcionada por familiares de personas desaparecidas en Veracruz no era del todo precisa en cuanto al tiempo que se obtuvo tal resultado.

Fuera de Veracruz, donde ahora se hace reconocimiento de suelo y separación por cuadrantes en predios del municipio de Úrsulo Galván, ante la posibilidad de hallar otro gran número de tumbas furtivas, los casos más graves en estos cinco meses de 2019 han ocurrido en Colima, Sinaloa, Jalisco, Sonora y Nayarit, estados con graves problemas de narcotráfico, donde los cárteles De Sinaloa, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación disputan territorios.

El mayor cementerio clandestino se descubrió en Tecomán, Colima, donde en febrero reciente se hallaron 69 cadáveres en 49 cavidades de tierra. Desde 2016, ese municipio se ha convertido en uno de los más violentos del país. Otro punto de interés es el predio del Valle de la Saucera en Xalisco, Nayarit, donde este año hallaron 21 cuerpos enterrados y en 2018, 33. En ambas entidades continúa la búsqueda en los mismos terrenos y en mayo hay nuevos hallazgos.

En Jalisco, el fenómeno es más descarado, pues aunque las fosas clandestinas todavía se localizan en predios rústicos o despoblados, cada vez son más los sepulcros dentro de patios o habitaciones de casas dentro de la marcha urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como fue el caso de 17 cadáveres inhumados en una casa de la colonia El Colli de Zapopan.

Centenares de familiares de desaparecidos en los últimos meses y años, se han presentado a las morgues de las ciudades y entidades donde se han reportado los hallazgos, sin embargo, el porcentaje de correspondencia de las pruebas genéticas y la identificación de cadáveres es muy pobre, con menos del 15 por ciento en algunos de los estados que mejores resultados obtienen.

Tras la recuperación de los cuerpos, las direcciones de Servicios Periciales realizan trabajos de identificación a través de la toma de muestras de ADN. Además, se practican análisis anatómicos, de genética forense y de odontología, además de necropsias, para obtener más datos, pero aun así, no se consigue el principal objetivo, menos aún establecer quién o quiénes fueron los autores de los crímenes.

Desde enero, el Gobierno Federal destinó un presupuesto de 400 millones de pesos para el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Desafortunadamente, la versión estatal de dicha comisión solo existe en nueve entidades, lo que no permite cerrar la pinza en el pretendido esfuerzo de dar con desaparecidos, fosas clandestinas e identificar los cadáveres que permanecen en la morgue como N.N (No Nombre).

En febrero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, puso en relieve el tamaño del fenómeno: “Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil cien fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios Médico Forense y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país”.

(IN) JUSTICIA BAJO TIERRA

DICIEMBRE DE 2018

DÍA 19. En un predio camino al rancho El Lindero, en el poblado de San Miguel de Buenavista, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se localizó una fosa clandestina con siete cadáveres. En octubre se encontraron 19 cuerpos en el mismo lugar.

En Coahuila, la fiscalía informó que en una finca del municipio de Sabinas, dentro de una fosa, se localizaron los restos calcinados de la alcaldesa de Juárez, Gabriela Kobel Lara, quien fue ultimada a balazos. Un empresario fue señalado como el presunto homicida confeso.

En el Cerro del Diablo, en Acapulco, Guerrero, fueron descubiertas ocho tumbas falsas que contenían los cadáveres de por lo menos ocho víctimas. Tres de los cuerpos estaban completos y los demás fragmentados.


2019

ENERO

DÍA 12. Colectivos de víctimas de 25 estados del país, organismos civiles defensores de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, anunciaron que a partir del 19 de enero emprenderían una búsqueda de fosas clandestinas en los municipios de Huitzuco, Iguala, Taxco, Cocula y Chilpancingo en Guerrero.

El Gobierno Federal informó que destinaría 400 millones de pesos para el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, y a través de la Fiscalía General de la República, buscar la asignación de recursos adicionales para cumplir con su objetivo.
En un predio ubicado sobre la carretera a Nextipac, cerca del fraccionamiento El Campestre en Zapopan, Jalisco, se localizaron tres fosas con cuatro cuerpos inhumados clandestinamente. Estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico.

FEBRERO

Día 4. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que actualmente hay 40 mil personas desaparecidas, más de 100 mil fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios Médico Forense del país.

Tras un cateo en dos predios de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán, Colima, autoridades exhumaron 19 cuerpos de once fosas clandestinas. La búsqueda continuó en días posteriores, contándose por lo menos 69 cadáveres, en unas 50 horadaciones bajo la tierra. Ocho cuerpos eran de mujeres.
En cuatro falsos sepulcros reportados por el colectivo Tesoros Perdidos, en un predio de Mazatlán, Sinaloa, fueron encontrados los cadáveres de once personas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a los familiares de las víctimas del caso San Fernando, acceso completo al expediente de sus investigaciones sobre el hallazgo de 120 cuerpos sin vida en fosas clandestinas. También se ordenó reconocer calidad de víctimas a las familias.
En un terreno del municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, fue localizada una tumba apócrifa con restos humanos. Un tráiler robado quedó atrapado en un socavón, que resultó ser una fosa clandestina.

MARZO

DÍA 7. Miembros del Colectivo de Personas Desaparecidas apoyaron en la búsqueda de cuerpos en cinco fosas clandestinas localizadas en un predio de Veracruz.

Con ayuda de organizaciones de la sociedad civil, autoridades de Sinaloa encontraron fosas en los municipios de Ahome y Mazatlán, en las que había 29 cuerpos.
En las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en Ciudad de México, policías indagaron una presunta narcotumba utilizada por el grupo criminal La Unión de Tepito para desaparecer a por lo menos diez víctimas. No se confirmó.
La presidenta de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), Guadalupe Aguilar, aseguró que “Jalisco es una fosa, México es una fosa, estamos pisando entre muertos”.
La FGR informó que desde el 18 de marzo realizaba trabajos de búsqueda para localizar restos humanos en Guerrero y Baja California, ante denuncias anónimas recibidas. No se confirmó hallazgo alguno.
Familiares de personas desaparecidas concluyeron la búsqueda de restos humanos en el predio Colonias de Santa Fe en Veracruz, con la localización de 298 cuerpos inhumados en 156 áreas presuntamente por el crimen organizado.
También en Veracruz, en fosas comunes descubiertas por el colectivo Familias de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fueron exhumados 15 cuerpos en el municipio de Río Blanco.

ABRIL

Día 2. En un presunto negocio de autolavado de Avenida 20 Oriente en Puebla, fuerzas federales detectaron una fosa clandestina en la que había restos humanos. Detuvieron a varios sujetos y aseguraron seis vehículos, entre estos una retroexcavadora y un camión de volteo.

En una vivienda de la colonia El Colli de Zapopan, Jalisco, fueron recuperados dos cuerpos inhumados clandestinamente. Las víctimas tenían de dos a seis meses de evolución cadavérica. La búsqueda se prolongó hasta el día 20 de abril, contabilizando un total de 17 cadáveres enterrados.
En un lote del Ejido Pantanal municipio de Xalisco, Nayarit, miembros del colectivo Familias Unidas por Nayarit localizaron una fosa clandestina, muy cerca de Valle de la Saucera, donde en enero de 2018 fueron localizados 33 cadáveres en tres fosas. Tras varios días de búsqueda se encontraron 21 cuerpos.
En el lugar conocido como Campo 30, municipio de Cajeme, Sonora, el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora localizó una fosa clandestina, de la que las autoridades rescataron 27 cuerpos; 24 correspondían a varones y tres a mujeres.
En la Parcela 122 del poblado Valle de la Trinidad de Ensenada, Baja California, fueron localizadas tres osamentas inhumadas clandestinamente.
Militares descubrieron una mega fosa en las inmediaciones de Playa Chalchihuecan, en el municipio La Antigua, Veracruz. Se iniciaron trabajos de localización de restos humanos.
El mismo día, tras una sesión de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, se acordó crear un grupo de búsqueda en vida y en fosas para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua se reportó el hallazgo de cinco cuerpos enterrados en igual número de fosas clandestinas, en una brecha cercana al Kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes.
En una finca de la delegación de Santa Cruz Del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se localizaron dos cadáveres próximos a ser inhumados de forma clandestina, en lo que sería la inauguración del inmueble como fosa.
En un predio del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, se encontraron siete fosas clandestinas. La autoridad local informó que las tumbas serían intervenidas en días subsiguientes para buscar cadáveres.

MAYO

DÍA 2. En el predio de cultivo de caña de La Saucera, en Xalisco, Nayarit, reanudan búsqueda de cuerpos en las fosas antes localizadas. Hallan cuatro cadáveres.

En cerros del municipio de Iguala, Guerrero, miembros del Colectivo Los Otros Desaparecidos y peritos de la FGR encontraron 13 cuerpos en fosas de los predios Las Tijerillas y Las Parotas.
En doce fosas clandestinas localizadas por la Fiscalía General de Colima en Manzanillo y Tecomán, se encontraron 13 cadáveres. Uno de los hechos tuvo lugar en un predio cercano al Aeropuerto Internacional Playa de Oro, cerca de Cihuatlán, Jalisco.
Luego que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que la búsqueda de desaparecidos es la principal preocupación de su gobierno, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien viaja a las zonas donde se hallan fosas clandestinas, anunció que dará a conocer un informe sobre dichas acciones.
924 ejecuciones en BC en el transcurso del año

A poco más de una semana de iniciar mayo, Baja California suma 924 personas privadas de la vida en distintos hechos. Tijuana encabeza la lista con 745 decesos, seguida de Ensenada (60), Rosarito (46), Mexicali (45) y Tecate (28).

En lo que va del quinto mes, 50 personas engrosan la estadística de homicidios dolosos.

Aquí un recuento de los hechos ocurridos entre el domingo 5 y el jueves 9 de mayo.

DOMINGO 5. Un cuerpo sin vida calcinado y cubierto con bloques y escombros, se localizó en un predio baldío en Leandro Valle. En el Hospital General pereció Manuel Enrique Salinas Martínez, de 36 años de edad, quien fue lesionado de bala dos días antes en Las Delicias.  Sandra Luz Oliva Ramírez, de 50 años, fue asesinada con arma blanca por su pareja, un hombre de 53 años, quien fue asegurado por la autoridad.

LUNES 6. Un desconocido de 40 años fue encontrado sin vida en la colonia Las Torres. Un cuerpo sin vida calcinado se encontró en la cajuela de un vehículo sedán sin placas y sin número de serie visible, en un lote baldío en la colonia Margarita Morán. Sobre el Bulevar 2000, a la altura de Real de San Francisco, un sujeto fue abatido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana cuando después de una persecución y de disparar contra los agentes, intentó robar una patrulla; en la escena del crimen quedaron un vehículo Chevrolet Equinox de color gris y un Chevrolet Tornado, cinco casquillos base 223, diez casquillos base 9 milímetros, un vehículo de la SSPM P-2891 y un arma de fuego modelo 09 High Point.

En Urbi Villa Prado, un desconocido de alrededor de 30 años fue encontrado muerto con lesiones en cuello y abdomen; en el sitio, agentes periciales localizaron seis casquillos calibre 40. Ernesto Ruvalcaba Sauceda, de 57 años, fue ultimado con arma punzocortante cuando se encontraba en el fraccionamiento Guaycura. Un cadáver putrefacto con lesiones por disparos de arma de fuego, fue hallado en Paseos del Vergel. Un cuchillo metálico fue localizado en el sitio en donde asesinaron a un desconocido en la colonia Leandro Valle. En La Morita fue ejecutado un hombre de 40 años; seis casquillos 9 mm fueron hallados esparcidos en la zona.

MARTES 7. En Los Álamos se dio el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 45 años envuelto en una bolsa de plástico de color negro, a un costado del cadáver estaba un mensaje con la siguiente leyenda: “ANTONIO MATA PEDRO GUAJICALCO SIGAN CHINGANDO GENTE Y ASI VAN A TERMINAR NO POR SER POLICIAS SE SIENTAN UNA VERGA… COMO ESTA PUTA RATA PR NO SE TUVO CONOCIMIENTO”.

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en Camino Verde; junto a los occisos, sus victimarios dejaron una cartulina con el siguiente mensaje: “ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS CHAPULINES” PUTOS . En el lugar se embalaron dos casquillos calibre 40 mm.

En la colonia El Encinal, un hombre de 35 años recibió tiros en rostro, cabeza y abdomen. En Montes Olímpicos, cinco tiros acabaron con la vida de Cristhian Daniel Flores, de 25 años; según testigos, su agresor vestía de negro y huyó pie-tierra. Un masculino de entre 45 y 50 años pereció tras los disparos de arma de fuego en tórax que le propinaron en El Pípila, donde agentes periciales localizaron nueve casquillos percutidos de arma calibre 9 mm. Con heridas de arma de fuego en la cabeza, fue hallado el cadáver de un desconocido de 45 años, en la entrada de un domicilio de Las Flores segunda sección.

MIÉRCOLES 8. En la Vía Rápida Poniente, a la altura del hotel Astor, en el interior de canalización se localizó a una persona muerta de aproximadamente 45 años. Mientras que en el Hospital General murió Antonio López Palafox, de 41 años, tras ser herido de bala en el tórax en la colonia Ciudad Jardín.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 13 MAYO, 2019 01:00 PM)

EN PERSECUCIÓN IMPACTA AL MENOS 17 VEHÍCULOS Y ATROPELLA A 7 PERSONAS, HAY UN DETENIDO


Un hombre, que conducía una camioneta Chevrolet Silverado, color negro, y que huía de agentes de la Policia Municipal de Tijuana, impactó a 17 vehículos y atropelló a siete personas a la altura del Puente México con dirección a la Garita de San Ysidro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de este lunes 13 de mayo. Un norteamericano, conductor del vehículo y una mujer fueron detenidos por las autoridades.

Los primeros datos indican que la persecución policíaca  inició en la el centro de la ciudad, cuando la camioneta de doble cabina se dirigió hacia la garita internacional en donde en su loca carrera chocó a varios vehículos, derribó varios puestos ambulantes, y arrollando a varios vendedores.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos quienes tuvieron a la vista a siete lesionados, cinco  de ellos fueron trasladados a un nosocomio.

Finalmente el sujeto fue detenido así como una mujer que lo acompañaba. Ambos sufrieron lesiones.


COMUNICADO

*Policía Municipal aseguró a estadounidense tras persecución*

Tijuana, Baja California, a 13 de mayo de 2019.- Un sujeto de origen estadounidense fue detenido por agentes de la Policía Municipal, ello tras protagonizar una persecución hasta la garita internacional de San Isidro.

El hoy detenido amagó con una navaja a un ciudadano en la avenida Manuel Márquez de León de la Zona Río, de lo que se percataron oficiales.

En el momento que policías municipales se acercaban para intervenir, el individuo apeló a la fuga abordó del vehículo Chevrolet Silverado hacia los carriles izquierdos de cruce a los Estados Unidos, generándose una persecución.

Durante su intento de huida, el sospechoso impactó 17 vehículos, 14 puestos ambulantes móviles, y atropelló a 5 personas.

El estadounidense fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  REDACCIÓN ZETA /LUNES, 13 MAYO, 2019 04:18 PM)

REPORTAN 10 HOMICIDIOS MÁS EN TIJUANA


Durante ayer  lunes y la madrugada de este martes 14 de mayo, la Procuraduría General de Justicia reportó la muerte de 10 personas en distintos hechos. La estadística de homicidios dolosos se eleva a 79 víctimas en mayo.

Primero en la calle Profesor Matías Gómez de la colonia Ruiz Cortines fue encontrado el cadáver momificado de una persona desconocida.

Frente a un taller mecánico localizado sobre el bulevar Sánchez Taboada, en la colonia del mismo nombre, un hombre identificado como Félix Guadalupe Valdez Alcaraz, de 23 años, fue herido por arma de fuego en cabeza, rostro y cuello, privándolo de la vida al instante.

En el Hospital General un masculino pereció tras quemaduras en su cuerpo. Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas del Matamoros.

El cuerpo sin vida y estado de putrefacción de una mujer fue localizado entre sábanas y bolsas de plástico en el interior de una vivienda en calle San Pablo en La Presa. La víctima no ha sido identificada.

Enterrado en un camino vecinal en la colonia Hacienda Las Delicias primera sección, fue localizado el cuerpo de un masculino con una lesión en la cabeza.

Tras forcejear con un asaltante, un pasajero de la ruta Villa Fontana-Centro fue asesinado por un sujeto a bordo de la unidad. Los hechos ocurrieron en la calle Umbela de la colonia Florido primera sección. La Policía Municipal capturó a dos sospechosos.

De un tiro en la cabeza un sujeto desconocido fue asesinado en la vía pública de la calle Talabarteros de la colonia Sánchez Taboada.

Los primeros minutos de este martes 14 de mayo, en calle Circuito Pradera de la colonia Praderas de la Gloria fue encontrado el cadáver de un hombre con huellas de violencia por arma de fuego.

Sobre el bulevar Industrial de la colonia del mismo nombre, quedó tendido el cuerpo sin vida de un hombre con varias lesiones por arma de fuego.

Por último frente a los Juzgados Civiles, sobre la calle 5 de febrero, fue encontrado el cadáver de un hombre. La víctima tenía sangre en ambas manos. Se desconoce la causa de muerte.

(SEMANARIO ZETA/DESTACADOS  REDACCIÓN ZETA/ MARTES, 14 MAYO, 2019 02:25 PM)